Detienen a otro oficial de Corrección por contrabando

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Lcdo. Francisco Antonio Quiñones Rivera, informó la detención de un oficial correccional tras ser sorprendido intentando entrar dos teléfonos celulares de contrabando a la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

“Situaciones como estas van a ser atendidas con la rigurosidad que amerita. Una vez más, quiero dejar claro que no vamos a permitir que personas sin escrúpulos manchen el buen nombre de los miles de compañeros y compañeras que día a día hacen un trabajo de excelencia. La ley empieza por la casa y no vamos a tolerar la corrupción, no importa de quién venga", enfatizó el funcionario.

El secretario explicó que fue personal de la Unidad Canina del DCR quien encontró los teléfonos celulares en medio de una inspección rutinaria. El oficial José A. Cabrera Torres se enfrenta a medidas disciplinarias, incluyendo la suspensión de empleo y sueldo.

"En los pasados meses, hemos reforzado las medidas de seguridad para evitar el trasiego de drogas, así como la entrada de material de contrabando a las instituciones. Además, las investigaciones internas son lideradas por personal especializado para que ninguna violación de ley quede impune", destacó Quiñones Rivera.

Mientras la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) del DCR atiende la investigación administrativa junto a la Policía de Puerto Rico.

"Agradezco a todos los compañeros que hacen sus funciones con el mayor nivel de respeto y responsabilidad. Su diligencia y compromiso son esenciales para que podamos brindar los servicios necesarios a las personas privadas de la libertad y que logremos un Puerto Rico más seguro para todos", concluyó el secretario.

Dra. Catherine Oliver Franco, administradora de ASSMCA expresa su indignación y repudia burlas contra la Gobernadora

“Lo que ocurrió con la gobernadora Jenniffer González fue más que un momento imprevisto: fue un espejo que nos mostró, con dolorosa claridad, lo lejos que estamos de ser una sociedad verdaderamente empática y humana.

Un incidente espontáneo, que le puede pasar a cualquier ser humano, se transformó en objeto de burla colectiva, en un desfile de comentarios hirientes, en un campo de batalla para el morbo y la deshumanización. Las redes se llenaron de memes, risas y ataques disfrazados de humor, mientras se ignoraba algo esencial: detrás del traje, detrás del rol, hay una mujer. Hay un ser humano. Hay emociones.

 

Desde la perspectiva de la salud mental, esto es "bullying". Es violencia simbólica. Es una agresión emocional que, aunque no deja marcas visibles, hiere con la fuerza de mil silencios. 

 

Es también un tipo de violencia de género que se normaliza: aquella que juzga el cuerpo, el peso, la ropa y cada gesto de una mujer, especialmente cuando ocupa espacios de poder.

Y eso nos obliga a preguntarnos con valentía:

• ¿Cuántas mujeres callan su dolor por miedo al juicio?
• ¿Cuántas niñas crecen pensando que su cuerpo será siempre motivo de burla?
• ¿Cuántas figuras públicas aguantan en silencio los embates de una sociedad que olvida que ser fuerte no las hace inmunes?

 

La salud emocional no se construye solo con terapias. Se construye también con respeto, con sensibilidad, con un compromiso colectivo de no normalizar la humillación.

 

Hoy más que nunca, desde ASSMCA levantamos la voz porque no se trata solo de Jenniffer González sino de todas las mujeres. También, de todos los seres humanos que, día a día, enfrentan burlas, comentarios destructivos y desdén disfrazado de chiste. Las palabras también duelen. Las risas también hieren y el silencio también pesa.

 

Que este momento sea una oportunidad para educar, sanar y para recordarnos que todos somos responsables del bienestar emocional de los demás. Asimismo, no perder de perspectiva que el respeto no es un favor sino un deber”. 

 

Federación LGBTQ+ denuncia aprobación senatorial de medida que criminaliza a padres y médicos por cuidar de juventud trans

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la aprobación senatorial del proyecto de ley que criminaliza a padres, madres y médicos que decidan ofrecer terapias de afirmación de género a la niñez y juventud trans.

"El aprobar esta medida —por descargue y sin vistas públicas— constituye un ataque directo a los derechos de la niñez y juventud trans poniendo en riesgo su bienestar físico y emocional. El Proyecto del Senado 350 representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación. 

"Al no realizar vistas públicas, el Senado ignora la evidencia científica y las recomendaciones de organizaciones médicas y psicológicas, como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud. Estas entidades han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans", indicó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

“El PS 350 también pretende imponer sanciones draconianas a los profesionales de la salud que brinden estos tratamientos, criminalizando el ejercicio médico basado en evidencia científica. Esto no solo viola el derecho de la niñez y juventud trans a recibir atención médica adecuada, sino que además interfiere en la relación médico-paciente y vulnera la autonomía de las familias para tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos, hijas e hijes”, sentenció Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación. 

“Esta legislación no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas. Estudios han demostrado que la falta de acceso a afirmación de género aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes trans. En lugar de proteger a la niñez y juventud trans, esta medida les expone a un mayor sufrimiento y vulnerabilidad”, dijo, por su parte, Güarix Agosto, tesorera alterna de la Federación. 

“Hacemos un llamado a la Cámara de Representantes a rechazar esta medida discriminatoria. Es su deber, garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o su identidad de género, tengan acceso a atención médica basada en evidencia y libre de prejuicios”, concluyeron los portavoces. 

Representante Reinaldo “Rey”Figueroa levanta bandera sobre implementación de escuelas STEAM

El Representante del Partido Popular Democrático y portavoz en la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, Reinaldo “Rey” Figueroa, manifestó inquietudes respecto a la implementación del Proyecto de la Cámara 334, que establece un programa piloto de escuelas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) en los tres niveles educativos.

“Si bien apoyamos toda iniciativa que busque ampliar las oportunidades educativas para nuestros estudiantes, es esencial garantizar que su ejecución sea transparente y efectiva”, señaló el Representante Figueroa.

Entre las preocupaciones destacadas por el legislador se encuentran:

-Falta de vistas públicas: No se realizaron audiencias para aclarar dudas y obtener insumos de la comunidad educativa y otros sectores interesados.

-Ausencia de la presidenta de la comisión: Durante la reunión ejecutiva, la presidenta de la comisión no estuvo presente para responder preguntas. En la sesión de hoy, se solicitaron aclaraciones adicionales sin obtener respuestas satisfactorias.

-Financiamiento: El Departamento de Educación indicó que se requieren fondos recurrentes para este proyecto, especialmente considerando los recientes recortes federales.

-Estudios previos: El secretario de Educación, Eliezer Ramos, mencionó que existen 62 escuelas especializadas, las cuales se establecieron tras estudios de necesidades. No se tiene información sobre si se han realizado estudios similares para estas nuevas escuelas STEAM.

-Ubicación de las escuelas: No se ha especificado dónde se establecerán estas escuelas, lo que genera incertidumbre sobre la distribución geográfica y el acceso para los estudiantes.

-Continuidad educativa: Si las escuelas se establecen en diferentes municipios dentro de la misma región educativa, surge la pregunta de cómo se garantizará la continuidad para los estudiantes que deseen seguir en el programa.

-Contratación de maestros: No se ha detallado cómo se llevará a cabo el proceso de contratación de docentes especializados para estas escuelas.

-Criterios de admisión: Es fundamental conocer cuáles serán los criterios para el reclutamiento de los estudiantes que participarán en el programa.

-Capacitación docente: Se requiere información sobre cómo será la formación de los maestros y qué instituciones serán responsables de dicha capacitación.

Figueroa enfatizó la importancia de abordar las inquietudes para asegurar el éxito del programa piloto de escuelas STEAM y garantizar que los estudiantes de Puerto Rico reciban una educación de calidad.

“Nuestro compromiso es con una educación pública de excelencia. Para lograrlo, es imprescindible que cada paso en la implementación de nuevos programas sea dado con transparencia, planificación y responsabilidad”, concluyó el Representante Figueroa.

Federación de Alcaldes de Puerto Rico celebra reunión mensual para atender asuntos prioritarios de los municipios

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) celebró ayer en Cidra su reunión mensual con una agenda enfocada en lograr acuerdos de colaboración con Luma Energy y con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP).

El presidente de la FAPR, Gabriel Hernández Rodríguez, informó que solicitaron a Luma Energy la firma de acuerdos de colaboración para agilizar las labores de desyerbo y cambio de luminarias en sus municipios. Anunció que la utilidad propuso la creación de un comité de trabajo al que Hernández nombrará a los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera y a la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera.

De otro lado, Hernández Rodríguez señaló que junto al director ejecutivo de OMEP, trabajan para la formalización de una alianza que delegue a los municipios el mantenimiento de las escuelas públicas antes del regreso a clases en agosto. “Lo importante es que para mayo ya tengamos los contratos firmados y sepamos qué tareas llevaremos a cabo”, indicó.

Durante el encuentro, los alcaldes federados atendieron también a otros funcionarios entre ellos el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos y el director ejecutivo del Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua. Entre los temas principales que discutieron con estos funcionarios se destacó el diálogo con el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua, sobre el impuesto al inventario y el de Rivera Berríos sobre los fondos municipales bajo custodia de la OGP, el nuevo presupuesto y los acuerdos sobre las amas de llaves y la implementación del tercer turno para paramédicos.

Por otro lado, el representante del Ejército de la Reserva de los Estados Unidos, Celso Ramos Caraballo, presentó el proyecto “Líderes del Futuro”, una iniciativa que busca desarrollar el potencial de jóvenes en las comunidades.

Comunidades y organizaciones denuncian que le molesta el ruido que hace la compania Steri Tech

Residentes de varias comunidades y organizaciones ambientales de Salinas realizaron una manifestación frente a la empresa Steri Tech, a la cual acusaron de continuar poniendo en peligro la salud y calidad de vida de quienes viven en sus alrededores, incluyendo a estudiantes de escuelas cercanas.

En 2022, la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA por sus siglas en inglés) confirmó la presencia de concentraciones elevadas de óxido de etileno (EtO) en el aire mediante muestreos realizados en distintos puntos alrededor de la planta de Steri Tech, que opera desde 1986. La planta utiliza este elemento tóxico para esterilizar los equipos médicos.

Según la agencia federal, la contaminación causada por la planta esterilizadora ha expuesto a cientos de familias a un mayor riesgo de desarrollar cáncer y otras afecciones de salud.

“Seguimos bien preocupados en la comunidad por la continua exposición de nuestra gente al EtO. Lamentablemente, tenemos un alto numero de vecinos que han fallecido de cáncer. Hoy mismo nos enteramos de una vecina que acaba de fallecer, y esta supo de su condición hace unas cuantas semanas. No queremos que nuestra gente siga enfermando y muriendo”, expresó Wanda Ríos Colorado, presidenta de la Asociación de Residentes de La Margarita.

La líder comunitaria dijo que las protestas de la comunidad van a continuar hasta que Steri Tech detenga el uso del EtO y utilice otras alternativas menos nocivas a las personas y el ambiente.

Por su parte, la Lcda. Ruth Santiago Quiñones, portavoz del Comité Diálogo Ambiental comentó sobre la evidencia que existe del incumplimiento por parte de Steri Tech.

“Tenemos evidencia del daño que hace Steri Tech con el uso de EtO. Los propios estudios hechos por la compañía demuestran que están tirando cantidades excesivas por encima de lo dispuesto por reglamentación. Se supone que estuvieran recogiendo el 99.9 por ciento de esos gases tóxicos. Sin embargo, sólo están recogiendo un 93 por ciento. Ese 6 por ciento de diferencia hace mucho daño. Eso es un pesticida altamente tóxico que por años han estado tirando”, comentó la Lcda. Santiago.

La abogada ambiental aseguró que cientos de personas están siendo afectadas, no sólo por la contaminación, sino también por el ruido que surge de la planta.

“En un estudio encomendado a la empresa Thornton Acoustics & Vibrations se determinó que el ruido emitido por Steri Tech durante las noches es 2 veces y media los niveles de ruido permisible por la reglamentación. Lo que expone constantemente a esta comunidad, y no permite el descanso de los vecinos y de las personas que vivimos aquí en la Urb. La Margarita, igual que en el Res. Brisas del Mar, Y Villa Cofresí entre otras”, explicó Ruth Santiago Quiñones.

Finalmente, el rumor de una posible ampliación de las instalaciones de Steri-Tech, ha generado una creciente oposición por parte de los residentes y grupos ambientales.

 “Ya estamos sufriendo los efectos del ruido y la contaminación actual. Una expansión sólo agravaría el problema y pondría en mayor riesgo la salud de nuestras familias. Exigimos acción inmediata de la gobernadora, la alcaldesa de Salinas, el Departamento de Salud, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y todos los líderes políticos. No podemos permitir más negligencia ante una amenaza que pone en riesgo la vida de los residentes de Salinas, especialmente en La Margarita. Es su deber protegernos. ¡Actúen ya!”, afirmó Wanda Ríos Colorado.

Radican cargos contra manifestantes de Rincon por obstruir construccion

La fiscalía de Aguadilla y agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Rincón, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos contra Thomas Bruce Schereiber de 24 años, David Harold Scheible de 73 años, Brendan Lawrence Keeley de 53 años, todos residentes de Rincón. El caso se consultó con la fiscal Milagros Guntin Pagán, quien instruyó radicar cargos por el Art. 200(B) CP (Obstrucción o Paralización de Obras).

Según la investigación, para la fecha del 12 de marzo de 2025, los imputados obstruyeron la labor de la compañía Tamrio, cuyos empleados trabajaban en la construcción de un paseo lineal en la carretera PR-413 hacia la entrada del Faro en Rincón.  

 

La prueba fue presentada ante el juez Davier Alfaro Alfaro, quien luego de escuchar y evaluar la misma, determinó causa probable e impuso una fianza global de $9,000.00, la cual prestaron, quedando en libertad hasta el día de la vista, la cual fue señalada para el 15 de abril de 2025.

 

La investigación estuvo a cargo del agente Héctor Soto Orama, bajo la supervisión del sargento Fabian Del Valle, del Distrito de Rincón.

CABE rechaza estrategias de criminalización, invisibilidad, discrimen y demonización contra las comunidades LGBTTIAQ+

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) denunció lo que ha denominado como un conjunto de estrategias para criminalizar, invisibilizar, discriminar y demonizar a las comunidades LGBTTIQA+ y otras comunidades en situación de vulnerabilidad que incluyen, entre otras, la reciente aprobación el Senado de Puerto Rico del mal denominado proyecto de libertad religiosa (PS1) y otro para criminalizar las terapias de afirmación de género (PS350), las expresiones de la gobernadora de Puerto Rico dirigidas a prohibir la utilización de los baños acorde a la identidad de género de las personas, la determinación de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico de eliminar el Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad y  las intenciones de la Senadora Joan Rodríguez Veve de imponer a las agencias del ejecutivo que eliminen sus políticas de diversidad, equidad e inclusión en un intento más de limitar los derechos de las comunidades LGBTTIAQ+ utilizando como excusa las órdenes ejecutivas del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. 

CABE sostiene que el denominado Proyecto de Libertad Religiosa lo que propone es dar una licencia e inmunidad para que en Puerto Rico se pueda discriminar abiertamente contra miembros de las comunidades LGBTTIQA+, entre otras, y dar inmunidad a sectores que utilizan la religión como pretexto para ocultar sus prejuicios y políticas de exclusión.  Por otro lado, CABE rechaza todo intento de invisibilizar y negarle la dignidad y disfrute pleno de sus derechos a las personas de experiencia trans en nuestro país.

 

CABE le recordó tanto a los miembros de nuestra legislatura, a la senadora Rodríguez Veve como a todos los funcionarios electos y jefes de agencia su obligación de proteger los derechos humanos, civiles y constitucionales de la población así como el hecho de que existen derechos protegidos por la Constitución del Estado Libre Asociado que no pueden quedar al arbitrio de los caprichos y las visiones dictatoriales del presidente de la nación Norteamérica así como no dejarse intimidar por personajes de la política puertorriqueña que pretenden utilizar a las comunidades LGBTTIAQ+ como punta de lanza en su afán de perseguir sus intereses personales y politiqueros.

 

“Las medidas aprobadas en el día de ayer en conjunto con otras muchas presentadas en ambos cuerpos legislaturas, las desafortunadas expresiones de la Gobernadora, las actuaciones de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, las pretensiones de la senadora Rodríguez Veve, entre muchas otras, unidas a las políticas discriminatorias del presidente Trump constituyen un esfuerzo maquiavélico y concertado para eliminar los derechos y la mera existencia de los miembros de las comunidades LGBTTIAQ+ como parte de nuestra sociedad y no estamos dispuestos a permitirlo”, afirmó el Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

 

“Tan peligroso y abiertamente discriminatorio es el denominado proyecto de libertad religiosa que permite la negación de servicios y exime de la obligación de actuar conforme a los cánones de sus correspondientes disciplinas a personas cuyas profesiones están reguladas por el estado cuando se escuden bajo el manto de “la religión.  Aun cuando el proyecto incluye una sección para alegadamente prohibir el discrimen, cuando propio texto es discriminatorio en sí mismo, que el proyecto aprobado eliminó expresamente la identidad de género como grupo protegido contra la discriminación.  Esto unido a la criminalización de los procesos de afirmación de género que son necesarios para proteger la dignidad e incluso la propia vida y existencia de las personas de experiencia trans”, añadió Burgos Pérez.

 

“Las políticas de diversidad, equidad e inclusión van mucho más allá de los derechos de nuestras comunidades LGBTTIAQ+[1], aparte de que independientemente de lo que pueda indicar el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, estas políticas en Puerto Rico están fundamentadas en los principios recogidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que esta senadora y los jefes de agencia están llamados a proteger”, expuso la Dra. Ángeles Acosta Rodríguez, portavoz de CABE.

 

“El hecho de que la Senadora Rodríguez Veve se sienta con la autoridad de exigir al Secretario de Salud que elimine políticas de diversidad, equidad e inclusión en su agencia así como llamar a otras a agencias a identificar tales políticas no es más que un intento burdo de intimidar a los funcionarios públicos en cuestión en su afán de limitar derechos a nuestras comunidades”, añadió Acosta Rodríguez.

 

“Esta obsesión patológica y freudiana de la Senadora Rodríguez Veve cuya visión de los derechos de diversidad, equidad e inclusión no van más allá de las diversidades sexuales y de género no tiene otro fin que adelantar sus intereses particulares de mantenerse en un puesto a costa de la limitación de los derechos de las comunidades”, sostuvo. Burgos Pérez,.

 

“No podemos olvidar que nuestra constitución protege derechos que son mucho más amplios que los reconocidos a nivel federal tales como la dignidad humana, el derecho a la intimidad y la protección contra el discrimen, base fundamental para las políticas de diversidad, equidad e inclusión en nuestro archipiélago”, indicó la Prof. Janice Solivan, otra de las portavoces de CABE.

Senado evalúa proyecto para agilizar procesos de permisos en Puerto Rico

La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo presidida por el senador Héctor “Gaby” González López evalúo hoy en vista pública el Proyecto del Senado 81 de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, para hacer más eficiente el proceso de permisos en Puerto Rico, al tiempo que reafirma la función fiscalizadora del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y consolida la responsabilidad decisional en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

El Proyecto del Senado 81 propone enmiendas a la Ley 161-2009, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, con el objetivo de agilizar los procesos de permisos y reforzar la eficiencia del sistema actual. La medida establece que, si una agencia gubernamental no emite sus recomendaciones dentro del término establecido, se entenderá que no tiene objeciones al proyecto propuesto. Asimismo, dispone que dichas recomendaciones no serán vinculantes y que la decisión final sobre un permiso deberá basarse en la totalidad del expediente administrativo.

El licenciado Norberto Almodóvar Vélez, secretario auxiliar de la OGPe explicó que las enmiendas proveen a la agencia las herramientas necesarias para continuar cumpliendo con su misión ministerial de otorgar los permisos bajo un sistema ágil y eficiente.

“Estas reformas al sistema de permisos no son simplemente cambios administrativos; representan una transformación real en la vida de los puertorriqueños que buscan construir su hogar, expandir su negocio o crear nuevas oportunidades de empleo. Al agilizar estos procesos, no solo facilitamos el desarrollo económico en términos abstractos, sino que eliminamos barreras concretas que por décadas han frustrado las aspiraciones y sueños de miles de familias y empresarios puertorriqueños”, expresó Almodóvar Vélez.

No obstante, ante la disposición que establece que, si no se emiten recomendaciones en el término establecido, se entenderá que no existen objeciones, el funcionario recomendó permitir una extensión de 30 días adicionales para aquellas agencias, municipios o entidades que así lo soliciten. A preguntas del presidente de la Comisión, advirtió que aprobar proyectos sin recomendaciones podría acarrear “resultados crasos”.

En respuesta a las preocupaciones de los senadores Ángel Toledo y Eliezer Molina sobre la disponibilidad de personal, Almodóvar Vélez reiteró que la OGPe cuenta con el personal y la capacidad necesaria para manejar la carga de trabajo y de permisología.

Por su parte, el ingeniero Jorge Guerrero, en representación de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, respaldó la medida, destacando que “tener diversos organismos que emiten o deniegan permisos resulta en un proceso fragmentado que no abona a la eficiencia y la centralización de un sistema de permisos con enormes retos”. Añadió que una de las disposiciones más importantes es que el DRNA no emite permisos, sino que asesora a la OGPe en la fiscalización y cumplimiento de la política pública.

El proyecto afirma la supremacía de la Ley 161-2009 sobre otras leyes y reglamentos que puedan entrar en conflicto con sus disposiciones, garantizando así la coherencia y uniformidad del proceso de permisos en Puerto Rico. También, se proponen cambios a la Ley Orgánica del DRNA para reforzar su rol de asesoría y apoyo técnico, sin delegarle decisiones vinculantes, promoviendo así un balance entre la protección ambiental y el desarrollo económico.

En cuanto a la posición de la DRNA, la directora de la Oficina de Asuntos Legales, licenciada Brendaliz González Méndez, aseguró que el P. del S. 81 tiene un propósito loable y el “DRNA recomienda favorablemente la aprobación de esta pieza legislativa, la cual viabilizaría la centralización de los permisos en la OGPe”. Aunque sentenció que, el Departamento se encuentra aún en el proceso de llenar las vacantes de biólogos y agrimensores que permitirían un avance y menor tiempo de espera en la concesión de permisos.

La medida requiere que tanto el DRNA como la Oficina de Gerencia de Permisos adopten, en un plazo de 180 días, todas las reglamentaciones necesarias para cumplir con sus disposiciones. “Estamos conscientes del término, y ya el secretario Waldemar Quiles delegó la encomienda de comenzar a evaluar la reglamentación”, adelantó González Méndez.

Por otro lado, la arquitecta Alexandra Betancourt Pagán, del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), se expresó en contra de la medida por considerar que debilita el mandato constitucional del DRNA para custodiar los recursos naturales de la Isla. Como alternativa, recomendó evaluar el sistema interno del DRNA con el fin de identificar oportunidades para agilizar sus procesos sin comprometer sus funciones.

A preguntas del senador Adrián González, Betancourt Pagán sostuvo que una fiscalización efectiva debe facilitar la participación técnica de las agencias mediante comentarios, antes de prescindir de ellos para otorgar permisos.

A su vez, el ingeniero Manuel Bermúdez Pagán, en representación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), no asumió una postura oficial sobre la medida, pero ofreció varias recomendaciones. Entre ellas, eliminar la extensión de 15 días para someter recomendaciones, pues a su juicio, las agencias deben contar con la información necesaria desde el inicio. Asimismo, propuso que se establezca un término límite para que la OGPe emita sus determinaciones.

Finalmente, aunque la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) no compareció a la vista pública, envió un memorial explicativo en el que expresó su apoyo a la medida, siempre y cuando se cumpla con las leyes ambientales y federales aplicables.

“La OECH no tiene objeción a las enmiendas propuestas. Sin embargo, recomendamos que durante el proceso de conceder permisos bajo el amparo de la Ley 161-2009, se les aperciba a los solicitantes de asegurarse también cumplir con las leyes ambientales federales aplicables. Esto para no poner en riesgo la otorgación de fondos o licencias federales requeridas para desarrollar los proyectos concernidos”, cita el memorial.

Proyecto de la Cámara 37 genera amplio debate multisectorial sobre la regulación de la pirotecnia en Puerto Rico

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Félix E. Pacheco Burgos, celebró una vista pública para atender el Proyecto de la Cámara 37 de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que propone establecer una nueva ley para regular la venta, uso, fabricación y distribución de fuegos artificiales y productos de pirotecnia en Puerto Rico.

La audiencia contó con la participación de los representantes Yashira Lebrón, vicepresidenta de la Cámara; Jerry Nieves Rosario; Ramón Torres Cruz, legislador por acumulación; y el presidente de la Comisión. La medida busca sustituir la Ley 83 de 1963, brindando un marco legal más claro, alineado con las regulaciones federales y adaptado a la realidad actual del mercado. Entre otros puntos, el proyecto establece penalidades por uso indebido, requisitos para obtener licencias, campañas educativas obligatorias y una zona de seguridad de 250 metros alrededor de hospitales, refugios de animales, asilos y áreas naturales protegidas.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) endosó favorablemente el proyecto, destacando que es compatible con su misión de proteger el ambiente y los recursos naturales. La agencia reconoció que, aunque no existen estudios específicos sobre el impacto de la pirotecnia en la flora y fauna del país, entienden que podría generar efectos adversos. A preguntas del representante Torres Cruz, el DRNA se mostró dispuesto a colaborar con la definición de “área natural protegida” y aseguró que podría encargarse de las campañas educativas, ya que el impacto fiscal sería mínimo.

El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico también avaló el proyecto, destacando su potencial para proteger no solo a las mascotas domésticas, sino también a otros animales como aves y caballos que no cuentan con la atención clínica que reciben los animales de compañía. El representante del Colegio señaló que las explosiones repentinas e intensas pueden provocar heridas físicas, trastornos de conducta e incluso la pérdida de animales por huida. Asimismo, cuestionó el criterio utilizado para establecer el radio de 250 metros, argumentando que el sistema auditivo de los animales es mucho más sensible que el del ser humano. Otro detalle que resaltó es que están en disposición

de colaborar con la Cámara para compartir estrategias y experiencias previas en campañas educativas junto a la Policía y otras agencias gubernamentales.

Por otro lado, el Centro Unido de Detallistas (CUD) expresó su oposición a la medida tal como está redactada. A preguntas del representante Nieves Rosario, la Lcda. Agnes Martínez indicó que no hacen falta enmiendas, sino orientación. Sostuvo que la pirotecnia en Puerto Rico se concentra en dos periodos del año, lo que facilitaría campañas educativas efectivas. Ante la propuesta de incluir más rótulos de advertencia en los comercios, la Lcda. Martínez insistió en que los comerciantes ya enfrentan múltiples exigencias de rotulación, y que la educación pública debe ser liderada por el Gobierno, con apoyo de los sectores privados. En su turno, el representante Torres Cruz preguntó si los costos de las licencias propuestos en la medida eran desproporcionados. La Lcda. Martínez contestó afirmativamente, señalando que las licencias podrían costar hasta $2,500, mientras que instituciones como los bancos pagan menos de $1,000 por permisos similares, lo que pondría en desventaja a los pequeños comerciantes.

La vicepresidenta de la Cámara, Yashira Lebrón, preguntó si el Centro Unido de Detallistas estaría dispuesto a apoyar el proyecto con ciertas enmiendas. La Lcda. Martínez respondió que sí, siempre y cuando se revisen los costos de licencias y se incluya una campaña clara de orientación para los comerciantes. También recalcó que los comerciantes están en disposición de colaborar, pero que la carga principal debe recaer sobre las agencias públicas.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Félix Pacheco Burgos, preguntó al Colegio de Médicos Veterinarios si contaban con alguna estrategia que la Cámara pudiera considerar para mitigar los efectos de la pirotecnia en los animales. El Dr. Juan Luis Ferrer respondió afirmativamente, añadiendo que además de las campañas educativas, el Colegio atiende regularmente casos de animales afectados en sus clínicas y que la problemática no se limita a mascotas, sino que afecta a múltiples especies.

“El Proyecto de la Cámara 37 representa una oportunidad para actualizar nuestras leyes, proteger la salud de nuestras comunidades y preservar el bienestar de nuestros animales y recursos naturales. Agradezco la participación de todos los sectores y el compromiso demostrado en esta discusión seria y necesaria”, expresó el representante Félix E. Pacheco Burgos al concluir la vista.

Comisión senatorial de Hacienda comienza evaluación del presupuesto para el año fiscal 2025-2026

Como parte de los trabajos de la primera vista pública de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, para evaluar el presupuesto de gastos del gobierno referente al año fiscal 2025-2026, se recibió el insumo general de cómo está el proceso de confección y las partidas de fondos a través del equipo fiscal del Ejecutivo compuesto por el Departamento de Hacienda (DH); la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la  Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF).

“El presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2026 asciende a $32,591 millones, distribuidos de la siguiente manera: $13,258 millones para el Fondo General; $5,147 millones para los Fondos de Ingresos Especiales y $14,186 millones en fondos federales”, cita la ponencia conjunta del DH, OGP y AFFAF. Añade que en la partida del Fondo General se refleja un incremento de $196 millones en comparación con el Año Fiscal 2025 que fue de $13,062,302 millones.

 

“El presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2026 contempla inversiones en el área de familia, salud, educación, seguridad y modernización gubernamental a través de mejoras capitales, asegurando que las asignaciones presupuestarias respondan a las necesidades de nuestra gente y contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura del gobierno. De igual manera, la OGP realizó un análisis detallado sobre las partidas que requerían pareo de fondos, para asegurarse que las agencias tuvieran los recursos necesarios para acceder a los fondos federales”, mencionó el director de OGP, Orlando Rivera Berríos.

 

Rivera indicó que el presupuesto base de agencias asciende a $13,258 millones, pero las solicitudes de las agencias llegaron en un principio a $15,782 millones. “OGP está comprometido con la planificación presupuestaria de las agencias para identificar los gastos y proyectos y hacer los ajustes…Debe haber una responsabilidad de todos los componentes y por eso OGP se mueve a adiestrar y orientar”, dijo el deponente.

Además, Rivera mencionó sobre la disminución en fondos federales. “En comparación con el Año Fiscal 2025, los Fondos Federales reflejan una reducción de $1,167 millones, atribuida principalmente a una disminución de $920.6 millones, de los cuales $1,100 millones corresponden a una reducción en las Apropiaciones No Distribuidas del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y una reducción de $315.2 millones en los Fondos ESSER asignados al Departamento de Educación”, detalló.

 

La senadora Padilla preguntó cuál sería esa primera alternativa que se está trabajando para salir de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF). Rivera indicó que están trabajando sobre ese particular. “Nuestra meta y está en conversación con la Junta, es que nos permitan que el 2027 sea el Gobierno quien presente el baseline y no sea la Junta de Supervisión Fiscal. Esa es la aspiración y sobre todo tratar de adelantar las fechas de evaluación del presupuesto para que la legislatura tenga un tiempo mayor en poder evaluar y discutir el presupuesto y no sea tan apresurado como lo es ahora… Además de hacer un presupuesto a largo plazo para que las agencias lo hagan tres años a futuro”.

 

En relación con la pérdida del fondo de equiparación para los municipios, la senadora preguntó qué se está haciendo en el presupuesto. Rivera indicó que “quiero dejar establecido que para el 2026 se está presupuestando $51.8 millones de la Ley 53-2021 a los municipios. $30 millones de programas de servicios esenciales, $3.1 millones de plan de ordenación territorial y $15 millones destinados a mantenimiento de carreteras. Son básicamente unos servicios esenciales”.

 

Igualmente, Padilla preguntó cómo están trabajando con el Departamento de Educación en términos de recorte de fondos federales. “En el DE se está haciendo un plan de dónde se puede reducir y están también solicitando al gobierno federal que evalúen las cartas que han recibido. Es algo que se está haciendo en conjunto, desde el AFFAF, OGP y en la reunión está participando directamente la Junta de Supervisión Fiscal”, sostuvo el director de OGP.

 

El senador de mayoría, Héctor “Gaby” González López, preguntó si hemos tenido realmente algún presupuesto balanceado porque la JSFA les dijo en una reunión que no. “El historial que nosotros completamos ahora mismo para la elaboración del 2026, que obtuvimos información de los informes que presenta el Departamento de Hacienda, demuestra por presupuestos aprobados que los gastos han estado por debajo del presupuesto certificado y los ingresos registrados durante el año. Así que el mencionar que no ha sido un presupuesto balanceado durante los últimos años pues estará en un debate con la Junta de Supervisión Fiscal”, expresó Rivera.

 

Por su parte, el secretario del DH, Ángel Pantoja Rodríguez, explicó a la Comisión sobre la proyección en ingresos. “La proyección de la JSAF supone una reducción en esta base de ingresos con respecto al Año Fiscal 2024-2025 de 1.0 por ciento, o $138 millones menos. Para el Año Fiscal 2025-2026, la proyección del Plan Fiscal Certificado es de $13,038 millones, lo que presume una reducción de 1.4 por ciento, o $186 millones menos con respecto al Año Fiscal 2024-2025. Al incorporar los ingresos por "Otros conceptos", los ingresos totalizan $13,479 millones”, detalló Pantoja.

 

Sobre la radicación de planillas, Pantoja indicó que, al 1 de abril de 2025, los informes demuestran un incremento de 49,118 planillas de contribución sobre ingresos de individuos en comparación con la misma fecha el año pasado.

 

Padilla preguntó cómo está el proceso de los estados financieros del gobierno. Pantoja dijo que hay progreso en la emisión de los estados financieros. “Ahora mismo no estamos dentro de los términos que se reconocen como las mejores prácticas. Todavía estamos próximos a emitir el estado financiero del año fiscal 2023. Pero eso no ha limitado al equipo de trabajo, al gobierno de Puerto Rico, al equipo fiscal, de que cuando ese estado no es emitido, empezamos con los trabajos conducentes a los estados financieros del año fiscal 2024. A la fecha de hoy sobre 50 agencias e instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico han emitido ya sus estados del año 2024, que es el próximo que vamos a estar emitiendo”, detalló el secretario del DH.

 

El senador de mayoría, Luis Daniel Colón La Santa, preguntó a Pantoja cómo estamos hoy en términos de la captación. “El Departamento de Hacienda actualizó un informe que se publicó midiendo en efecto cuál ha sido la captación de las transacciones y ese informe lo que refleja es que ronda cerca del 80 por ciento a nivel del impuesto sobre ventas y usos… estamos captando la mayor cantidad de transacciones sin necesariamente aumentar impuestos”, respondió Pantoja.

 

También, asistió a la vista pública el licenciado Roberto Rivera, en representación de la AFFAF. El deponente sostuvo que el proceso presupuestario para el Año Fiscal 2026 se encuentra sujeto a las fechas establecidas por la JSAF. “En ese sentido, aunque si bien hemos descargado nuestra responsabilidad ministerial, respetuosamente informamos a esta Comisión que es necesario que el Gobierno de Puerto Rico se adhiera al calendario presupuestario establecido por la JSAF. Según el Gobierno vaya cumpliendo con cada uno de los pasos dispuestos por la JSAF en su misiva del 4 de febrero de 2025”.

 

El deponente detalló el calendario según establece la Ley PROMESA para el presupuesto. El 28 de abril de 2025, la Gobernadora deberá presentar un presupuesto propuesto revisado, de ser necesario; el 8 de mayo , la JSAF deberá someter un presupuesto ajustado para el Año Fiscal 2026 que esté alineado con el Plan Fiscal, a la Gobernadora y a la Legislatura; el 2 de junio, la Legislatura deberá presentar un Presupuesto Adoptado para el Año Fiscal 2026 a la JSAF; el 13 de junio, la JSAF deberá emitir una certificación de cumplimiento o, en su defecto, enviar a la Legislatura una notificación de incumplimiento; el 23 de junio, la Legislatura deberá presentar un Presupuesto Adoptado Revisado para el Año Fiscal 2026 a la JSAF, si es necesario y el 30 de junio o antes  la JSAF espera certificar el Presupuesto del Año Fiscal 2026.

 

Igualmente, Rivera mencionó como uno de los objetivos, hacer los trabajos correspondientes para salir de la JSAF. “Nuestro principal objetivo es obtener resultados y módulos fiscales, presupuestarios y desarrollo económico que conduzcan a la salida de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico. Esto mediante una ejecución efectiva y transparente, con una fiscalización profesional y efectiva, liderazgo consistente y claro de propósito, a través de todos los componentes del gobierno de Puerto Rico”.

 

Padilla preguntó al deponente qué cantidad de la deuda del gobierno se ha negociado al momento. Rivera mencionó que han reestructurado el 85 por ciento de las obligaciones pendientes… En los presupuestos siempre hay una partida para el pago de la deuda. Se está pagando”, subrayó el deponente de AFFAF.

En su turno, el senador de mayoría, Ángel Toledo López, preguntó sobre la recuperación de la clasificación crediticia y qué estamos haciendo para que Puerto Rico lo recupere. Rivera dijo que se están haciendo varias cosas y que la meta es que Puerto Rico pueda acceder nuevamente a los mercados.

 

“La clasificación sigue al mismo nivel del año 2017 pero los bonos están traficando mucho mejor que antes… Ciertamente se nota una mejoría, pero tenemos que lograr acceder a un mercado y eventualmente obtener una clasificación mucho mejor… Según se han ido reestructurando las diferentes obligaciones la gráfica, por ejemplo, muestra que el comportamiento de esos bonos, a pesar de que no han tenido una reclasificación al momento, trafican mucho mejor que como traficaban antes”, explicó Rivera.