7 FEB 2014 Por El Nuevo Dia- A más de un año del asesinato del joven Juan Carlos Ruiz Vega a manos de unos sicarios que luchaban por el control de los puntos de drogas en Ponce, su familia por fin conoció en la madrugada de hoy que se hizo justicia.
Nueve hombres fueron encontrados culpables de 90 cargos por asesinato, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas relacionados con el asesinato a tiros de Ruiz Vega, quien transitaba por error por el punto de drogas, que operaba en la calle Méndez Vigo, cuando fue atacado a tiros, informó el director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales, Daniel Rodríguez.
El veredicto del jurado contra cinco de los imputados se emitió a las 5:19 a.m., tras una extensa noche de deliberación. Poco después, el juez José Ramírez Legrand, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, determinó que los otros cuatro hombres que decidieron ver su caso por tribunal de derecho eran igualmente responsables por el asesinato del joven estudiante de artes culinarias.
El jurado no fue secuestrado, sino que decidió deliberar durante toda la noche de ayer, jueves, y la madrugada de este viernes, aclaró Rodríguez.
Los convictos por el asesinato, según se dictaminó, fueron José "Villoda" Villodas Chamorro, Omar "Omaro" Sotomayor Sepúlveda, Mariano "Marianito" Maldonado Muñiz, Leonardo "Pichu" Lizardi Muñiz, José "Joseíto" Rinaldi Vélez, Reynaldo "Rey" Lizardi Muñiz, Jayson Rentas Muñiz, Jorge "El Mono" Rivera Rivera y Elvin "Piojillo" Román Díaz.
Específicamente, Lizardi Muñiz, Maldonado Muñiz, Sotomayor Sepúlveda, Rivera Rivera y Román Díaz fueron encontrados culpables por el jurado de todos los delitos imputados, los cuales incluían asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y varias violaciones a la Ley de Armas.
El resto del grupo prefirió ver su caso por tribunal de derecho. El juez Ramírez Legrand encontró culpable a Rentas Muñiz y Rinaldi Vélez por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y un cargo por Ley de Armas. Mientras, Villodas Chamorro resultó culpable por violación al artículo 6.01 de la Ley de Armas y Lizardi Muñiz por infringir el artículo 5.04 de la Ley de Armas.
Rodríguez indicó que la lectura de sentencia de los nueve convictos será el 13 de febrero próximo.
Fueron los fiscales Ildefonso Torres y Rubimar Miranda los que defendieron el caso ante el tribunal.
Torres, quien es fiscal de distrito, comentó en entrevista televisiva (Noticentro 4) que “cada una de estas (personas) que fueron encontradas culpables por el jurado se exponen a una pena de poco más de 400 años de cárcel”.
De hecho, el décimo imputado de este asesinato, Carlos Cedeño Negrón está en prisión cumpliendo su condena 353 años.
Tanto el fiscal como el secretario de Justicia, César R. Miranda, y el jefe de los Fiscales, José B. Capó, expresaron su satisfacción con los veredictos.
Según el tracto del caso, Ruiz Vega, de 18 años, murió por una equivocación de la ganga de Méndez Vigo. Se alega que había una orden del líder del punto de disparar contra un grupo rival del residencial Santiago Iglesias. Ruiz Vega, perdido y en busca de dirección para poder llegar al Castillo Serrallés, arribó en algún momento del 30 de noviembre de 2012, al final de la calle Méndez Vigo, donde fue recibido con una ráfaga de disparos.
De este incidente, logrí salir con vida un joven de 16 años, que acompañaba a Ruiz Vega y quien recibió cinco impactos de bala.
“Nos dispararon de todos lados con rifles, yo solo pensaba en salir corriendo de allí”, comentó el joven sobreviviente durante el proceso judicial.
Cabe destacar que algunos miembros de la ganga están acusados a nivel federal por cargos de posesión con intención de distribuir sustancias controladas en el área de Ponce, y conspirar para distribuir crack, marihuana y heroína. Según el pliego acusatorio, los acusados poseían, cargaban y usaban armas de fuego para protegerse a ellos mismos y sus actividades delictivas de narcotráfico. Además, usaban chalecos antibalas para protegerse de tiroteos con grupos rivales.
Estas acusaciones federales evitaron que los hombres fueran liberados en espera de la culminación del proceso judicial en el Tribunal ponceño.
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