5/FEB/2014 Por Inter News Service- Falta de cláusulas en los contratos, y pago en exceso a porteadores por el servicio de transportación escolar y desviaciones de reglamentación y de controles internos relacionados con las operaciones de la propiedad fueron los hallazgos reportados por la Oficina de Contralor en la región educativa de Ponce del Departamento de Educación.
De acuerdo con la auditoría, “las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder demuestran que las operaciones fiscales, objeto de este Informe, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”.
Durante los años fiscales de 2008-09 a 2011-12, en la Región se otorgaron 181 contratos por 13 millones 358,797 dólares por servicios de transportación escolar a 3,756 estudiantes del programa de educación especial y se otorgaron 329 contratos por 21 millones 152,149 dólares por servicio de transportación escolar regular a 42,255 estudiantes.
La contralora Yesmín Valdivieso precisó que dichos contratos se otorgaron como enmiendas a los convenios originales formalizados como resultado de la subasta realizada en el año fiscal 2002-03.
Además, durante el año escolar se realizan enmiendas a los contratos para incluir o dar de baja a estudiantes que reciben el servicio o para incluir servicios adicionales, las cuales modifican el importe mensual a pagar a los porteadores.
“Examinamos cinco contratos de transportación escolar, de educación regular (2) y de educación especial (3), con vigencia del 28 de junio de 2010 al 5 de agosto de 2011 por 878,573 dólares. Para dichos contratos, se formalizaron 10 enmiendas para incluir o disminuir la cantidad de estudiantes”, destacó la contralora Valdivieso al precisar que en diversos casos no se cumplió con las cantidades acordadas de estudiantes transportados.
La auditoría investigó el periodo del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2012, bajo la dirección de los secretarios Edward Moreno Alonso, Jesús M. Rivera Sánchez, Odette Piñeiro Caballero y Carlos E. Chardón López.
En ese periodo dirigieron la región educativa de Ponce, los profesores Miguel A. Borges Rodríguez, Nilda Ortiz Rodríguez, y Héctor L. Vidal Rosario.
De acuerdo con la auditoría, “las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder demuestran que las operaciones fiscales, objeto de este Informe, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”.
Durante los años fiscales de 2008-09 a 2011-12, en la Región se otorgaron 181 contratos por 13 millones 358,797 dólares por servicios de transportación escolar a 3,756 estudiantes del programa de educación especial y se otorgaron 329 contratos por 21 millones 152,149 dólares por servicio de transportación escolar regular a 42,255 estudiantes.
La contralora Yesmín Valdivieso precisó que dichos contratos se otorgaron como enmiendas a los convenios originales formalizados como resultado de la subasta realizada en el año fiscal 2002-03.
Además, durante el año escolar se realizan enmiendas a los contratos para incluir o dar de baja a estudiantes que reciben el servicio o para incluir servicios adicionales, las cuales modifican el importe mensual a pagar a los porteadores.
“Examinamos cinco contratos de transportación escolar, de educación regular (2) y de educación especial (3), con vigencia del 28 de junio de 2010 al 5 de agosto de 2011 por 878,573 dólares. Para dichos contratos, se formalizaron 10 enmiendas para incluir o disminuir la cantidad de estudiantes”, destacó la contralora Valdivieso al precisar que en diversos casos no se cumplió con las cantidades acordadas de estudiantes transportados.
La auditoría investigó el periodo del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2012, bajo la dirección de los secretarios Edward Moreno Alonso, Jesús M. Rivera Sánchez, Odette Piñeiro Caballero y Carlos E. Chardón López.
En ese periodo dirigieron la región educativa de Ponce, los profesores Miguel A. Borges Rodríguez, Nilda Ortiz Rodríguez, y Héctor L. Vidal Rosario.
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