“Como sabemos a raíz del impacto de los huracanes Irma y María, y con especial importancia por parte del gobernador, Ricardo Rosselló de que se vele por los intereses de los asegurados, nuestra Oficina ha estado monitoreando de cerca la solvencia financiera y operaciones de los principales aseguradores de propiedad y contingencia”, explicó Javier Rivera Ríos, Comisionado de Seguros.
Según explicó Rivera Ríos, esta orden, además, deja sin efecto los aumentos de pago de comisiones notificados a los productores y representantes autorizados, suspende la declaración y pago de cualquier clase de dividendos, y deberán someter ante la OCS , además de los informes financieros regulares, informes financieros interinos de manera mensual. También, el asegurador deberá documentar ante la OCS la suficiencia de los niveles tarifarios en relación con los riesgos asegurados.
Cada una de tales acciones están enmarcadas dentro del ámbito de las facultades que le confiere al Comisionado la Regla 94 con respecto a un asegurador que ha experimentado o pueda experimentar problemas de flujo de efectivo o liquidez. Además, el Comisionado entiende que puede haber hallazgo sobre las operaciones del asegurador que sea determinante como un riesgo en protección de los asegurados, acreedores e interés público en general. Ante esta situación, resulta preciso emitir esta orden amparada en la Regla 94.
“A pesar que, al momento, la condición financiera de Integrand Assurance Company no es una situación de insolvencia o menoscabo de capital, de los informes financieros y auditorías realizadas se desprende que se encuentra en
una condición financiera de cuidado que, de no tomarse acción correctiva, podría empeorar y desembocar en una futura insolvencia o menoscabo de capital, en perjuicio de asegurados, acreedores e interés público” añadió Rivera Ríos.
A finales del 2018, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en Ley seis proyectos que ofrecen derechos a los asegurados frente a las compañías aseguradoras. Esta leyes fueron, la Ley 242 que incorpora el proceso obligatorio para las aseguradoras de valoración (appraisal) ante un árbitro imparcial. La Ley 243 que requiere a las aseguradoras, ante un estado de emergencia en la Isla, que los fondos para la recuperación económica fluyan de forma expedita, obligando al asegurador a proceder con la emisión de pagos parciales o adelantos a la reclamación hasta que se llegue a una resolución final. Además, la Ley 244 que requiere a cada asegurador mantener por escrito un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de emergencia, mediante el cual se garantice la continuidad de los servicios y operaciones. La Ley 245 que permite a las entidades que cualifiquen, la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes cuando, luego de circular el riesgo entre todos los aseguradores autorizados pueda suscribir esa clase de seguro en Puerto Rico. Por otro lado, la Ley 246 que viabiliza y autoriza una nueva cubierta a bajo costo con beneficios definidos, conocida como
microseguros, que, en caso de ocurrir un evento catastrófico, permitiría al asegurado recibir una indemnización predeterminada sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación. Por último, Ley 247 que crea una nueva causa de acción para casos donde el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable.
Rivera Rios finalizó señalando que, nuestra oficina se mantiene vigilante y alerta a la estabilidad financiera de toda la industria y estamos enfocados en hacer cumplir nuestro deber fiduciario protegiendo el interés público, alineados con la política pública del gobernador, Ricardo Rosselló.
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