Por: Casa Pueblo
4 de octubre de 2025
El conflicto
La Cantera Adjuntas (Adjuntas Aggregates), ubicada entre los barrios Vegas Arriba y Saltillo a la entrada del pueblo, ha expandido su operación en casi un 70% fuera del predio autorizado para esta actividad minera. El permiso dispone que la operación se llevará a cabo en una finca de 8 cuerdas con el número de catastro 266-000-009-17, ubicada en Suelo Rústico Común. Tras la aprobación del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (2015), se observó una mejoría en la zona. Sin embargo, a partir de 2020, se registra una huella mayor de la cantera que se extiende hacia dos fincas boscosas colindantes. Al presente, la zona de impacto alcanza 18 cuerdas.
Figura 1. Un análisis realizado por el geógrafo y especialista en geoinformática Víctor Cuadrado evidencia que la huella de la cantera alcanza ya 18 cuerdas, pero casi el 70% del impacto ocurre en terrenos que no cuentan con permisos para la extracción minera.
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La finca colindante de la izquierda, con número de catastro 266-000-009-22, está clasificada como Suelo Rústico Común. Allí ubica el Cementerio de los Compontes, que data de la época española, y en donde nacen manantiales importantes para la seguridad hídrica de muchas personas.
Mientras, la finca de la derecha, con número de catastro 266-000-009-56, tiene la clasificación de Suelo Rústico Especialmente Protegido Ecológico según el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUTPR). Sería imposible que una cantera pudiera operar allí de manera legal. Sin embargo, la Legislatura Municipal de Adjuntas aprobó el cambio de zonificación de esa parcela y de la finca que tiene el permiso para operar como cantera (266-000-009-17) a la categoría industrial especializado al enmendar el Plan de Ordenación Territorial del ayuntamiento, que a su vez modifica el PUTPR. Con esta acción, que excede sus facultades jurídicas, la alcaldía pretende legalizar la huella de esta actividad extractivista en lugar de exigir un cese y desista con medidas de mitigación por los daños provocados. El cambio de zonificación podría facilitar que la cantera obtenga permisos y que hasta cuadriplique su radio destructivo en el futuro.
Figura 2. Tras la aprobación del PUTPR en el 2015, se observa regeneración en la zona de la cantera. Sin embargo, a partir del 2020, la cantera se expande con daños significativos a los bosques y cuerpos de agua en suelos rústicos especialmente protegidos.
Proceso cuestionable y sin transparencia
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El ayuntamiento alega que cumplió con abrir el proceso de cambio de zonificación a la participación ciudadana, pero lo cierto es que en la práctica dicha participación fue defectuosa y carente de transparencia.
Por un lado, se efectuaron cuatro vistas públicas. Las primeras dos, en las que presentaron el por qué de las enmiendas y la primera versión de los cambios de zonificación, se llevaron a cabo el mismo día, el miércoles, 9 de abril en la tarde, en horario laboral. Las mismas fueron convocadas mediante edictos el 17 de marzo en el periódico Primera Hora y el 21 de marzo en el periódico Es Noticia, así como en una emisora radial no identificada por la alcaldía. El municipio no utilizó la emisora radial de Adjuntas para llevar este mensaje ni tampoco sus perfiles de redes sociales, donde anuncia todo tipo de fiesta, festival y feria. Cabe destacar además que ese 9 de abril, los catastros 266-000-009-17 y 266-000-009-56 no estaban incluidos entre los que experimentarían cambios de zonificación. Por lo tanto, la expansión de la cantera no era una controversia a esa fecha.
Al finalizar esas vistas, la alcaldía dijo que la próxima sería entre mayo y junio, y que la anunciarían en sus redes sociales, pero no lo hizo. A la fecha, se desconoce dónde se publicaron los edictos.
La tercera vista se efectuó el 22 mayo, sin participación de la comunidad que se opone a la expansión de la cantera porque no se enteraron. Allí se presentó la tercera fase del proceso de revisión y el plan final. La cuarta vista ocurrió el 13 agosto y fue ahí cuando se introdujeron los catastros 266-000-009-17 y 266-000-009-56. Sobre esa vista, la comunidad advino en conocimiento el 16 de septiembre, por lo que no tuvieron oportunidad de comentar las enmiendas ni oponerse.
También resulta cuestionable la “junta comunitaria” creada como parte del proceso de revisión. De sus siete integrantes, al menos cinco son empleados municipales. ¿Respondían a la alcaldía o a la población? Quedó evidenciado que estos no representaron al interés público, pues nunca visitaron ni llevaron información a los vecinos afectados, no hicieron expresiones públicas sobre este tema, y ni siquiera les notificaron las fechas de las vistas públicas. Cualquiera en este país reconoce esos mecanismos como trucos para esconder los verdaderos cambios de la Junta de Planificación (JP). Ese proceso denota total falta de transparencia.
El 17 de septiembre fue la sesión ordinaria de la Legislatura Municipal, de la cual la comunidad se enteró el día antes porque tampoco fue anunciada en la radio local, ni en las redes del municipio ni mediante guaguas de sonido, que son la herramienta de divulgación más usada en Adjuntas. Lo primero que dijo el presidente del cuerpo, Rafael Munet Maldonado, fue que la veintena de personas de la comunidad que llegaron a la sesión no tendrían turnos para expresarse porque había que solicitarlos anticipadamente y él aprobarlos. En un salón pequeño, sin sillas suficientes y con los micrófonos apagados, la planificadora Aurielee Díaz Conde, de la JP, presentó brevemente los cambios propuestos al PUTPR. En su exposición, Díaz Conde dijo que “del permiso que tiene la cantera no se desprende que se vaya a extender más allá de lo que ya la cantera está trabajando”. Esto resulta ser una media verdad, pues cambiar la zonificación de la finca 266-000-009-56, de ecológico a industrial, supone legalizar la actividad ilegal que la cantera ha tenido allí principalmente durante los últimos cuatro años. Sin permitirles a los legisladores leer el voluminoso documento, Munet Maldonado forzó la votación. “No lo vamos a
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dejar sobre la mesa porque por eso se trae a la compañera de Planificación y lo que ella acaba de hacer es precisamente un resumen”, expresó.
Figura 3. Sesión de la Legislatura Municipal de Adjuntas el 17 de septiembre de 2025, donde se aprobó el cuestionable cambio de zonificación de la finca 266-000-009-56, de ecológico a industrial.
Casa Pueblo le informó al alcalde José Hiram Soto Rivera su preocupación antes y después de la sesión de la Legislatura Municipal, sostuvimos una reunión cordial el 24 de septiembre y este se comprometió a realizar una evaluación interna antes de decidir si firma la Ordenanza 9 serie 2025-2026 para que el proceso siga su curso ante la JP. Sin embargo, más de una semana después de ese compromiso, no ha divulgado su postura.
El cambio es improcedente
El arquitecto, planificador y urbanista Pedro M. Cardona Roig analizó los cambios aprobados por la Legislatura Municipal y concluyó que son improcedentes por exceder sus facultades.
“Según la Ley Núm. 550-2004 y el Artículo 13 de dicha ley, los planes municipales deben armonizar con el PUTPR, no alterarlo. Solo la Junta de Planificación está facultada para revisarlo”, afirmó quien fuera vicepresidente de la JP cuando se aprobó el PUTPR en el 2015.
Cardona Roig explicó que el plan enmendado podría considerarse nulo por incumplir con la Ley Orgánica de la Junta de Planificación, el Código Municipal y la Ley para el Plan de Uso de
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Terrenos. “Además, incumple y modifica el Plan de Conservación de Áreas Sensitivas para Adjuntas y Municipios Adyacentes (2004)”, señaló.
Indicó también que el plan incumple con el PUTPR al no incluir medidas de adaptación al cambio climático y que no sigue sus definiciones de suelos. Sobre el cambio de suelos a la categoría industrial, Cardona Roig puntualizó que “esta es una acción ultravires que puede tener el efecto de revertir cualquier aprobación y/o anular la Revisión Integral al Plan Territorial de Adjuntas”.
Asimismo, resaltó que proponer la adopción de distritos genéricos del Reglamento Conjunto de Emergencia de 2023 sin justificación ni estudios ni vistas públicas es improcedente, porque deberían crearse distritos especiales para Adjuntas como se hizo en Condado y Santurce.
Figura 4. Vista aérea de la Cantera Adjuntas en el 2025.
Amenaza a la gente y la naturaleza
La operación actual de la cantera representa un riesgo para la ciudadanía y el medioambiente, de acuerdo con los vecinos circundantes. Estos han denunciado que se ha afectado su acceso al agua, que les han ensuciado sus quebradas, que sus casas se han agrietado por las explosiones y que el polvo fugitivo les perjudica la salud. También han levantado bandera sobre el riesgo que supone la cantera para la seguridad vial en la carretera PR-10, el daño que puede ocasionar al cementerio español de Los Compontes y al paisaje verde en general. Su expansión, por lo tanto, pone en mayor riesgo los bosques, las aguas, las vidas de las personas y nuestro patrimonio histórico.
La huella de esta cantera dejó de ser local y se ha convertido en una fuente de daño significativo. En estos momentos, cuando se ataca la herramienta consensuada que es el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico para beneficiar a particulares, es responsabilidad de todos y todas
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defender el territorio y las comunidades. Exigimos (i) transparencia y rendición de cuentas de parte de los dueños de la cantera y del Municipio de Adjuntas a nuestro pueblo, (ii) cese y desista de la expansión de la cantera en las fincas 266-000-009-22 y 266-000-009-56, y (iii) acciones de mitigación de los daños causados fuera del predio autorizado (266-000-009-17).
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