Domingo, 19 de enero de 2020 CyberNews- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, radicó una medida la cual pretende crear una nueva agencia, la Autoridad de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades del Gobierno de Puerto Rico.
“Esta Cámara de Representantes que me honro en presidir hoy reitera que el acceso a una vivienda segura es un derecho básico y esencial. Por tal razón, privar a una persona de este derecho por razones o motivaciones discriminatorias atenta contra su dignidad y le impide poder alcanzar una vida plena y feliz. Con esta nueva ley, ponemos en vigor las garantías sustantivas y los mecanismos procesales necesarios para velar por el acceso justo y en igual de condiciones a una vivienda para beneficio de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, de manera tal que se eliminen las prácticas discriminatorias en la obtención de un hogar seguro”, dijo Méndez Núñez en declaraciones escritas.
“El propósito es atender un asunto de gran preocupación para el Gobierno de Puerto Rico, la discriminación en la adquisición de viviendas que sufren algunos sectores de nuestra ciudadanía, lo cual atenta contra los derechos, los privilegios y la dignidad personal de nuestros habitantes y constituye una amenaza a los cimientos de la libre democracia”, añadió.
El Proyecto de la Cámara 2340 crea, además, la ‘Ley de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades de Puerto Rico’, a los fines de garantizar vivienda libre de discriminación para todos los residentes de la Isla, estableciendo las prácticas discriminatorias que serán prohibidas.
Entre las mismas se destacan la discriminación en la venta o alquiler de vivienda; discriminación en cuanto a los términos, las condiciones, los privilegios y los servicios relacionados con transacciones de vivienda o bienes raíces; y perpetuación de las prácticas discriminatorias. Para alcanzar este fin, se dispone un procedimiento de querellas con sus correspondientes garantías sustantivas y procesales para beneficio de toda persona afectada por alguna de las prácticas discriminatorias que se atienden en la medida. Asimismo, la medida dispone de otros procesos, como por ejemplo el de la revisión judicial, para proteger los derechos de los afectados.
Por otro lado, la entidad creada por esta ley será una agencia con jurisdicción general que gozará de poderes y facultades amplias para eliminar y prevenir las prácticas discriminatorias en las transacciones de bienes raíces y de vivienda.
La misma tendrá la misión de fomentar el entendimiento mutuo, el respeto y el trato justo y la igualdad de oportunidades entre todas las personas para mejorar las condiciones de vida en la Isla; promover el trato igual, la concienciación y prevenir la discriminación y antagonismo en contra de cualquier grupo, sus miembros y personas asociadas al mismo; colaborar con agencias y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con funciones similares; y recopilar sistemáticamente aquella información que sea necesaria para llevar a cabo investigaciones y estudios sobre la discriminación en el campo de las ciencias sociales.
La Autoridad podrá obtener y utilizar los servicios de todos los departamentos y agencias gubernamentales. Esto incluye trabajar en conjunto con agencias federales, estatales y municipales, especialmente con el Departamento de Asuntos del Consumidor para asegurar que no se tome acción dispositiva alguna en aquellas querellas en relación con asuntos de vivienda justa que estén bajo la jurisdicción de la Autoridad.
Según explicó el presidente, en caso de que una investigación revele que alguna persona o grupo de personas incurren en patrones que impida que una persona o grupo de personas pueda disfrutar a cabalidad sus derechos de un hogar, la División Legal de la Autoridad podrá determinar si procede una demanda civil, interdicto, o cualquier otro remedio legal a favor de la víctima.
La pieza legislativa también crea una Junta de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades en la Autoridad. Esta junta tendrá las encomiendas de proveer dirección institucional y fiscal así como fiscalizar a la Autoridad; adelantar la misión de la Autoridad asegurándose de que cumpla con todos sus deberes según lo establece la ley; cumplir con sus funciones dentro de un ambiente donde prevalezca la cohesión, la justicia y la transparencia, poniendo a la disposición del público en general sus reuniones, documentos, votos, deliberaciones y demás actos oficiales; mantener la confianza pública en la Autoridad, supervisando su integridad institucional y fiscal, conforme a los más altos estándares éticos; preservar la autonomía de la Autoridad evitando la interferencia de intereses personales y órdenes inapropiadas tanto de su personal, como de funcionarios gubernamentales y otros individuos; y establecer un balance entre las necesidades del gobierno y las de aquellos individuos a quienes sirve y protege la Autoridad. Adicionalmente, se le otorgan una serie de poderes y deberes para que logren cumplir a cabalidad sus funciones.
