Jueves, 19 de septiembre de 2019 (CyberNews) - La presidenta de Empresarios por Puerto Rico, Enid Monge de Pastrana, expuso el jueves preocupación sobre la transacción de fusión de dos empresas de distribución de mercancía, ya que según advierten, tendría el efecto de conformar un monopolio en un servicio esencial para el país, como lo es la entrada de productos a la isla.
“Ningún monopolio ha demostrado ser positivo en viabilizar el acceso, en mantener una calidad en los servicios y en resguardar bajos costos. No podemos tener la expectativa, de que esta transacción, donde se pone en manos de una empresa el 80 por ciento de la carga marítima, podría resultar en algo positivo para el país. Sería un error poner en manos de una sola empresa la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de miles de puertorriqueños”, puntualizó Monge de Pastrana en declaraciones escritas.
A través de este acuerdo las dos principales empresas de servicios en Puertos, Tote y Luis Ayala Colón, se fusionarían bajo la empresa Puerto Rico Terminal (PRT), quedando el manejo de la carga marítima de la isla en manos de dos empresas navieras, PRT y Crowley, y mediante la cual PRT tendría el control del 80 por ciento de la carga marítima, y Crowley mantendría el 20 por ciento de este mercado.
“Este tipo de transacciones son delicadas dado a que somos una isla que dependemos casi en un 100 por ciento de los productos importados: alimentos, medicamentos, materiales de construcción, materiales de primera necesidad, por mencionar algunos, dependen casi en su totalidad de la entrada a través de los muelles. Ante esta realidad, el servicio de carga y toda actividad o transacción relacionado al servicios en los muelles, resultan de gran relevancia”, sostuvo Monge de Pastrana.
Agregó que el gobierno no solo posee un interés apremiante en el tema, sino que tiene una responsabilidad indelegable de supervisar y salvaguardar que toda transacción que se lleve a cabo, sea entre entidades privadas o no, cuente con una evaluación responsable de impacto y evite violaciones a las leyes antimonopolísticas. “Son transacciones que deben de contar con la mayor transparencia”, sostuvo.
De otra parte, los mayoristas de alimento también levantaron su voz de alerta. El empresario Carlos Toro, presidente de Oscar Cash & Carry, expuso que estas empresas llevan a cabo una función del que depende toda la población.
“Esto se complica cuando tomamos en consideración que en Puerto Rico tenemos el impuesto al inventario, lo cual hace todo más costoso para el consumidor y evita que los comercios tengan un inventario amplio de mercancía. El gobierno tiene el rol muy importante en salvaguardar una competencia justa y leal, en especial cuando se trata de asuntos relacionados al acarreo marítimo. Consideramos, que esta transacción es muy peligrosa y amerita una evaluación detenida. Al final, el efecto que esta transacción tenga en la economía y en el futuro de Puerto Rico será responsabilidad del gobierno. Como sector empresarial nos compete alerta”, expuso Toro.
Por su parte, la industria de ferreterías igualmente alertó sobre la peligrosidad de la transacción y levantaron su preocupación sobre sus efectos. Jesús Rivera, gerente general de Ferreterías ACE Puerto Rico, expresó que el gobierno no puede ni debe desatender o aislarse del asunto ya que “la industria de ferreterías depende en su totalidad de la importación. Mi mayor preocupación es que esta transacción tiene un potencial impacto en el acceso a los productos y finalmente en el costo de estos al consumidor”.
De otra parte, las farmacias también levantaron su voz de alerta, ya que según exponen toda transacción relacionado a los puertos y las empresas navieras que ofrecen el servicio va a tener un impacto en el acceso y costos de los medicamentos y por consiguiente tiene el potencial de impactar el bolsillo del paciente.
“Las farmacias no pueden absorber un aumento adicional en los productos, más aún cuando operan con un margen de ganancia bien limitado, y bajo las acciones de un sector que hasta hace poco estuvo desregulado, impusieron una práctica abusiva de pagar a las farmacias reembolsos por debajo del costo real de los medicamentos”, sostuvo María Isabel Vicente, experta en asuntos de farmacia.
El grupo hizo un llamado a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced a tomar acción sobre el asunto. También solicitaron al Departamento de Justicia a detener esta transacción hasta tanto se lleve a cabo y se finalicen las evaluaciones pertinentes. Igualmente, solicitaron al gobierno a presentar las preocupaciones e impacto al Federal Maritime Commission.
