Gobernadora, Policía y Aerostar inauguran moderno cuartel en el Aeropuerto LMM con inversión conjunta de cerca de $1 millón

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, el comisionado de la Policía, Joseph González, y el presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, inauguraron hoy el nuevo cuartel del Precinto 216, ubicado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), tras una inversión combinada entre Aerostar y la Policía de Puerto Rico, que asciende a $942 mil. La nueva instalación busca ofrecer mejores condiciones laborales a los agentes destacados en el complejo aeroportuario, fortalecer su capacidad operativa y ampliar la cobertura de seguridad para empleados y pasajeros.

El cuartel, que ahora opera desde el segundo nivel del Terminal D, alberga a cerca de 50 agentes en turnos continuos y cuenta con modernos espacios, tecnología avanzada y un diseño orientado a la eficiencia. Su responsabilidad abarca terminales, pistas, áreas de carga y la Base Muñiz, en colaboración con seguridad privada, policías municipales y múltiples recursos tecnológicos para los cuales Aerostar ha invertido alrededor de $13 millones.

El cuartel, de 2,800 pies cuadrados, sustituye la antigua instalación que ubicó por décadas en los bajos de la Terminal D. El nuevo concepto cuenta con una sala de operaciones tácticas, centro de monitoreo de videovigilancia, comedor, vestuarios con duchas y salas de descanso, lo que marca una mejora significativa respecto a las antiguas instalaciones en el terminal. Esta nueva ubicación ofrece acceso directo a áreas clave del aeropuerto, lo que se traduce en una respuesta más rápida ante cualquier eventualidad. Para la construcción y equipamiento del mismo, Aerostar destinó $884 mil, mientras que la Policía de Puerto Rico invirtió $58 mil adicionales.

“Hoy celebramos un refuerzo directo en la seguridad de Puerto Rico, sus residentes y visitantes. Este nuevo cuartel no solo permite mejorar la respuesta de nuestras fuerzas del orden, sino que reafirma nuestro compromiso con el bienestar de quienes visitan o regresan a nuestra Isla”, expresó la gobernadora.

“Para nosotros la seguridad es una prioridad, por lo que no escatimamos a la hora de contar con los mejores recursos. Por ello, destinamos alrededor de $884 mil para la construcción de este nuevo cuartel. Con ello, logramos hacerle justicia al compromiso de nuestros policías, y nos permite ofrecerles un espacio digno, moderno y eficiente. Para Aerostar, era vital contar con una instalación que albergara este importante renglón de seguridad y reforzara la agilidad de la respuesta de los agentes dentro de un entorno tan complejo como el aeropuerto. Con esto fortalecemos la seguridad y el bienestar de nuestros más de 8 mil empleados y los millones de pasajeros que transitan por nuestras instalaciones”, sostuvo Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico.

“El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín es un espacio crítico para Puerto Rico; es nuestra principal puerta de entrada y salida por lo que necesita estar al día en temas de seguridad. Este nuevo cuartel nos permite contar con instalaciones modernas, funcionales y accesibles que elevan nuestra capacidad de respuesta y vigilancia”, afirmó el comisionado González.

Además del cuartel que alberga a los agentes del precinto, el Aeropuerto da espacio a la División de Explosivos Metro, adscrita a la Superintendencia de Investigaciones Criminales (SAIC), y a unidades caninas especializadas en detección de drogas y armas. Aerostar también adquirió cuatro vehículos nuevos para la Policía y duplicó la unidad canina a ocho ejemplares, entrenados en la detección de drogas y explosivos.

A la inversión en infraestructura y equipamiento, se suman aportaciones adicionales por parte de Aerostar, tales como la donación de ocho canes adiestrados en detección de narcotráfico para reforzar la unidad canina y una flota vehicular moderna a un costo de$674 mil. Esta incluye patrullas, motoras y triciclos eléctricos (Trikke Scooters) para facilitar la movilización interna entre terminales.

En el renglón de contratación de policías estatales, por parte de Aerostar la inversión asciende a sobre $2 millones para el 2025 para un total de $6 millones en los últimos años. Además, desde el 2024, Aerostar suple los fondos de los Canes de explosivos empleados por el “Task Force” integrado por la Policía de Puerto Rico y la agencia federal Transport Security Administration (TSA).

El sistema de seguridad del SJU cuenta con más de 2,400 cámaras, sensores, un centro de control de operaciones (AOCC) y vigilancia continua, sistemas de control de acceso especializados y un amplio sistema de tecnología moderna, entre otros elementos.

Senado aprueba varias medidas

En Sesión Ordinaria el Alto Cuerpo aprobó varias medidas legislativas de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y varios proyectos de administración pública dirigidas a modernizar procesos gubernamentales y fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico.

Entre las medidas aprobadas está el Proyecto del Senado 7 de Rivera Schatz, para enmendar la “Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico” y la “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los fines de disponer que, el Informe de Elegibilidad de la solicitud de incentivo sea rendido por el director de la Oficina de Incentivos, en lugar del director ejecutivo de PRIDCO. A la vez eliminar el requisito de endoso del director ejecutivo de PRIDCO y de su Junta de Directores sobre la determinación de actividad novedosa pionera, por cuanto el peritaje lo tiene la Oficina de Incentivos del DDEC.

“Esta Asamblea Legislativa en busca mantener la coherencia en las leyes que regulan los incentivos económicos y decretos bajo la jurisdicción del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, realiza estas enmiendas técnicas a dichas leyes. De esta manera, se deja claro las facultades que pasaron al DDEC para evaluar y otorgar los incentivos y decretos contributivos establecidos en leyes. En fin, lo que se busca mediante esta legislación es mantener la uniformidad de las leyes antes mencionadas”, indica la medida en su exposición de motivos.

De igual forma, del presidente senatorial se le dio paso al Proyecto del Senado 28, para enmendar la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”; la “Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados” y la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, con el propósito de establecer la obligación de los farmacéuticos de colocar rotulación o etiquetas a los medicamentos que contengan sustancias conocidas como opioides u opiáceos.

“Esta Asamblea Legislativa considera fundamental establecer requisitos adicionales que obliguen a que cada frasco, envase u objeto que contenga medicamentos con opioides u opiáceos lleve una etiqueta que advierta sobre su alto potencial de adicción y los peligros de sobredosis. Además, se producirá material informativo y folletos por parte del Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, que estarán a disposición del público y pacientes, con el objetivo de informar sobre los riesgos para la  salud asociados al consumo de estos medicamentos”.

A su vez, fue aprobado el Proyecto del Senado 566 de la autoría del senador del Partido Popular Democrático, José “Josian” Santiago Rivera, para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico, a los fines de crear el “Fondo de Servicios Esenciales y Responsabilidad Fiscal Municipal”.

La medida indica que se ha identificado que los municipios severamente afectados por la eliminación del Fondo de Equiparación son 37, que requieren fondos para asegurar y garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Rivera Schatz indicó que “nos corresponde entender que todo no puede ser prioridad, pero me parece que el esfuerzo que se ha hecho identifica unos fondos… Todos los años ha habido recaudos mayores a lo que ha sido el estimado de la Junta de Control Fiscal, que siempre es mucho más conservador que el estimado de recaudos que hace el propio gobierno puertorriqueño. Así que se ha rebasado no tan solo el de la Junta, sino el del gobierno, que es mucho más generoso”, sostuvo.

De igual manera, el presidente senatorial afirmó que “yo no conozco una agencia del Estado que pueda ser más eficiente y más efectiva en cualquiera de los temas, estructura, asistencia social, vivienda, emergencia, lo que fuera que los gobiernos municipales. Yo no conozco una agencia que pueda ser, yo lo conozco en el municipio, en ese territorio del municipio. Así que, ciertamente, yo creo que $130 millones se quedó corto, compañeros, lo digo con mucho respeto. Pero se llega a ese número por consideraciones derivadas de la prudencia”.

Por su parte, Santiago expresó que “el presidente nos dio la encomienda de presidir la Comisión de Asuntos Municipales en el mismo mes de enero. Comenzamos un proyecto intenso de atender una situación que se está dando en Puerto Rico y que pretendemos atender un problema de desigualdad social que hay en Puerto Rico. No se trata meramente de un rescate financiero a municipios”, señaló añadiendo que los fondos vendrían de sobrantes del gobierno central y no afectaría el presupuesto.

De otra parte, entre las medidas de administración fue aprobado el Proyecto del Senado 450, medida de administración, que busca restituir la autonomía operativa de ciertas entidades exentas en el proceso de adquisición. Que estas entidades desarrollen sus propios procedimientos de compras. La medida enmienda la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; con el propósito de incluir a la Oficina del Gobernador.

A su vez, recibió el aval el Proyecto del Senado 511, medida de administración, para enmendar la “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos”, a los fines de autorizar al Negociado de Asuntos Legales a representar a empleados que hayan pactado utilizar el arbitraje como método, para resolver las controversias que surjan al amparo del contrato privado de empleo.

Por otra parte, se le dio paso al Proyecto del Senado 220 de la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad, para enmendar la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, con el fin de extender la vigencia de ciertos incentivos contributivos otorgados, mediante dicha Ley, hasta el 31 de diciembre de 2030.

La senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, se manifestó a favor de la medida. Indicó que Alisa “La senadora Moran lo que está buscando, de la mano con nuestro alcalde de San Juan, Miguel Romero, es precisamente que se puedan rehabilitar los espacios, que se pueda vender o dar servicios, o se puedan rentar las facilidades temporalmente, pero que se vuelva a revitalizar lo que son los paseos peatonales, el área urbanística y sobre todo que la gente vuelva a un sector que está perdido desde hace muchísimos años por múltiples factores”.

En la misma línea se expresó en apoyo el senador de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez. “Con este proyecto que evaluamos hoy estamos poniendo nuestro granito de arena para nosotros levantar el área de Río Piedras… Precisamente nuestra administración, la administración del PNP, está invirtiendo en Río Piedras…. Lo importante es que los comercios que se han podido impactar puedan seguir prosperando en Río Piedras, asimismo que los nuevos negocios lo vean como una opción”, sostuvo Morales.

También, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa se expresó a favor del proyecto. “Vamos a favorecer la medida precisamente porque es un ejemplo de medidas contributivas que son necesarias y particularmente aceptadas y fomentadas por el entorno social. La Junta Comunitaria de Río Piedras y CAUCE venían reclamando desde hace una década”, dijo González.

Asimismo, fue aprobado el Proyecto del Senado 222 de Moran Trinidad, para enmendar la “Ley Especial para la Rehabilitación de Santurce”, a los fines de reautorizar los incentivos, deducciones y otros beneficios otorgados mediante esta Ley, por un término de tiempo adicional de cinco años calendarios. Además, facultar al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a reestructurar la forma y manera en que otorgará las aportaciones económicas a ser concedidas a través de esta Ley, a los fines de clarificar que estas provendrán de alguno de los programas con los que cuenta la institución financiera.

También, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 3 para enmendar la “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, a los fines de ampliar las medidas de fiscalización sobre los beneficios concedidos por programas ordinarios de desempleo, programas de emergencia o análogos. 

Asimismo, el Proyecto de la Cámara 26 que busca enmendar la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”, de manera que se restituya a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) la facultad de habilitar empleados para el servicio público. Además, el Proyecto de la Cámara 158, con el fin de derogar la Ley 219-2004, conocida como “Ley para Reducir la Brecha Digital”.

En la misma línea, fue aprobada la Resolución del Senado 172 del senador de mayoría, Gabriel “Gaby” González López, para investigar la implementación de la "Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico" por parte de la Defensoría de las Personas con Impedimentos con el propósito de garantizar su cumplimiento efectivo y su impacto en la comunidad sorda del país.

“Es un proyecto para hacerle justicia a la comunidad sorda y a Puerto Rico. Definitivamente merecen un trato con dignidad donde quiera que vayan. Merecen recibir servicios como los recibimos nosotros, con el mismo respeto, con la misma agilidad. Así que queremos investigar que esta Ley 22 del año 2021 esté rindiendo el efecto que verdaderamente tiene que rendir en defensa de la comunidad sorda de Puerto Rico”, expresó González en un turno.

Además, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 712 para enmendar el “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de autorizar a los alcaldes a presentar ante la Legislatura Municipal y la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Proyecto de Resolución del Presupuesto, junto a un mensaje presupuestario por escrito, de cada año fiscal.

Igualmente, recibió aval la Resolución del Senado 227; la Resolución Conjunta de la Cámara 92 y la Resolución Conjunta de la Cámara 68. Esta última busca ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) desarrollar un abarcador y minucioso estudio sobre la posibilidad y los beneficios de utilizar la Inteligencia Artificial como una herramienta adicional para optimizar los procesos de investigación, auditoría, mitigación de riesgos, supervisión efectiva y control de gastos, entre otros.

Someten legislación para investigar la ley que protege a la comunidad sorda

El Senado aprobó la Resolución del Senado 172 del senador del Distrito de Arecibo, Héctor “Gaby” González, que ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley Núm. 22-2021.

Esta legislación, conocida como la "Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico", fue diseñada para establecer una oficina adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) y asegurar el acceso equitativo a los servicios gubernamentales para las personas sordas, promoviendo la concienciación sobre sus derechos y facilitando la comunicación con las agencias gubernamentales.

A más de tres años de su aprobación, persisten serias preocupaciones sobre si la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda opera conforme a los términos de la ley y si se han asignado y utilizado los fondos de manera correcta para lograr sus objetivos. La comunidad sorda en Puerto Rico continúa enfrentando barreras significativas para acceder a servicios esenciales debido a la falta de recursos, intérpretes de lenguaje de señas, capacitación adecuada en agencias gubernamentales y un desconocimiento general de sus derechos.

"El acceso equitativo a los servicios gubernamentales es un derecho fundamental para todos, y es inaceptable que nuestra comunidad sorda siga enfrentando obstáculos tan básicos para ejercerlo," afirmó el senador Héctor “Gaby” González. "Con esta resolución, buscamos una auditoría completa para asegurar que la Ley 22-2021 esté cumpliendo su propósito. Necesitamos saber si la Oficina Enlace está plenamente operativa, cómo se están utilizando los recursos y qué deficiencias impiden su efectividad. Nuestro compromiso es garantizar que esta ley impacte positivamente la vida de las personas sordas en Puerto Rico”.

Con la aprobación de la media, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado, como organismo legislativo encargado de estos asuntos, deberá realizar la investigación. El propósito es determinar el estado actual de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda, la asignación y utilización de sus recursos, los servicios brindados hasta la fecha y cualquier limitación que afecte su efectividad. Las conclusiones de esta investigación serán fundamentales para proponer las recomendaciones necesarias y asegurar la plena implementación de la ley.

Proponen avisar a conductores por email o mensaje de texto enviar mensaje de recordatorio 37 días antes que marbete expire

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, que preside el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, realizó una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 491, de la autoría del representante José Hernández Concepción, que propone implementar un sistema de notificación electrónica a través de la aplicación de CESCO Digital, correo electrónico o mensaje de texto unos 30 y 7 días antes a todos los ciudadanos dueños de vehículos cuyo marbete esté próximo a expirar, con el fin de recordarles con suficiente antelación la necesidad de proceder con la renovación.

“El Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Puerto Rico Innovation & Technology Services (PRITS) y el Departamento de Justicia avalaron la medida por entender que la misma tiene un fin loable y busca reducir la imposición de multas administrativas, lo que es positivo para los conductores. La agencia PRITS sugirió que, en lugar de 30 días, se notifique 31 días antes a los conductores, mientras que DTOP aseguró que ya están trabajando en conjunto con PRITS en una fase programática que permita enviar las notificaciones a los usuarios mediante correo electrónico. En la Comisión estaremos trabajando con el informe positivo de esta medida para que pueda ser llevada al pleno del Senado”, sostuvo el senador.

El legislador informó que en la vista pública de hoy el capitán Elvis Zeno, director auxiliar de la División de Tránsito de la Policía, presentó las estadísticas de intervenciones por marbetes vencidos recopiladas por el Negociado de Patrullas de Carreteras y ha habido un aumento sustancial en las mismas. Se indicó que para el 2023 hubo un total de 31,109 intervenciones, el año pasado 2024 aumentó a 54,282 y en lo que va de este año 2025 ya se han registrado un total de 40,953 intervenciones. 

La Comisión evaluó también en audiencia pública el Proyecto del Senado 460 de la autoría del senador Jeison Rosa Ramos para que se permita la utilización de la licencia de conducir virtual disponible a través de CESCO Digital como una identificación válida al momento de realizar alguna gestión ya sea en el sector público o privado, y se considere igualmente válida que la licencia de conducir física. 

La medida propone también una enmienda a la ley de tránsito para establecer de forma clara que se permita la utilización de la licencia de conducir virtual como método de identificación al momento de ser intervenido por un agente de la policía.

“El DTOP se expresó a favor de la medida y señalaron que la misma tiene el objetivo de contribuir a la aceptación y uso de soluciones tecnológicas en todos los servicios del gobierno. Además indicaron que la medida busca mejorar y facilitar el acceso al servicio que el DTOP debe ofrecer al ciudadano. Durante la pandemia se mejoró esta tecnología, pero todavía tenemos lugares en el sector público y privado que no aceptan la licencia virtual y entendemos que el legislador, autor de esta medida, lo que busca es establecer uniformidad en este asunto”, indicó Sánchez Álvarez.

Finalmente, la Comisión atendió en vista pública el Proyecto del Senado 469, de la autoría de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, para establecer la “Ley para el Recogido de Caballos Abandonados”, que tiene el propósito de establecer un marco legal para eliminar la presencia de los equinos abandonados en las carreteras o áreas circundantes de Puerto Rico.

El DTOP dijo estar a favor de la medida si la misma incluye una partida de presupuesto ya que aseguraron que no cuentan con fincas, personal adiestrado ni recursos para llevar a cabo el recogido de caballos abandonados.

Por su parte, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico indicó que apoyan el objetivo de la medida, pero advirtieron que “la aplicabilidad podría enfrentarse a serios retos operacionales, logísticos y estructurales, dados los múltiples factores que envuelve este problema, incluyendo la ausencia de un sistema eficiente de identificación y rastreo de animales en Puerto Rico”.

Ante esto, el Colegio recomendó que se considere como complemento esencial de la legislación la creación de un registro de mascotas y animales, que incluya a los caballos.

Anuncian lanzamiento de programa para pacientes con anemia

Bristol Myers Squibb anuncia el lanzamiento de Reblozyl Al Día, programa de ayuda al paciente, creado para apoyar a los adultos que padecen anemia asociada a los síndromes mielodisplásicos (MDS, por sus siglas en inglés). Este programa tiene como objetivo proporcionar asistencia a los pacientes para recordar sus citas médicas y los laboratorios requeridos, la importancia de cumplir con el tratamiento y proveer recursos educativos en español.1 

“Nuestro compromiso con los pacientes va más allá de ofrecer un tratamiento efectivo. Sabemos que vivir con MDS puede ser un desafío diario, y a través de este programa queremos ofrecer la educación necesaria para apoyar la facilitación del acceso al tratamiento y mejorar el bienestar general de los pacientes”, explicó Maribelis Ruiz, directora de la unidad de Hematología y Oncología del área comercial de Bristol Myers Squibb Puerto Rico.

REBLOZYL (luspatercept-aamt), es un medicamento inyectable recetado que se usa para tratar la anemia (recuento bajo de glóbulos rojos) en adultos con síndromes mielodisplásicos (MDS) de bajo a intermedio riesgo que pueden necesitar transfusiones regulares de glóbulos rojos (RBC, por sus siglas en inglés). Está indicado en pacientes que no han recibido previamente agentes estimulantes de la eritropoyesis (ESA, por sus siglas en inglés). Es importante destacar que REBLOZYL no se debe usar como un sustituto para las transfusiones de glóbulos rojos en personas que necesitan tratamiento inmediato para la anemia. También se desconoce si REBLOZYL es seguro o eficaz en niños menores de 18 años.

Los pacientes en tratamiento con REBLOZYL se pueden beneficiar gratuitamente de este nuevo programa que incluye:

Asesoría personalizada: Un equipo de profesionales de la salud está disponible para guiar a los pacientes a través del proceso de tratamiento y proporcionar información para clarificar dudas.

Recursos educativos: El programa ofrece materiales educativos en español sobre la enfermedad y el tratamiento.

Recordatorio de las fechas de la dosis del tratamiento, citas médicas y de los laboratorios requeridos antes de la próxima evaluación médica.

Para más información sobre como inscribirse y sobre Reblozyl Al Día, programa de ayuda al paciente visite la página web https://reblozylaldia.com/ o llame al (787) 919-7498.

Comisión de Nombramiento del Senado continúa evaluando recomendaciones de la gobernadora

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, evaluó en la mañana del viernes, varios nombramientos del Ejecutivo a Fiscales y Miembros Asociados de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

“Me siento contento de ver jóvenes con las credenciales, el talento y la trayectoria que tienen. Creo que tenemos una gran cantidad de jóvenes talentosos que aportan positivamente. Eso es una buena noticia, sobre todo lo que ocurre y que acontece en Puerto Rico”, expresó el presidente del Senado.

Entre las designaciones para Fiscal Auxiliar I, las licenciadas Shana G. Carmen Gould, Jaslene M. López Lasanta, Xiomara I. Quiles Morales, Stephanie N. Pérez Díaz y José A. Alicea Matías; para Fiscal Auxiliar II, los licenciados Shaquille Mercado Rivera y Patricia Lugo Rodríguez; finalmente, como Miembros Asociados de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Ángel Rosendo Martínez y el licenciado Frank Rosado Sánchez.

La licenciada Pérez Díaz nominada como fiscal auxiliar I, destacó su experiencia en el servicio público e indicó que estas enseñanzas la ayudarán para aportar en el sistema judicial de Puerto Rico. “Esta trayectoria centrada en mi vocación por el servicio público, el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y la práctica jurídica de excelencia me lleva a ponerme al servicio del pueblo para fungir como Fiscal Auxiliar I. Creo firmemente que el Ministerio Público debe contar con personas capaces de actuar con valentía, verticalidad y una comprensión profunda de la ley”, expresó Pérez quien fungió como directora legal del Departamento de Estado.

Por su parte, la designada a Fiscal Auxiliar I, licenciada Quiles Morales, quien actualmente labora como abogada en la Región Judicial de Ponce, aprovechó para reafirmar su compromiso de ser confirmada y recordó que el servicio público no se limita a un puesto, es una responsabilidad continua. “Nace constantemente en mi interés, compromiso de servicio y desempeño laboral mantener el estándar de procesos en la oralidad penal en Puerto Rico ante los nuevos retos tecnológicos, cambios sociales y nuevas alternativas de probar un caso más allá de duda razonable”, añadió.

A preguntas del senador Ángel Toledo López sobre cómo maneja el posible conflicto entre la búsqueda de convicciones y el sentido de justicia, incluso cuando una gestión no conlleve necesariamente a una convicción, Quiles señaló que el quehacer de la justicia requiere reflexión y un constante balance de intereses. Explicó que, al radicar un caso, no se trata únicamente de presentar cargos criminales, sino de hacerlo con plena conciencia de los derechos constitucionales de la persona imputada. Añadió que existe un proceso investigativo respaldado por un equipo de trabajo, así como una coordinación continua entre el Ministerio Público y la defensa, todo ello dirigido al fin último de hacer justicia.

En cuanto a la especialidad de violencia doméstica y delitos sexuales, la licenciada Gould se desempeña actualmente como fiscal especial en la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales de la Fiscalía de San Juan. Asimismo, se ha desempeñado en distintas facetas y salas donde se ha destacado por este tema.

“El hecho de ser completamente bilingüe en inglés y español ha facilitado el proceso de entrevista con los perjudicados de delito y procesamiento criminal. En algunos casos de menores víctimas de abuso sexual, he solicitado que las vistas se lleven a cabo por el sistema de circuito cerrado por el bienestar de los menores. He podido participar en varias capacitaciones y adiestramientos, incluyendo el Curso Experto en Casos de Estrangulamiento, el Foro Magistral sobre Estrangulamiento, CARA: Modelo de Intervención Recomendado para la Administración de Naloxona, Conversatorio de Ley 154-2008 sobre el Maltrato de los Animales”, explicó Gould sobre su labor como fiscal especial.

A su vez, la licenciada López Lasanta además de destacar que su “llamado es a ser una servidora pública con los más altos estándares de la ética” comentó que traería al ministerio público sus experiencias en el procedimiento criminal, ya que por tres años ha fungido como fiscal especial directamente con víctimas de delito. “La posición de fiscal me ha permitido estar en cada una de las etapas del procedimiento criminal, comenzando desde la investigación hasta las etapas de sentencia. Trabajar como fiscal especial me ha permitido adentrarme al derecho penal en todas sus vertientes, y me ha permitido ampliar mis conocimientos con experiencia en las salas de los tribunales del país”, manifestó.

De igual forma, el licenciado Alicea Matías, quien se desempeña como Oficial Jurídico en el Tribunal de Apelaciones, delineó su metas y visiones al ser confirmado, donde sentenció que la experiencia adquirida en el manejo de casos penales le ayudará a ejecutar correctamente en los casos que le correspondan. “Visualizo la función del Ministerio Público como la de aquella persona comprometida con la búsqueda de la verdad, como un garante de la protección de las víctimas de delito, y como un servidor público comprometido con el procesamiento de delincuentes”, agregó Alicea Matías, quien está nominado a Fiscal Auxiliar I.

De otra parte, el licenciado Mercado Rivera también destacó sus credenciales y experiencias. “Durante los pasados seis años he ejercido la práctica privada de la abogacía en Puerto Rico, atendiendo casos tanto civiles como criminales. Esta experiencia me ha permitido desarrollar una visión integral del sistema de jurídico puertorriqueño, dominando no solo los aspectos técnicos del litigio, sino también las dimensiones humanas, estratégicas y éticas que toda representación legal conlleva. Cada caso, sin importar su naturaleza, ha sido una oportunidad para fortalecer mis destrezas en el análisis jurídico, redacción de escritos, manejo probatorio y argumentación oral. Este recorrido ha forjado en mí una carrera jurídica sólida, marcada por la disciplina, el compromiso con la verdad, y el respeto absoluto por el debido proceso de ley”, detalló Mercado.

Además, en cuanto a su aportación como fiscal, a preguntas de la senadora Migdalia Padilla Alvelo, el licenciado Mercado Rivera respondió que su experiencia en la práctica privada le ha permitido desarrollar una visión más cuidadosa al momento de radicar un caso y manejar sus distintas etapas. Destacó la importancia de mantener un balance, reconociendo tanto los derechos constitucionales del ciudadano como la sensibilidad que requiere el trato con las víctimas. Mencionó además que, al trabajar en una oficina de pueblo, ha comprendido que para cada ciudadano su caso representa una prioridad, lo que refuerza la necesidad de actuar con empatía y responsabilidad.

Asimismo, se expresó ante la Comisión la licenciada Lugo Rodríguez, sobre sus responsabilidades al ser confirmada como fiscal auxiliar II. “Como nominada al puesto de Fiscal Auxiliar II tengo la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y la política pública del Departamento de Justicia y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Recibo con mucha satisfacción por la labor que se realiza en la Unidad. Aunque sacrificado, es gratificante poder acompañar a los perjudicados a través de las múltiples etapas que atraviesan y hacer justicia de modo que puedan concluir este capítulo de sus vidas”, expresó Lugo, quien laboró como coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Ponce. Actualmente se desempeña como fiscal auxiliar I.

En última instancia, los nominados por la gobernadora, Jenniffer González Colón para Miembros Asociados de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Rosendo Martínez y el licenciado Rosado Sánchez manifestaron sus compromisos en el puesto que se aprestan a comenzar. “Este es un momento crucial para Puerto Rico. Las crisis sociales, económicas y emocionales que enfrenta nuestra isla requieren servidores públicos comprometidos con el bien común, con la equidad y con la justicia como principio ético y legal”, adelantó Rosendo Martínez.

En ese mismo sentido, el licenciado Rosado Sánchez destacó que su experiencia profesional le ha permitido desarrollar un trato justo y respetuoso hacia todo tipo de clientela, independientemente de su condición económica o estatus social. Señaló que ha tenido el privilegio de representar a una amplia diversidad de trabajadores, entre ellos confinados, víctimas de delitos y oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación que han sufrido accidentes en sus entornos laborales. “Esta experiencia me ha permitido desarrollar un trato justo y respetuoso hacia todo tipo de clientela, sin distinción de condición económica o estatus social”, expresó. Asimismo, indicó que ha trabajado en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y en la Comisión Industrial.

El presidente senatorial adelantó que, para el próximo lunes, se traerán ante la consideración del pleno los nombramientos evaluados en la mañana de hoy.

Policía de Puerto Rico gradúa primer grupo de poligrafistas en 18 años

Luego de más de 18 años sin realizarse una academia de formación en esta especialidad, la Policía de Puerto Rico celebró este sábado la graduación de 14 nuevos poligrafistas, quienes completaron el riguroso proceso de certificación del Latin American Institute for Credibility Assessment (LAICA), una de las entidades más reconocidas en Latinoamérica para la formación en técnicas de detección de engaño y credibilidad.

“El éxito de esta graduación representa un logro institucional de alto impacto, que nos permitirá acelerar el proceso de reclutamiento de nuevos agentes y reducir significativamente el tiempo de espera de los solicitantes. Gracias a este esfuerzo, estaremos fortaleciendo nuestras filas con más rapidez, sin comprometer la rigurosidad que exige ingresar a la Policía”, expresó el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González.

 

La última graduación de esta índole se llevó a cabo en 2002. Esta nueva clase de profesionales pasó por un proceso altamente exigente, que incluyó 480 horas de capacitación académica y práctica intensiva, seis días a la semana durante dos meses y medio.

 

El adiestramiento fue impartido por instructores certificados de LAICA, quienes se trasladaron a Puerto Rico por gestión de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), lo que representó un ahorro significativo en comparación con enviar al personal a capacitarse en otras jurisdicciones.

 

Además, informó González, se hizo una inversión de más de medio millón de dólares en la compra de equipo especializado –como sillas, escritorios, computadoras, bultos y unidades de polígrafo– y en la remodelación de instalaciones adecuadas para realizar las evaluaciones.

 

Con esta nueva clase, la Uniformada aumenta su plantilla de poligrafistas de 4 a 18, lo que permitirá reducir de un año a apenas semanas el tiempo de espera para los más de 700 solicitantes que aún esperan ser evaluados como parte del proceso de ingreso.

 

Se estima que con los nuevos recursos se podrán realizar hasta 40 pruebas diarias, lo que contribuirá significativamente a agilizar la operación de reclutamiento, además de atender solicitudes de otras agencias como el Departamento de Justicia.

 

“Estos poligrafistas están altamente cualificados. Han sido seleccionados tras superar entrevistas rigurosas, evaluaciones de sus propias pruebas poligráficas y una formación técnica exigente. Hoy no solo celebramos su logro individual, sino también el fortalecimiento de la seguridad pública del país”, añadió el comisionado González.

 

Los nuevos poligrafistas estarán asignados a las 13áreas policiacas alrededor de la isla y se reportarán a la SAIC.