Una coalición de las principales organizaciones económicas y empresariales de Puerto Rico reiteró su respaldo al Proyecto de la Cámara 1115 durante una vista pública celebrada el miércoles en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes. La medida propone eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo creada bajo la Ley 47-2021 y transferir a la Legislatura de Puerto Rico la autoridad para determinar futuros cambios al salario mínimo, sin modificar el salario actual.
Entre las entidades que apoyan el proyecto se encuentran la Asociación Hecho en Puerto Rico, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico y la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Estas organizaciones sostienen que la medida es necesaria para proteger la estabilidad económica de la isla y fortalecer los procesos de toma de decisiones democráticos.
Durante la audiencia, los representantes del sector empresarial señalaron que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo ha enfrentado problemas estructurales y de gobernanza desde su creación. Según su testimonio, el organismo nunca ha operado con sus siete miembros completos en los cinco años desde su establecimiento, y varias designaciones han expirado o están próximas a hacerlo. Esta situación, afirmaron, ha provocado que decisiones económicas de gran impacto se tomen con un quórum limitado y con representación incompleta.
El vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes Alfonso, indicó que las organizaciones no buscan reducir el salario mínimo, sino asegurar un proceso más justo y funcional. Explicó que decisiones que afectan a la totalidad de las empresas y, por extensión, a toda la población, no deberían recaer en un pequeño grupo de personas sin representación electa.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez Báez, destacó la importancia de garantizar transparencia y legitimidad democrática en la política laboral. Señaló que decisiones de este alcance deben ser discutidas por los organismos electos que integran las políticas económicas del país.
Otros líderes empresariales subrayaron que la estructura actual de la comisión no refleja la diversidad del sector privado. El presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín, señaló que los cambios en los costos laborales afectan de manera muy distinta a las pequeñas empresas en comparación con grandes corporaciones, por lo que simplificar esa realidad puede conducir a decisiones poco adecuadas.
La presidenta de ASORE, Sonia Navarro, advirtió además que la comisión posee amplios poderes que incluyen revisar el salario mínimo y emitir decretos que afectan diferentes sectores laborales, lo que a su juicio podría generar riesgos para la estabilidad económica si no existen límites claros.
El presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico, Mateo Cidre, añadió que las decisiones que inciden en el empleo, la inversión y la competitividad del país no deberían depender de un organismo incompleto y no electo.
La coalición empresarial reiteró su respaldo al Proyecto de la Cámara 1115 e instó a los legisladores a continuar impulsando medidas que fortalezcan el desarrollo económico y el bienestar social de Puerto Rico. Según sostienen, devolver la autoridad sobre el salario mínimo a la Legislatura permitiría una mayor representación, participación pública y coherencia con la estrategia económica general del país.
