La ACLU de Puerto Rico expresó su rechazo al Proyecto de la Cámara 25 (HB 25), una medida legislativa que propone modificar la definición de la zona marítimo-terrestre en la isla.
Según la organización, la propuesta favorece intereses privados por encima del bien público, lo que consideran incompatible con la Constitución de Puerto Rico, la cual establece la protección de los recursos naturales como una política pública esencial.
La licenciada Lolimar Rodríguez Escudero, asesora de política pública de la entidad, advirtió que ampliar el dominio privado hacia áreas costeras reduciría el espacio de dominio público, debilitando la conservación y el uso sostenible de estos recursos.
El proyecto, presentado en enero de 2025, ya fue aprobado con enmiendas en la Cámara de Representantes y actualmente se encuentra bajo evaluación en el Senado. No obstante, la ACLU sostiene que las modificaciones realizadas no atienden sus preocupaciones fundamentales.
Entre los señalamientos principales, la organización destacó que la medida propone reducir la franja de protección costera de 50 metros a 20 metros y elimina criterios relacionados con el impacto de marejadas, lo que podría afectar ecosistemas sensibles como los manglares de La Parguera.
Además, advirtieron que la nueva definición podría facilitar reclamaciones privadas sobre terrenos que actualmente son considerados de dominio público, generando conflictos sobre el acceso ciudadano y el desarrollo costero.
La ACLU también subrayó que Puerto Rico enfrenta una crisis ambiental marcada por la erosión costera, el aumento del nivel del mar y la pérdida de hábitats naturales, por lo que cualquier cambio a la legislación debe basarse en evidencia científica y una visión a largo plazo.
El organismo reiteró que, aunque reconoce la necesidad de actualizar definiciones legales heredadas, estas deben realizarse con el asesoramiento de expertos y sin comprometer la protección de los recursos naturales.
Este debate resalta la importancia de equilibrar el desarrollo económico con la preservación ambiental, recordando que las costas de Puerto Rico forman parte del patrimonio colectivo que debe ser protegido para las futuras generaciones.
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