Diez Miembros del Congreso se unen al Comisionado Residente para Instar al USDA a Reconsiderar el Cierre de Oficinas del Servicio de Desarrollo Rural

Diez miembros del Congreso se han unido al Comisionado Residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández Rivera, a su carta a la secretaria del Departamento de Agricultura (USDA por sus siglas en inglés), Brooke Rollins, expresando su profunda preocupación por la planificada terminación de los arrendamientos de 11 oficinas del Servicio de Vivienda Rural (RHS) del Desarrollo Rural (RD) en todo el país. Estos cierres amenazan con interrumpir servicios vitales que apoyan a las comunidades rurales, incluyendo asistencia para vivienda, desarrollo de infraestructura y financiamiento para instalaciones comunitarias.

 La carta, firmada por los congresistas Yassamin Ansari (D-Ariz.), John Mannion (D-N.Y.), Sarah McBride (D-Del.), Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), Stacey Plaskett (D-V.I.), Nellie Pou (D-N.J.), Darren Soto (D-Fla.), Ritchie Torres (D-N.Y.), Nydia Velázquez (D-N.Y.) y Bennie Thompson (D-Miss.), exige transparencia y rendición de cuentas sobre la decisión del USDA de cerrar estas oficinas en estados, territorios y estados libre asociados como Alaska, Arkansas, Delaware, Florida, Kansas, Maine, Nueva Jersey, Pensilvania, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. y Wisconsin.

 

“Las comunidades rurales de Puerto Rico dependen de estas oficinas para servicios críticos que afectan directamente su calidad de vida y estabilidad económica”, dijo el Hernández Rivera. “Cerrar estas oficinas sin un plan claro para mantener los servicios sería una gran desventaja para los residentes que dependen de ellas. Exigimos que el USDA brinde respuestas y garantice que las comunidades rurales no se queden sin apoyo esencial”.

 

En la carta, los legisladores solicitaron aclaraciones sobre:

 

• Los criterios utilizados para determinar cuáles oficinas de RHS y RD fueron seleccionadas para el cierre.

 

• Si el USDA planea reubicar o reabrir estas oficinas en nuevas ubicaciones.

 

• Medidas establecidas para evitar retrasos en la financiación y garantizar el acceso continuo a los servicios.
  
  

• Cumplimiento con los requisitos legales para notificar al Congreso con anticipación si los cierres son permanentes.

 

“Si bien reconocemos la importancia de la responsabilidad fiscal, nos preocupa que estos cierres puedan afectar desproporcionadamente a las comunidades rurales que dependen de los servicios proporcionados por estas oficinas”, escribieron los legisladores. “Las oficinas de RHS y RD administran programas esenciales para el bienestar de los residentes rurales, incluidos préstamos y subvenciones para viviendas unifamiliares y multifamiliares, instalaciones comunitarias como hospitales y escuelas, y proyectos de infraestructura esenciales. Cerrar estas oficinas podría obstaculizar el acceso a estos servicios vitales, lo que podría generar impactos negativos en la calidad de vida y la estabilidad económica en las áreas rurales”.

 

Los miembros del Congreso instan al USDA a responder con prontitud con una explicación detallada y un plan para proteger el acceso de los residentes rurales a programas esenciales. Subrayan que la responsabilidad fiscal no debe hacerse a expensas de las comunidades vulnerables que dependen de estos servicios.