Ante las nominaciones de los nuevosPresidente y Presidente Alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el Proyecto Dignidad presentó el pasadoviernes, 21 de marzo de 2025, una demanda de Interdicto Preliminar y Permanente en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que busca salvaguardar los derechos democráticos de sus votantes y detener las deliberaciones relacionadas con el asunto.
Esto, hasta que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dilucide una controversia que le fue presentada en febrero pasado, para que determine si el partido tiene derecho a participar como Partido Propietario en la CEE, luego de que fuera despojado de sus oficinas en la CEE.
“La exclusión de Proyecto Dignidad de las decisiones trascendentales de la CEE constituye un atentado directo contra los principios democráticos de igualdad y justicia representativa establecidos en nuestra Constitución. Nuestro partido tiene el derecho de discutir y votar en igualdad de condiciones”, reclamó el Comisionado Electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau.
El licenciado Frontera Suau, quien también es el representante legal del Proyecto Dignidad, recordó que la colectividad políticaretuvo su franquicia electoral a raíz de los resultados del pasado 5 de noviembre, al cumplir con todos los requisitos establecidos en el Código Electoral de Puerto Rico. “Sin embargo, decisiones ulteriores, como despojarnos de nuestras oficinas en el edificio de la Comisión, limitan injustamente nuestra representación plena en el organismo electoral. Nos excluyen de importantes procesos democráticos”, denunció el abogado.
Esa controversia se encuentra ante el Tribunal Supremo desde el mes de febrero pasado y está en espera de resolución, lo que debería limitar ciertas determinaciones de la CEE. Sin embargo, líderes de otros partidos han decidido proponer candidatos para los cargos claves en la Comisión. Este nombramiento, de realizarse sin la debida representación de Proyecto Dignidad, podría causar daños irreparables a los derechos de participación igualitaria de la colectividad y de los ciudadanos que losrespaldaron, se reclama en el recurso legal radicado el viernes.
En la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instanciade San Juan, se argumenta que el procedimiento en marcha viola los derechos constitucionales de Proyecto Dignidad y sus electores, y solicita un alto inmediato al proceso de nombramientos hasta que el Tribunal Supremo determine la legalidad de las actuales disposiciones del Código Electoral.
“El impacto de esta decisión va más allá de un partido político. Representa un precedente fundamental para garantizar que todas las voces, mayoritarias o minoritarias, tengan la representación que merecen en procesos esenciales para el sistema electoral puertorriqueño”, puntualizó, por su parte, el presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz.
La secretaria general de la colectividad, Nilda Pérez, agregó que“confiamos en que el honorable Tribunal reconocerá la importancia de tomar medidas cautelares para proteger la integridad democrática de nuestro país y evitar decisiones que podrían comprometer de forma permanente los derechos de miles de ciudadanos”.
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