Jueves, 7 de mayo de 2020- La Cámara de Representantes aprobó hoy la Resolución Conjunta de la Cámara 668, de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que establezcan planes de pago para los clientes que así lo soliciten, luego de concluido el término de vigencia del Boletín Administrativo Núm. OE-2020-020, que declara un Estado de Emergencia ante el Inminente Impacto del Coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico.
También busca establecer las condiciones de dichos planes de pago y autorizar la adopción y/o modificación de los reglamentos necesarios para la consecución de los objetivos de esta Resolución Conjunta.
Durante un turno sobre la medida, el legislador calificó esta iniciativa como una de “justicia” para los abonados que se encuentren afectados por la pandemia, muchos de los cuales han perdido sus empleos ante el cese de la actividad económica por la pandemia.
A renglón seguido se avaló el Proyecto de la Cámara 1238, de la autoría de los representantes Gabriel Rodriguez Aguiló y José “Memo” González Mercado, para añadir un nuevo artículo a la "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico". Esto, con el fin de facultar al Negociado de la Policía de Puerto Rico, mediante el establecimiento de "acuerdos de integración”, para recibir a una parte o todos los miembros de las policías municipales de los pueblos que así lo soliciten.
Esta iniciativa es parte de los esfuerzos que se llevan a cabo mediante la reforma de la Uniformada para lograr una filosofía policiaca que promueva y se base en las asociaciones de colaboración entre un organismo de aplicación de la ley y las personas y organizaciones a las que sirve. Todo para desarrollar soluciones a los problemas, aumentar la confianza del pública en la policía y mejorar la efectividad de los esfuerzos policiacos.
De esta manera, se espera que la agencia siente las bases para la creación de una división de policías que tengan la oportunidad de servir dentro de los pueblos donde residen. La pieza responde, además, al hecho de que desde la aprobación de la ley enmendó el retiro de los empleados públicos y el número de agentes en el sistema de rango del Negociado de la Policía de Puerto Rico ha ido en descenso.
“Todos reconocen que el Negociado de la Policía requiere de un mayor número de agentes para realizar efectivamente sus funciones. Por otro lado, los municipios están enfrentando una crisis fiscal sin precedentes que les hará imposible operar en el futuro cercano. Ante la convergencia de estos dos eventos, la seguridad pública se verá adversamente afectada”, indica la exposición de motivos de este proyecto
Por otra parte, le dieron paso al Proyecto de la Cámara 1917 del representante Joel Franqui Atiles, para crear la “Ley de Modernización de Seguridad Pública” a los fines de establecer en las unidades de transportación de las agencias de seguridad pública un sistema con tecnología de rastreo en tiempo real (GPS) y la implementación del sistema “Compstat”.
“Esta iniciativa se atempera a la urgencia gubernamental de buscar mecanismos de eficiencia en el control de gastos y manejo de recursos. además, de establecer un programa de monitoreo que permita examinar las unidades vehiculares de los agentes de la policía, bomberos y manejo de emergencias, que permitirá que la agencia reciba datos específicos de la localización de la unidad. De esta manera, se podrá alertar a los agentes de intervenciones, peligros y/o cualquier escenario de riesgo en tiempo real. Esto, sumado a que el costo de este tipo de tecnología es módico”, expresó el representante Franqui Atiles.
Asimismo, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 2302, del representante Víctor Parés Otero, para crear la “Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico,” que busca establecer la política pública de capacitación financiera (financial literacy) que se debe fomentar en la fuerza laboral en Puerto Rico para promover la seguridad financiera y preparación de las personas que trabajan para su retiro.
Esta pieza busca activar el programa mandatorio de capacitación financiera para todos los empleados del sistema público así como fomentar alianzas con el sector de recursos humanos de la empresa privada para promover la capacitación financiera para sus empleados.
De otro lado, avalaron el Proyecto de la Cámara 2395, también del representante Parés Otero y el representante Denis Márquez Lebrón, para crear la “Ley Sobre Normas de Seguridad de Ascensores y Equipos Relacionados”, a los fines de regular y fiscalizar la industria de elevadores y equipos relacionados, también conocida como la industria de transporte vertical.
Esto incluye adoptar una política pública uniforme y clara en lo concerniente al proceso de licenciamiento de los contratistas, inspectores y mecánicos de esta industria, crear una Junta Revisora de Seguridad de Elevadores y Equipos Relacionados y delegar las funciones al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
A su vez, favorecieron el Proyecto de la Cámara 403, del representante José Enrique Meléndez Ortiz, para enmendar la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", con el propósito de autorizar la expedición y el uso de las denominadas "licencias de conducir virtuales" (virtual driver licenses), mediante el diseño y acceso a una aplicación móvil.
El lenguaje de la medida ordena, al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a desarrollar y aplicar los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados (software) que sean necesarios para certificar la identidad de los usuarios, ya sea el propietario de la licencia de conducir virtual o las autoridades gubernamentales que así lo requieran, a través del uso de claves numéricas y tecnología enfocada a la privacidad. Este sistema deberá ser afín con todos los sistemas operativos móviles disponibles en el mercado.
A la lista de medidas aprobadas se une la Resolución Conjunta de la Cámara 539, de la autoría del representante Urayoan Hernández Alvarado, para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico por parte del DTOP al Municipio de Coamo, de la Escuela Hilda Raquel Mateo del Barrio Santa Ana y de la Escuela Anastacio Santiago en el Sector San Diego del Barrio Pasto en esta municipalidad, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones, con el fin de establecer refugios para eventos de emergencia.
Así también apoyaron la Resolución Conjunta de la Cámara 562, del representante José Banchs Alemán, para ordenar a la Administración de Terrenos a evaluar la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico, de dos espacios comerciales, ubicados en el Centro Regional de Distribución del Municipio de Ponce, a la Universidad de Puerto Rico en Ponce para la creación de laboratorios de investigación.
Del mismo modo, ocurrió con la Resolución Conjunta de la Cámara 564, del representante José Aponte Hernández, para que se evalúe la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico, a la organización sin fines de lucro, Boys and Girls Club of Puerto Rico Inc., de las instalaciones de la Escuela Luis Muñoz Marín, ubicada en la Avenida Monserrate, Km. 2 Hm 6, del Barrio Sabana Abajo del Municipio de Carolina.
También del representante Aponte Hernández avalaron la Resolución Conjunta de la Cámara 565, para evaluar la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado, a la organización sin fines de lucro, Boys and Girls Club of Puerto Rico Inc., las instalaciones de la antigua Escuela Eugenio María de Hostos, ubicada en la Carretera 185, Km. 19 Hm. 7, en el Barrio Roosevelt del Municipio de San Lorenzo, con el propósito de que puedan continuar ofreciendo servicios educativos complementarios y de liderazgo a niños y jóvenes de dicha comunidad.
La Resolución Conjunta de la Cámara 566, cuyo autor es Aponte Hernández, quedó aprobada para así evaluar la transferencia a la organización sin fines de lucro, Boys and Girls Club of Puerto Rico Inc., las instalaciones de la antigua Escuela José Gualberto Padilla, ubicada en la Avenida Constitución del Barrio Cotto del Municipio de Arecibo. Igualmente, se le dio el visto bueno a la Resolución Concurrente de la Cámara 81, de la autoría de representante Néstor Alonso Vega, para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América que legisle para que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), establezca en Puerto Rico un Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, con la colaboración del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico y de todas las Facultades de Medicina que actualmente operan en la Isla.
De otra lado, se dieron por recibido los informes decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno de la Resolución de la Cámara 64, que ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Parés Otero, a realizar una investigación continua sobre todo asunto relacionado con las prioridades económicas y de la planificación en la Isla.
El decimoséptimo informe versa sobre los problemas que enfrentan los pequeños comerciantes a la hora de renovar sus permisos en el Sistema Unificado de Permisos. Estas vistas públicas dieron paso a la radicación del Proyecto de la Cámara 2404, que está en proceso de evaluación, de modo que se agilice el proceso de otorgación de permisos que atienda los reclamos de los sectores empresariales en la Isla.
Por su parte, el decimoctavo informe recoge los hallazgos realizados en torno a los daños estructurales en la Central Generatriz Costa Sur en Guayanilla, tras los eventos sísmicos de enero del presente año.
En este informe se recomienda darle seguimiento a los trabajos de reparación en la Central para que esté en en operaciones a la mayor brevedad, así como que se presente legislación para incluir en el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE un análisis comprensivo sobre las vulnerabilidades del sistema eléctrico ante eventos catastróficos como huracanes, sismos. El fin es que estas vulnerabilidades sean tomadas en consideración a la hora de desarrollar y construir la nueva estructura energética de la Autoridad y se pueda garantizar la demanda de servicios eléctricos en el país tras la ocurrencia de este tipo de eventos.
Mientras que el decimonoveno informe de esta resolución gira en torno al proceso de permisos emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la construcción de una torre de telecomunicaciones en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. Específicamente sobre los aspectos de seguridad, salud y valor propietario relacionados al permiso de construcción en cuestión.
De la pesquisa concluyeron que la concesión del permiso de construcción que se hizo conforme a las leyes y reglamentos aplicables que se encontraban vigentes al momento de su expedición. Sin embargo, la Comisión evalúa ordenar que la División de Salud Radiológica de la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental, adscrita al Departamento de Salud, a la Universidad de Puerto Rico y entidades relacionadas, a que realice un estudio científico sobre los efectos a la salud de la radiación electromagnética en Puerto Rico.
También se recomendó continuar la fiscalización de la construcción de torres de telecomunicaciones para el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.
De igual modo, recibieron el informe final en torno a la Resolución de la Cámara 956, presentada mediante petición por el representante José “Che” Pérez Cordero, para investigar el estado en el que se encuentran los rótulos que demarcan la zona escolar de los pueblos de Aguada, Añasco, Mayagüez, Moca y Rincón. En particular, para tomar conocimiento sobre las gestiones realizadas por las entidades gubernamentales pertinentes para rotular las áreas correspondientes, muchas de las cuales quedaron sin la rotulación adecuada tras el paso del huracán María.
Asimismo, se dio por recibido el informe final en torno a la Resolución de la Cámara 1178, que da paso a un estudio por parte de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, presidida por la representante Maricarmen Mas Rodríguez, sobre las carreteras u otra infraestructura vial en dicha región que fueron afectadas a consecuencia de las marejadas históricas que azotaron la Isla durante el año 2018.
Entre los hallazgos están que las carreteras PR-441, km. 2.1 en Aguada y la PR- 466, km. 7.4, en Isabela fueron las más afectadas en la zona, pero solo la PR-466 es elegible a fondos de emergencias provenientes de la Administración de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés). Por su parte, la reparación de los daños en la PR-441 serán financiados con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
Otro informe final que recibieron fue el de la Resolución de la Cámara 1180, que le ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste realizar un estudio abarcador sobre los negocios ambulantes (food trucks) en dicha zona. Éste deberá comprender un análisis de la regulación estatal y municipal que actualmente le aplica a este tipo de negocios y la viabilidad de uniformar en un solo estatuto la materia.
Entre las acciones referentes a esta investigación está la radicación de legislación por parte de la representante Mas Rodriguez a los fines de aclarar la definición de lo que constituye un negocio ambulante; de modo que los negocios que son tratados como ambulantes, pero realmente operan como restaurantes tengan que cumplir con los requisitos que el ordenamiento ha establecido para los negocios fijos de confección y venta de comida preparada. Todo para evitar poner en desventaja a los restaurantes, quienes tienen que incurrir en gastos adicionales para cumplir con las regulaciones del estado.
De igual manera se recibió el informe final de la Resolución de la Cámara 1183, que investigó las condiciones de vida de las personas de edad avanzada tras el embate de los huracanes Irma y María; particularmente de esta población que reside en el oeste de Puerto Rico y que no se encuentran bajo la jurisdicción del Departamento de la Familia.
Según las estadísticas vertidas durante la investigación, ocho municipios de la región oeste están entre los primeros 34 municipios con mayor cantidad de personas de 70 años o más que viven bajo el nivel de pobreza, a saber: San Sebastián, Moca, Guánica, Isabela, Cabo Rojo, Lajas, Maricao, Aguada y Sabana Grande.
Específicamente la región de Aguadilla cuenta con 22,925 participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la región de Mayagüez alcanza los 25,877. El total de beneficiarios mayores de 70 años a nivel Isla, totaliza 280,881 participantes.
Según información provista por el Departamento de la Familia, el 19 por ciento del total de los servicios de cuidado sustituto aprobados por dicha agencia, en lo que va del presente año fiscal, corresponden a las Regiones de Mayagüez y Aguadilla. Mientras que el 40 por ciento de los beneficiarios de la Isla respecto al servicio de auxiliares en el hogar pertenecen a la zona oeste.
La representante Mas Rodríguez afirmó que es necesario dar seguimiento a las labores de fiscalización para “garantizar que el gobierno central satisfaga adecuadamente las necesidades básicas de las personas de edad avanzada, la cuales quedaron al descubierto tras el paso del huracán María, debido a que esta población continúa enfrentándose a retos enormes tanto físicos como emocionales”.
Por último, presentaron el informe final en torno a la Resolución de la Cámara 1274, bajo la cual se realizó un estudio por parte de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Parés Otero, sobre la implementación de la iniciativa de “Planos Modelos” que busca ofrecer a las familias de escasos recursos, pero que no cualifican para ayudas federales, el acceso a las herramientas para reconstruir su vivienda. Esto conforme a los códigos actuales para que resistan eventos naturales tanto huracanes como sismos.
Durante el proceso de vistas públicas, la OGPe indicó que aún no han finalizado los procesos para determinar quiénes son elegibles y el diseño de los planos modelos que estarán accesibles mediante el portal de esta agencia, que deberán obtener la aprobación del Departamento de Vivienda.
“Entendemos que es vital atender este asunto con celeridad para que esta iniciativa unida a un sinnúmero de esfuerzos que se han realizado permita promover el desarrollo económico de manera segura y efectiva. Se debe garantizar la utilización adecuada de los recursos destinados para estos fines y que la iniciativa sea implementada de forma exitosa”, afirmó Parés Otero.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 11 de mayo del 2020, a las 11:00 a.m.
