sábado, 12 de abril de 2025

Federación LGBTQ+ pide a la gobernadora que siga sus propias palabras en 2019 y vete el Proyecto del Senado 1



La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico pidió, hoy, a la gobernadora a que vete el Proyecto del Senado 1 siguiendo sus propias palabras en oposición a la medida en 2019 cuando no apoyó un proyecto similar cuando era Comisionada Residente.

"Gobernadora, usted está en récord con su postura —desde el 13 de junio de 2019— en contra del proyecto de libertad religiosa. Siga su propia recomendación y vete el Proyecto del Senado 1 siguiendo sus propias palabras que dijo el 13 de junio de 2019: 'No puede haber política pública ninguna que deje la puerta abierta o la mera insinuación de discrimen. El reconocer el ‘dejar de actuar’ o hacer como derecho abre la puerta a ese discrimen. La jurisprudencia es Clara. Derribemos barreras no construyamos obstáculos a la igualdad. Hágase caso y vete esta medida", aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

Las expresiones en contra del proyecto de libertad religiosa en 2019, de la entonces Comisionada Residente, pueden leerse aquí: https://x.com/Jenniffer/status/1139189909078663170. Adjunta una captura de pantalla del tuit con sus expresiones.

"Precisamente lo que expresó la gobernadora en 2019 es lo que hemos advertido que hará el Proyecto del Senado 1: abre la puerta para que los empleados públicos discriminen usando la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que buscan servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Vete esta medida, gobernadora", continuó el activista.

"De igual forma, pedimos que vete el Proyecto del Senado 350, pues criminalizaría a padres y profesionales de la salud que ofrezcan terapias de afirmación de género a menores de 21 años. Este proyecto representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Convertir este proyecto en ley sería cruel e inhumano", concluyó Serrano.

Olimpiadas especiales reitera que Puerto Rico será sede de la Primera Copa Mundial de Baloncesto 3X3 Unificado



Special Olympics Internacional (SOI) reiteró en conferencia de prensa que San Juan, Puerto Rico, será la sede de la primera Copa Mundial de Baloncesto 3x3 Unificado de Olimpiadas Especiales, marcando un evento histórico en sus 56 años.

Siguiendo el modelo de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), este evento se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en el Distrito T-Mobile, sede de la AmeriCup 3x3 de la FIBA, reuniendo a 20 equipos masculinos y 20 equipos femeninos compuestos por jugadores de baloncesto de Olimpiadas Especiales y compañeros unificados (atletas sin discapacidad intelectual) que representan a cada región de Olimpiadas Especiales en el mundo.

 

Esta tarde, en un evento de prensa celebrado en la Sala de Prensa del Coliseo Roberto Clemente en el Municipio de San Juan, autoridades también develaron el logotipo oficial e invitaron a los medios y al público a conocer más sobre la Copa. El anuncio estuvo presidido por Héctor Vázquez Muñiz, secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD); Lou Lauria, jefe de Deportes y Competición de SOI; Arnaldo Pérez, presidente de Special Olympics Puerto Rico (SOPR) y Claudia Echeverry, directora regional y presidenta de Olimpiadas Especiales América Latina (SOLA).

 

“Estamos sumamente emocionados de traer nuestra primera Copa Mundial de Baloncesto Unificado 3x3 de Olimpiadas Especiales a San Juan”, declaró Lou Lauria, de SOI. “Dentro de Olimpiadas Especiales, el 3x3 está experimentando un rápido crecimiento, y este evento forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la participación en el baloncesto 3x3 en todo el movimiento de Olimpiadas Especiales y brindar más oportunidades de competencia de calidad a los atletas y sus atletas unificados”.

 

Mientras, Arnaldo Pérez, presidente de SOPR dijo: "La Copa Mundial de Baloncesto 3 x 3 Unificada de Special Olympics representa una oportunidad única para demostrar el poder del deporte como herramienta de inclusión y transformación social, donde no solo se resaltará el talento y la dedicación de nuestros atletas, sino que también reforzará el mensaje de equidad e integración en la sociedad”. Añadió que “estamos agradecidos al Departamento de Recreación y Deportes y el Municipio de San Juan por su apoyo para lograr ser los anfitriones de este gran evento, el cual proveerá visibilidad y oportunidades significativas para las personas con discapacidad intelectual.”

 

El baloncesto unificado 3x3 fue lanzado por Olimpiadas Especiales en 2017 en colaboración con la Fundación FIBA. Durante los últimos cinco años, la FIBA ​​ha sido sede de la AmeriCup 3x3 en Puerto Rico. Puerto Rico es un centro de baloncesto 3x3 en rápido crecimiento y un lugar ideal para mostrar el poder de los Deportes Unificados® de Olimpiadas Especiales.

 

La selección de todos los jugadores participantes se determinará el 15 de agosto. Tras la selección de los equipos, se realizará un sorteo para determinar los emparejamientos de la primera ronda.

 

“Este nuevo reto de la Copa Mundial 3x3 abrirá las puertas al apoyo de la gente y del mundo en general”, declaró Carlos Miró, atleta líder de SOPR. “Este evento será maravilloso para nuestro país y para nuestro programa local. Creceremos con la celebración de esta Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3. Organizar un evento como este nos ayudará a promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual”.

 

Para más información sobre la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 de Olimpiadas Especiales 2025, visite www.specialolympics.org.

Vivienda anuncia iniciativa de cartografía móvil para fortalecer la resiliencia ante desastres



La secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, presentó hoy los detalles de la iniciativa de Cartografía Móvil, la cual utilizará tecnología de vanguardia para crear un inventario detallado de viviendas e infraestructura crítica como energía, agua y telecomunicaciones, a través de carreteras y caminos.

"Este proyecto no solo modernizará nuestra capacidad de planificación, sino que será un pilar para la reconstrucción resiliente de Puerto Rico. Con herramientas como el LiDAR y las imágenes en 360 grados, tendremos un diagnóstico preciso de nuestra infraestructura, lo que nos permitirá modelar escenarios de riesgos para responder con agilidad ante futuros huracanes, inundaciones u otros eventos climáticos”, destacó la secretaria

 

La iniciativa cuenta con una inversión de $7.2 millones bajo la Subvención en Bloque para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR) y la Subvención en Bloque para la Mitigación (CDBG-MIT), como parte del Programa de Infraestructura Geoespacial (GeoFrame) y el Programa de Recopilación de Datos de Riesgos y Activos (RAD).

 

Se utilizarán vehículos 4x4 equipados con escáner LiDAR, cámaras de 360 grados, sistemas GPS de alta precisión y dispositivos de recopilación de datos en tiempo real. Estos instrumentos permitirán colectar 21,400 millas lineales de carreteras, abarcando los 78 municipios, incluidas las islas municipio de Vieques y Culebra. Los datos recopilados apoyarán el desarrollo de una base de datos geoespaciales y protocolos estandarizados de direcciones físicas para Puerto Rico, esenciales para agilizar permisos, estimar costos post-desastres y mejorar la respuesta en emergencias.

 

Dada la complejidad de acceder a zonas restringidas o de alto riesgo, Vivienda solicitó el apoyo de los municipios para garantizar acceso seguro a áreas críticas, asistencia en la logística y operacional durante la recopilación de datos, al igual que puntos de contacto designados para coordinar cronogramas y protocolos.

El esfuerzo de colección de datos comenzó en el Municipio de Bayamón, y el equipo técnico de la agencia junto a sus contratistas realizó una demostración del proceso, destacando la importancia de recopilar información actualizada.

"La colaboración de todas las agencias y municipios es vital para lograr esta recopilación de datos, que beneficiará a generaciones futuras. El compromiso de la Gobernadora Jenniffer González Colón es utilizar las herramientas tecnológicas para aunar esfuerzos en favor de la recuperación y desarrollo de nuestras comunidades", puntualizó Pérez Peña. 

 

Los datos recopilados serán publicados a través de una plataforma que contará con información geoespacial, disponible para agencias estatales, municipios y el público general. De esta forma, se facilitará la toma de decisiones basada en datos. Entre sus aplicaciones destacan el desarrollo de sistemas de alerta temprana, la optimización de rutas de evacuación y la identificación de vulnerabilidades en infraestructura crítica.

 

Comisión senatorial de Hacienda continúa evaluando presupuesto de las agencias para el año fiscal 2025-2026



La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, continuó evaluando en vista pública el presupuesto consolidado del Gobierno para el año fiscal 2025-2026, que asciende a $32,591 millones. En esta oportunidad presentaron sus peticiones presupuestarias mayor al vigente la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Oficina del Procurador del Paciente, el Procurador del Veterano y la Defensoría de Personas con Impedimentos.

“Yo sé que en el caso de los procuradores ustedes atienden poblaciones muy especiales y ven en ustedes quizás un alivio, tener a alguien que junto a ellos de alguna manera llevarlos a solucionar sus problemas y mejorar la calidad de vida. Siéntase que no están solos. A esta servidora pueden presentarle cualquier legislación que sea necesaria y les exhorto a que participen mediante enmiendas a leyes o leyes nuevas porque saben que habemos 28 senadores y pueden acercarse al que ustedes deseen y que sientan que podemos ayudarles a que los planes se cumplan”, sostuvo la senadora Padilla.

 

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), dirigida por la licenciada Astrid Piñeiro Vázquez, presentó su petición presupuestaria para el año fiscal 2025-2026, solicitando un total de $9,654,000 millones del Fondo General. Esta cantidad representa un incremento de $4,618,000 con respecto al presupuesto vigente y responde a la necesidad de fortalecer los servicios dirigidos a mujeres en situación de violencia de género en Puerto Rico. “Este año vamos por la sexta víctima y no queremos una víctima más de violencia de género por eso pedimos más ayuda en presupuesto”, afirmó la procuradora.

Además, Piñeiro explicó la petición de aumento en las necesidades a cubrir en diferentes renglones. Indicó a la comisión que el aumento de $1,171,000 millones en las partidas operacionales permitirá la contratación de personal especializado y mejoras sustanciales en los servicios de intervención, con el objetivo de brindar atención más efectiva y rápida a las víctimas. Añadió que se proyecta ampliar la plantilla a 60 empleados, lo que reforzará la capacidad operativa de la agencia. Actualmente, la OPM opera con 44 empleados y dos destacados con una inversión anual de $1.92 millones en funcionamiento.

De igual manera, Piñeiro explicó que se incluyen dos partidas adicionales de $520,000 mil para cubrir los costos del Consejo Consultivo y $3,000,000 millones para subvencionar organizaciones no gubernamentales, municipios y agencias. Estas nuevas asignaciones buscan garantizar una respuesta integral y multisectorial ante la violencia de género. La petición también contempla un aumento adicional de $3.25 millones para cubrir necesidades críticas de personal y ampliar los servicios ofrecidos. Destacó que la OPM ha recibido fondos a través del Comité PARE para apoyar organizaciones que atienden violencia doméstica, agresión sexual y acoso, pero también advirtió sobre la posible disminución de fondos federales para el próximo año fiscal.

Padilla preguntó a la deponente sobre el Comité PARE y cuántos fondos tienen actualmente. Piñeiro dijo que el Consejo Consultivo se está reuniendo pero no se han recibido más fondos. “Como servidora pública con la causa estoy comprometida para que se produzcan los documentos y la acción”, indicó la procuradora.

También asistió a la audiencia la licenciada Edna Díaz De Jesús, Procuradora del Paciente. Díaz indicó que a través de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) solicitó un aumento en su presupuesto al identificar limitaciones que afectan directamente su capacidad de atender a los pacientes en toda la Isla. La deponente detalló que el presupuesto certificado para el año fiscal vigente fue de $2,095,000 millones mientras que la solicitud para el año fiscal 2025-2026 ascendió a $4,361,000 millones. Sin embargo, mencionó que el presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) fue de $2,089,000 millones similar al año anterior.

 

Díaz explicó que entre los renglones más afectados por esta reducción se encuentra la partida de nómina, para la cual se solicitaron $3,224,000 millones pero solo se aprobaron $1,516,000. “Estamos limitados a ampliar las actividades y tener un mayor alcance para poder identificar las situaciones que afectan los pacientes de toda la Isla, mayormente la de escasos recursos económicos y los adultos mayores por la falta de disponibilidad de fondos”, aseguró Díaz.

Asimismo, la procuradora señaló aunque se mantiene un remanente de $338,600 mil en la partida de mejoras para contratos del Año Fiscal 2023, estos fondos tienen vigencia solo hasta el 30 de junio de 2025 y están destinados al desarrollo del Sistema Integrado SEIPP, por lo que no pueden usarse para otras operaciones urgentes.

Padilla preguntó qué área se afecta con la reducción de presupuesto. Díaz respondió que “se afecta el personal ya que son especializados”. Dijo que necesitan médicos pediatras, psiquiatras, entre otros. Son necesarios para asesoría “porque son los que nos ayudan cuando llegan los casos y evaluarlos”, indicó. También, la senadora preguntó cuál es el número promedio de pacientes que reciben. Díaz mencionó que el año pasado las querellas ascendieron  dos mil y se atendió el 82 por ciento. Se recibieron alrededor de 13 mil llamadas. “Todo depende de la situación que requiere la persona. Es una variedad de situaciones que presentan”, dijo Díaz.

De igual forma, presentó el presupuesto para el Año Fiscal 2025-2026, el Procurador del Veterano, licenciado Agustín Montañez Allman. El procurador indicó que solicitaron un aumento total de aproximadamente $324 mil en comparación con el año fiscal anterior, especialmente para fortalecer su partida de nómina. El presupuesto vigente asciende a $4,053,000 millones; el solicitado es de $4,377,000 millones y el recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) son $4,106,000 millones. La JSF recomendó un presupuesto menor al solicitado, con una diferencia total de $53,000, mil principalmente atribuible a los gastos operacionales. El ente fiscal mantuvo igual la nómina y el PayGo y recomendó un poco más de lo que la agencia pidió para operaciones.

Montañez detalló que actualmente tienen 13 empleados y originalmente contaban con 42. “Así que estamos hablando que tengo son nada más un 30 por ciento de empleados. Muchos de nosotros, los jefes de la agencia, en estas agencias pequeñas tenemos que hacer otras funciones. Mucho del aspecto legal en mi oficina, no tengo división legal porque está congelada. Así que tengo dos contratistas, que son los que nos ayudan con la parte legal”, indicó el procurador. Igualmente, dijo que cuentan con tres oficinas regionales en Ponce, Guaynabo y Aguadilla.

La senadora de mayoría, Wandy Soto Tolentino, preguntó si les ha llegado algún caso de explotación financiera y si es así cómo lo atienden. “Llegan esos casos y son gente de la comunidad que nos llama. Lo primero que verificamos es si el perjudicado está registrado en el Hospital del Veterano porque ellos tienen programas para atenderlo. De no estar registrado, tenemos acuerdos con agencias de gobierno y procedemos hacer los referidos”, respondió Montañez. También, a preguntas de Soto Tolentino sobre veteranos registrados en Puerto Rico, el deponente indicó que son alrededor de 60 mil registrados, pero entiende deben ser más.

De otra parte, participó de la audiencia el licenciado Juan José Troche, a cargo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Troche indicó que el presupuesto vigente es de $3,936,000 millones; el solicitado para el AF 2025-26 asciende a $6,991,292 millones lo que representa un aumento de $3.2 en comparación con el vigente. Sin embargo, explicó que el presupuesto recomendado por la JSF es de $3,790,000 millones, lo que significa una variación total de menos de $3,201,292 millones.

“El aumento en el presupuesto solicitado es por los cambios estructurales. No es que tenemos más gastos o mala administración, hay unas nuevas necesidades para cumplir con la Ley Habilitadora y es importante aprobar este presupuesto para que el baseline cambie y asegurar una estabilidad económica y presupuestaria. Se trata de nuestra población más vulnerable que son las personas con impedimentos. Necesito 70 empleados más”, sostuvo Troche. A preguntas de Padilla, el deponente indicó que durante el pasado año se han atendido alrededor de 1,127 casos y resueltos cerca de 524.

También, Troche indicó que las mayores deficiencias se encuentran en la nómina y los servicios comprados. Destacó que necesita recursos adicionales para operar eficientemente y atender a la población que representa. “Dentro de nuestro plan de trabajo, a pesar de las limitaciones que tenemos, hemos logrado poder empezar a implantar y empezar a inspeccionar municipios. Llevamos como cinco o seis municipios en este año que hemos empezado a hacer algunas inspecciones físicas para garantizar la accesibilidad  y eso obviamente es cuando requerimos personal”, dijo Troche como parte de las funciones que hace la Defensoría.

 

Estudio actuarial valida necesidades del sistema de retiro de la UPR



El director interino de la Oficina de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Wilson Crespo Valentín, calificó como “válido” un estudio actuarial que estipula que las aportaciones al Sistema de Retiro de esta institución cada año deben sumar 155 millones de dólares, sin embargo, señaló que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), estableció un monto de 130 millones 650 mil dólares, para el año fiscal 2024-2025.

Sus expresiones se produjeron ante de la Comisión de Sistemas de Retiro, que preside la representante Lourdes Ramos Rivera, quien bajo la Resolución de la Cámara 116 estudia el estatus del sistema de retiro universitario público.

A preguntas de la legisladora, Crespo Valentín informó que “el estudio actuarial presenta que deben ser unos 155 millones de dólares”, la aportación patronal para mantener la solvencia del sistema de retiro.

El deponente dio validez al estudio, pero no pudo precisar si el cumplimiento con lo estipulado en el estudio es parte de las funciones de la Junta de Gobierno o de la presidencia de la UPR.

“Quien toma la determinación o cómo se hace, lo desconozco porque hay varios entes tales como la Junta de Gobierno, la Presidencia, la Junta Universitaria y al final la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo el funcionario, quien anteriormente había laborado como director en la Oficina de Presupuesto de la Administración Central de la Universidad.

Crespo Valentín, luego admitió, que en última instancia la toma de decisión es de la Junta de Gobierno, presidida por el CPA Ricardo Dalmau Santana.

Durante la audiencia pública, el funcionario indicó que su recomendación cuando era director de presupuesto es que “si se va a pagar de acuerdo a lo que dice el estudio actuarial, hay que hacer unos ajustes a las unidades, sino, se paga de acuerdo a lo que la gobernanza de la universidad determine, por lo que me han dicho, un estudio actuarial no constituye una obligación, presenta la necesidad que tiene el sistema de retiro y yo estoy consciente de la necesidad que tiene para ser más solvente”, ya que de un 58 por ciento de solvencia que tenía el plan de retiro, ha bajado a un 51 por ciento.

El director de finanzas expresó que cuando inició sus labores en el año fiscal 2023-2024 ya la administración había tomado la decisión de hacer una aportación patronal de $120 millones, lo que representa un 30 por ciento del salario computado a través de nómina.

No obstante, cuando la JSF emitió el presupuesto certificado para la UPR, la partida para aportación al plan de retiro fue de 123 millones 990 mil dólares, de los cuales 115 millones, 650 mil 416 dólares se sufragaron con la aportación patronal y en el mes de agosto del 2024, se realizó un pago adicional de 8 millones 699 mil 583 dólares.

Esto cambió en el año 2024-2025, cuando la administración determinó continuar la aportación patronal de un 30 por ciento, pero la JSF estableció en la partida de retiro una aportación de 130 millones 650 mil dólares.

El deponente explicó que además de la aportación patronal retenidos de nómina, de 124 millones de dólares para el mes de marzo de este año, se hizo un pago de 4.3 millones de dólares, con el propósito de seguir cerrando la brecha para cumplir con la obligación de 130 millones 650 mil dólares.

Crespo Valentín, no pudo contestar las preguntas del representante Denis Márquez Lebrón, en torno a la deuda actual al sistema, aunque señaló que al 30 de junio de este año “se va a pagar los 130 millones que se deben”. La presidenta de la comisión le solicitó que en cinco días laborables ofrezca la información.

También, le solicitó los gastos por concepto de los casos ante los tribunales en el que están envueltos con la Junta de Retiro por el incumplimiento en las aportaciones según estipulado por los estudios actuariales.

“Necesito saber cuánto del presupuesto de la universidad se está gastando en unos pleitos que ya han perdido y que la Junta de Gobierno, presidida por el señor Dalmau, que debe renunciar, sigue insistiendo en continuar”, dijo la representante Rivera Ramos.

La legisladora le dio siete días para informar a la vez que calificó como “una vergüenza que haya una guerra interna entre la universidad y el sistema de retiro que protege a los miembros de la universidad, esto no es en contra suya, pero los fondos provienen de los contribuyentes y le pertenece al pueblo de Puerto Rico”.

La representante indicó que es necesario hacer unos ajustes a este tipo de gastos e informó que la Comisión se apresta a citar so pena de desacato al presidente de la Junta de Gobierno para “que venga aquí a darme explicaciones sobre la toma de decisiones de él, como presidente de la junta”.

Educación presenta su propuesta presupuestaria para el Año Fiscal 2025-2026



El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) presentó hoy su propuesta presupuestaria ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, como parte del inicio de las vistas públicas correspondientes al Año Fiscal 2025-2026. Esta comparecencia se produce tras la radicación de la Resolución Conjunta de la Cámara 79, que asigna $13,258,406,000 al Fondo General del Estado Libre Asociado para sufragar las operaciones del Gobierno durante el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Eddie Charbonier Chinea, explicó que el proceso presupuestario inicia con celeridad por instrucción del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, con el fin de garantizar una evaluación transparente y detallada de cada una de las partidas asignadas. “Queremos asegurarle al país un proceso ordenado, riguroso y participativo. Iniciamos temprano para escuchar a cada agencia y lograr un presupuesto balanceado que responda a las verdaderas prioridades del pueblo”, señaló el legislador.

Durante la vista, el secretario de Educación, Lcdo. Eliezer Ramos Parés, ofreció una presentación exhaustiva de las necesidades presupuestarias del Departamento, al tiempo que defendió el enfoque estratégico adoptado por la agencia en los pasados años. En su ponencia, destacó que el sistema de educación pública del país, además de ser uno de los pilares constitucionales del Estado, es también la principal herramienta para el desarrollo económico y social de la isla. Subrayó que la magnitud de la operación del Departamento no se limita al ofrecimiento académico, sino que incluye la administración de más de 5,300 edificios escolares, el manejo de programas de transportación, comedores escolares, servicios de salud física y mental, así como el apoyo a comunidades durante emergencias, como lo ocurrido tras el huracán María, los terremotos del suroeste y la pandemia de COVID-19.

El presupuesto consolidado vigente del DEPR para el año fiscal en curso (2024-2025) asciende a $5,312 millones, de los cuales $2,869 millones corresponden al Fondo General, $2,433 millones a fondos federales y poco más de $9 millones a fondos especiales. No obstante, el presupuesto solicitado para el próximo año fiscal 2025-2026 representa un aumento significativo, alcanzando los $5,546 millones. Esta solicitud

incluye $3,375 millones provenientes del Fondo General, un incremento de más de $506 millones con relación al año fiscal anterior. Sin embargo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) propuso una reducción considerable a esta petición, recomendando un presupuesto consolidado de $5,130 millones, lo que representa un recorte de $416 millones respecto a lo solicitado.

Durante su comparecencia, Ramos Parés recalcó que esta petición presupuestaria responde a cuatro apuestas estratégicas que el Departamento ha adoptado como hoja de ruta para los próximos años: el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la atención al rezago académico, la inversión en recursos humanos y la ampliación de los servicios a estudiantes de Educación Especial. Explicó que muchas de las iniciativas que anteriormente se sufragaban con fondos federales no recurrentes del programa ESSER, ahora requieren una transición hacia fondos estatales, lo que hace imperativo contar con una asignación robusta del Fondo General.

Uno de los temas medulares abordados por el secretario fue la urgente necesidad de continuar invirtiendo en el recurso humano. El DEPR cuenta actualmente con más de 46,000 empleados, de los cuales el 94 % se encuentra directamente en los planteles escolares. Se hizo énfasis en el impacto del plan de clasificación y retribución que está en proceso de implantación para el personal no docente, así como en las medidas adoptadas para retener y atraer personal docente altamente cualificado, incluyendo el relanzamiento del programa de Carrera Magisterial y el ajuste salarial a diversos grupos profesionales dentro del sistema.

En cuanto a la infraestructura, se detalló que existen más de $3,000 millones en asignaciones federales para proyectos de reconstrucción, estabilización y mantenimiento de planteles escolares, fondos que se administran a través de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción del Departamento. Sin embargo, todavía existen retos administrativos y de ejecución que requieren apoyo operacional y fiscal adicional. En ese mismo sentido, se destacó la necesidad de contar con una asignación de al menos $10 millones para mantenimiento eléctrico, dada la complejidad de la infraestructura existente.

El secretario también destacó los avances alcanzados en el área académica, especialmente a partir del desarrollo de múltiples proyectos enfocados en la recuperación del aprendizaje. Entre estos se encuentran el proyecto DE Leer, el programa NEExt (Nuestra Escuela Extendida), el fortalecimiento de las competencias fundamentales en las materias STEM, la integración de nuevas tecnologías en el salón de clases y la creación del manual de inteligencia artificial para el sistema educativo. En particular, se resaltó que los resultados del más reciente examen estatal CRECE reflejan avances sustanciales en las materias de español, matemáticas y ciencias, aunque se reconoció la necesidad urgente de reforzar el aprendizaje del idioma inglés, materia que reflejó una baja de 2.6 %. Por esta razón, se presentó la estrategia de inmersión lingüística y se

anunció la creación de un Programa de Educación Bilingüe como unidad operativa independiente dentro del Departamento.

En cuanto al Programa de Educación Especial, el Parés Otero explicó que el presupuesto requerido contempla un aumento en partidas esenciales como transportación, terapias, asistentes de servicios y remedios provisionales. También se solicitó un incremento en la partida correspondiente a reembolsos a padres, como parte del cumplimiento con el Plan Educativo Individualizado (PEI). De igual forma, se recalcó la importancia de garantizar el pago adecuado a los asistentes de servicios especiales, cuyo rol es indispensable para los estudiantes con diversidad funcional.

Otro componente importante abordado durante la vista fue el cumplimiento con el mandato de la Ley 85-2018, que requiere que al menos el 70 % del presupuesto del Departamento se dedique a servicios directos a los estudiantes. El secretario advirtió que, de no aprobarse la asignación solicitada, existe el riesgo de incumplir con este requisito legal, toda vez que muchas de las partidas propuestas por la OGP no garantizan la continuidad de servicios esenciales. Según los informes sometidos por la agencia, en los últimos tres años fiscales el DEPR ha mantenido un uso del 89 % del presupuesto para servicios directos, superando ampliamente el mínimo requerido.

Al concluir la vista, el representante Charbonier destacó la importancia de evaluar con detenimiento cada solicitud presupuestaria. “Nuestro interés no es simplemente aprobar o rechazar partidas, sino asegurarnos de que cada dólar asignado tenga un efecto real y positivo en la vida de nuestros estudiantes. El Departamento de Educación representa casi un cuarto del presupuesto del Fondo General. Esa responsabilidad nos obliga a examinar cada línea con seriedad y visión de futuro”, indicó el legislador.

Finalmente, el secretario Ramos Parés hizo un llamado al liderato legislativo y al país a ver más allá de las cifras globales y comprender el trasfondo operativo del sistema educativo. “Aunque mucho se habla del tamaño del presupuesto del Departamento de Educación, poco se analiza cuánto de ese presupuesto está verdaderamente disponible luego de atender las obligaciones fijas como nómina, pensiones, seguros y servicios esenciales. Lo que queda disponible es apenas suficiente para continuar brindando los servicios que nuestro pueblo espera y necesita”, puntualizó.

Las vistas públicas sobre el presupuesto continuarán en las próximas semanas, en las que se espera evaluar detalladamente las necesidades de otras agencias del Gobierno y determinar posibles reasignaciones presupuestarias. El proceso culminará con la aprobación de la versión final del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa antes del 30 de junio de 2025.

Analizan eliminar límites a incentivos de proyectos fílmicos locales



La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes discutió ayer, jueves, en una vista pública una medida que busca eliminar el requisito de exhibición fuera de Puerto Rico de los proyectos fílmicos locales que reciben beneficios contributivos del Código de Incentivos.

El Proyecto de la Cámara 443 fue presentado por el presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, con la intención de promover la producción televisiva local e incentivar proyectos cuya distribución está limitada al mercado de Puerto Rico.

Actualmente, el Código de Incentivos exige para considerar a las series en episodios, miniseries y programas de televisión que estos proyectos sean para la pauta, distribución o exhibición comercial al público fuera de Puerto Rico.

“La producción de contenido televisivo local es un componente crítico de la industria fílmica de Puerto Rico, pues de esta se derivan empleos a largo plazo que benefician a residentes calificados de la Isla y genera una infraestructura permanente que utiliza recursos locales indirectos de una variedad de industrias”, reconoció Méndez Núñez en la exposición de motivos.

Durante la audiencia, que presidió el representante Joel Franqui Atiles, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) distinguió el propósito loable de la medida, pero se opuso a la remoción del requisito de exhibición internacional por considerar que podría conllevar un uso ineficiente de recursos públicos.

La licenciada Vianca Rivera, asesora de Asuntos Legislativos del DDEC, señaló que resultará contraproducente incentivar producciones dirigidas a mercados locales que, según su análisis, en muchos casos se realizarían sin la necesidad de estos beneficios al tener un mercado natural y un “riesgo financiero limitado”.

“En ese sentido, estaríamos destinando fondos a proyectos, de no existir los incentivos, probablemente se llevarían a cabo por productores que tienen un interés legítimo en satisfacer esa demanda interna, limitando así el retorno de inversión que busca la concesión de créditos contributivos”, puntualizó la deponente.

El DDEC también señaló que los incentivos conducentes a proyectos fílmicos y audiovisuales tienen un tope máximo “extremadamente limitado” de $38 millones en créditos contributivos por año fiscal, por lo que producciones dirigidas al mercado local

entrarían en competencia directa con otras que tienen alcance al extranjero con potencial de atraer actividad económica a la Isla.

“No se puede perder de perspectiva que una producción dirigida únicamente a un público local podría no tener los mismos beneficios multiplicadores en la economía de la Isla que una producción destinada a ser distribuida globalmente”, abundó Rivera.

En su ponencia, la funcionaria aseguró que el proyecto podría tener un impacto económico en los ingresos del gobierno, ya que las producciones locales comenzarían a tributar sus ingresos, propiedad mueble e inmueble y patentes municipales a tasas preferentes y reducidas.

El Departamento de Hacienda se excusó de comparecer a la vista pública, pero entregó un memorial explicativo en el cual determinó que, desde el punto de vista fiscal, la propuesta no tiene impacto económico en respuesta al tope máximo del Código de Incentivos por año fiscal.

Por tal razón, la agencia explicó que enmiendas que pretendan ampliar las actividades elegibles para créditos contributivos fílmicos solo afectan la disponibilidad de créditos para aquellas que son elegibles actualmente.

Comisión senatorial evalúa medida para establecer “orden de protección duradera” en casos de abuso sexual contra menores



La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Roxanna I. Soto Aguilú, celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 169 de la autoría de la senadora por acumulación, Ada M. Álvarez Conde, a la que comparecieron representantes del Departamento de Educación (DEPR), el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia y la Oficina de Administración de Tribunales.

Esta medida propone establecer una “orden de protección duradera” en aquellos casos de abuso sexual contra personas menores, cuya vigencia será hasta que la víctima cumpla 18 años. Mediante una enmienda al inciso (hh) del Artículo 3, junto con la inclusión de un inciso (d) al Artículo 69 de la Ley 57-2023, conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”.

“Considero, sin pretensión ninguna, que este proyecto es innecesario porque en la Administración de Tribunales… una mera alegación que comienza con una orden de protección, ya el estado de derecho vigente… es que activa al Departamento de la Familia e investiga; si hay fundamento, automáticamente se hace un plan de servicios, si se hace el referido a [los Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención (PITI)] y baja un informe de validación… se tiene la orden de protección ya vigente bajo la Ley 57[-2023]”, expresó la presidenta de la Comisión de lo Jurídico.

Por su parte, el licenciado Francisco Caballero quien es un abogado de la División de Legislación del Departamento de Justicia, expresó que el Departamento de Justicia no apoya la aprobación de la medida. “De lo propuesto mediante el P. del S. 169, no surge que se establezca una distinción en cuanto a si la persona agresora es el padre o la madre del menor o si es otra persona, excluyendo a estos primeros… la denominada ‘orden de protección duradera’ que estaría vigente hasta que advenga los dieciocho (18) años de edad podría constituir una privación del derecho fundamental de estos de relacionarse con sus hijos”, explicó Caballero.

A pesar de estas expresiones, Suzanne Roig Fuente, secretaria del Departamento de la Familia, indicó que avalan la medida citando que “es la política pública de este gobierno, la protección integral de todo niño y dentro los crímenes que se cometen contra la niñez, este… es de los más graves y más serios”. Roig Fuentes explicó que, en la mayoría de los casos, el abuso es “intrafamiliar”. “Una persona [que ha cometido un delito de esta naturaleza] no debe tener la menor impunidad y, ciertamente, pierde su derecho a relacionarse con un menor a quien le ha violentado su intimidad”, añadió la secretaria al discutir la viabilidad de restringir el derecho a compartir a través de una “orden de protección duradera” como propone el Proyecto del Senado 169.

Ante una pregunta realizada por el portavoz alterno del Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa, la licenciada Giselle Rosa González, directora de la Oficina de Legislación y Reglamentos de la Oficina de Administración de Tribunales, aclaró que “en el caso en que sea madre, padre o persona responsable… el tribunal emite unas medidas provisionales y unas condiciones de acuerdo a los hechos particulares del caso en protección del menor o de cualquier víctima”.  Entre estas medidas se encuentra una orden de alejamiento, como puede ser la suspensión de relaciones filiales bajo una orden de protección con un periodo de vigencia corto que puede ser activada de inmediato por el tribunal, según explicó Rosa González.

De otra parte, en su memorial explicativo el DEPR expresa que “es indispensable que ante la sospecha fundada de que un menor está siendo víctima de abuso sexual, se tomen medidas inmediatas para garantizar su protección y evitar una nueva victimización… consideramos prudente que se tomen medidas preventivas y de seguimiento para una restricción de contacto con el supuesto agresor… de forma tan prolongada como sea necesario para proteger al menor y su entorno”.

Ustedes son los héroes



La gobernadora Jenniffer González Colón y el primer caballero José Yovín Vargas Llavona recibieron a los 12 bomberos que realizaron trabajos de rescate en la República Dominica que llegaron hoy a la isla. 

 En el recibimiento estuvieron Josué Piñeiro Torres, comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico junto a varios otros miembros del cuerpo; Veronica Ferraiuoli secretaria de Estado; Norberto J. Negrón Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos; José Ángel Reyes Cañada- Comisionado del Negociado del Sistema de Emergencias 911; el Doctor Ángel Jiménez Colón- Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres;  José Tirado- Presidente del Sindicato de Bomberos; y Jaime Rosado- Secretario Auxiliar de Operaciones e Inteligencia del Departamento de Seguridad Pública en representación del secretario Arturo Garffer.

La gobernadora elogió la pronta respuesta, el trabajo y profesionalismo de los bomberos a quienes calificó como héroes. 

 Los bomberos llegaron hoy cerca del mediodía en un avión de la Fuerza Aérea de República Dominicana cuyo grupo estaba comandado por el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Santi Porti. 

AleJosë Coloreando el Cielo con su nuevo álbum "Nada Será Igual"



“Coloreando el cielo” el nuevo tema para el cantautor puertorriqueño AleJosë, del álbum “Nada será igual”. Disponibles desde el jueves, 10 de abril de 2025 en todas las plataformas digitales como Spotify, ApppleMusic, Youtube, Amazon Music y demás sitios de “streaming”.

El sencillo que será lanzado para dar a conocer el proyecto es “Coloreando el cielo”, que es un tema que te transportará a la década de los ochenta y trata de una relación pareja donde una de las partes sabe que su relación llegará a su final, pero aun así quiere dar lo mejor si y brindarle una rosa llena de colores. Otra de las canciones del álbum y más importante para AleJosë es “Vivir para ti”, tema que escribió para su hija de varios meses de nacida.

Alexis José Vargas Hernández natural de Levittown, Toa Baja y ahora residente de Bayamón, Puerto Rico, mejor conocido como AleJosë, es un talentoso cantautor y guitarrista puertorriqueño que lleva demostrando sus talentos en la música alrededor de dos décadas. A sus 11 años comienza a tocar guitarra y se enamora de la música gracias a la influencia de su papá que le enseña el amor a la música. 6 años después ya era integrante de bandas locales, demostrando su talento como guitarrista y corista, ganándose así poco a poco un lugar en la música. En el año 2016 inicia su rumbo como solista y ganando un sitial privilegiado en diferentes “venues” del patio con su concepto. Una de las primeras oportunidades la recibió cuando fue uno de los talentos jóvenes en presentarse en la serie de conciertos del “Uforia Lounge” de la reconocida emisora KQ 105. A raíz de esa presentación se presenta en la verbena del prestigioso colegio Marista en Guaynabo, Puerto Rico. Por años ha sido portavoz de la fundación sin fines de lucro Make-A-Wish Puerto Rico siendo la imagen de varias de sus campañas. Actualmente se encuentra enfocado en este lanzamiento de su primer álbum de estudio, que promete reforzar su trayectoria y convertirlo en la nueva estrella de la música popular de Puerto Rico.

Síguelo en sus redes sociales como AleJosë Acústico en Instagram y Facebook, en YouTube: https://www.youtube.com/.../UCVsgEDB-mkuu3b-5XEdDiYA/videos

Senado aprueba medidas de la mayoria



El Senado de Puerto Rico aprobó ayer, en Sesión Ordinaria, una serie de proyectos presentados por la mayoría parlamentaria, así como medidas de administración de la gobernadora Jenniffer González Colón previamente avaladas por la Cámara de Representantes.

En materia de bienestar animal, se aprobó el Proyecto del Senado 100, del vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, que enmienda la Ley 154-2008 para aumentar la multa por abandono animal a entre $5,000 y $10,000, y establece un reglamento para el manejo de equinos realengos sin custodia. Esta medida responde a una problemática creciente en municipios como Vieques, Ponce, Vega Baja y Juncos. El Negociado de la Policía deberá implementar dicho reglamento y ofrecer talleres de adiestramiento. También se crea un Registro de Ofensores de la Ley 154.

Se avaló además el Proyecto del Senado 103, también de Ríos Santiago, que establece el Plan de Alerta AZUL para facilitar la localización de sospechosos que agredan a policías o para activar rescates de oficiales desaparecidos. Según su exposición de motivos, la medida fortalece la protección y el reconocimiento a los agentes del orden público.

Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 109, del mismo legislador, que crea la Ley para establecer el uso obligatorio de torniquetes en la Policía de Puerto Rico. Esto incluye su distribución en patrullas y su incorporación al currículo de adiestramiento policial.

Por su parte, el Proyecto del Senado 334, por petición presentado a través del senador Ángel Toledo López, enmienda la Ley 60-2014 para permitir que el Ayudante General de Puerto Rico utilice vehículos oficiales fuera del horario laboral. La medida reconoce la naturaleza ininterrumpida de sus funciones, particularmente en situaciones de emergencia.

También se aprobó el Proyecto del Senado 196, de Toledo López, que autoriza acuerdos entre el Departamento de Educación y la UPR para que profesores y estudiantes brinden apoyo en escuelas públicas mediante el “Programa de Alianzas Universitarias”.

El Senado dio paso al Proyecto del Senado 178, también de Toledo López, que requiere adiestramientos obligatorios sobre los derechos de las personas con impedimentos para supervisores en agencias, municipios y entidades gubernamentales. Estas capacitaciones serán ofrecidas por la Defensoría de las 

Personas con Impedimentos.

Del mismo autor, se aprobó el Proyecto del Senado 184, que extiende de 26 a 29 años la edad máxima para que jóvenes puedan acogerse a la exención contributiva sobre ingresos generados por trabajo o servicios. La medida reconoce la realidad actual de educación prolongada y empleo tardío entre los jóvenes.

Asimismo, el Proyecto del Senado 241, también de Toledo López, impone sanciones más severas por la venta o distribución de productos de tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos, a menores de 21 años. Establece multas de $10,000 por incidente y suspensiones de licencia por 12 meses.

Se aprobó además el Proyecto del Senado 129, presentado por petición por el portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, que crea el “Programa de Capellanía Institucional Comunitaria”, adscrito a la Policía de Puerto Rico, para ofrecer apoyo emocional a víctimas y victimarios de delitos.

El Proyecto del Senado 135, también de Matías Rosario, enmienda la Ley de Reforma Educativa para permitir que víctimas de violencia doméstica matriculen a sus hijos en escuelas cercanas a su residencia o de su preferencia, y les otorga prioridad en el Programa de Libre Selección de Escuelas.

De igual forma, se aprobó el Proyecto del Senado 126, que extiende automáticamente los beneficios de filas de servicio expreso y turnos de prioridad durante emergencias oficiales, incluyendo a personal de salud y primeros respondedores.

La senadora Migdalia Padilla Alvelo logró la aprobación del Proyecto del Senado 207, que crea la “Ley de Manejo de Estudiantes con Dermatitis Atópica en las Escuelas Públicas y Privadas”, para establecer protocolos de tratamiento y prevenir discrimen por condición médica.

Igualmente, se aprobó su Proyecto del Senado 444, que dispone que si Hacienda no evalúa en 60 días una solicitud de exención contributiva de una entidad sin fines de lucro, se otorgará automáticamente una exención provisional por un año.

El portavoz alterno de la mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, obtuvo el aval para el Proyecto del Senado 277, que enmienda la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002 para autorizar su membresía en Bancos Federales de Préstamo para Vivienda y facilitar procesos en sindicatura o disolución junto a COSSEC.

También se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 31, de la representante Marissita Jiménez Santoni y el presidente senatorial, para transferir al Municipio de Ceiba el título de propiedad de un predio de 74.58 cuerdas en Roosevelt Roads por un dólar, con fines de desarrollo económico.

Medidas Camerales y de Administración.

En cuanto a medidas de la minoría, se aprobó el Proyecto del Senado 316, de los senadores Ada Álvarez Conde y José “Josian” Santiago, que armoniza el Artículo 1.037 del Código Municipal con enmiendas previas, fortaleciendo la gobernanza municipal.

En cuanto a proyectos provenientes de la Cámara de Representantes, se aprobó el Proyecto de la Cámara 6, del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, que restituye la facultad del DCR para emitir Certificados de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar. Esto permitirá que personas exconfinadas accedan a empleo en municipios, salvo en casos de delitos graves.

También se aprobó el Proyecto de la Cámara 29, que autoriza a oficinas públicas a gestionar sus propios seguros, y el Proyecto de la Cámara 43, que permite renovar indefinidamente planes médicos individuales bajo normas federales de transición.

Asimismo, el Senado dio paso a dos medidas de Administración. En primera instancia el Proyecto de la Cámara 397, que crea la Oficina Enlace para el Apoyo y Registro de las Personas con Enfermedades Raras, adscrita al Departamento de Salud, para recopilar información y canalizar recursos a esta población.

Finalmente, se aprobó el Proyecto de la Cámara 418 también de Administración, que garantiza el derecho de toda mujer a recibir atención directa de un ginecólogo-obstetra durante el embarazo y hasta un año después del parto, sin necesidad de referido médico. La medida modifica la Carta de Derechos del Paciente, la Ley de ASES y el Código de Seguros.

Confirmaciones y Resoluciones

El Senado también aprobó varias resoluciones legislativas, incluyendo la R. del S. 52, del senador Jeison Rosa Ramos; la R. del S. 56, de la senadora Wandy Soto Tolentino; la R. del S. 63, del senador Morales Rodríguez; la R. del S. 84 y la R. del S. 97, ambas de Rosa Ramos; y la R. del S. 89, de la senadora Roxanna Soto Aguilú.

En cuanto a nombramientos, el Cuerpo confirmó a la licenciada Thais M. Reyes Serrano y al licenciado Luis O. Castro Rosso como fiscales auxiliares II; a la doctora Germain Rodríguez Ferrer y a la doctora Maruja Santiago Vélez como miembros de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica; a la licenciada Leila Rolón Henrique como miembro del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente; y a Federico Stubbe González como miembro de la Junta de Directores de “Puerto Rico como Destino” (DMO).