sábado, 5 de abril de 2025

Federación LGBTQ+ denuncia aprobación senatorial de medida que criminaliza a padres y médicos por cuidar de juventud trans



La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la aprobación senatorial del proyecto de ley que criminaliza a padres, madres y médicos que decidan ofrecer terapias de afirmación de género a la niñez y juventud trans.

"El aprobar esta medida —por descargue y sin vistas públicas— constituye un ataque directo a los derechos de la niñez y juventud trans poniendo en riesgo su bienestar físico y emocional. El Proyecto del Senado 350 representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación. 

"Al no realizar vistas públicas, el Senado ignora la evidencia científica y las recomendaciones de organizaciones médicas y psicológicas, como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud. Estas entidades han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans", indicó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

“El PS 350 también pretende imponer sanciones draconianas a los profesionales de la salud que brinden estos tratamientos, criminalizando el ejercicio médico basado en evidencia científica. Esto no solo viola el derecho de la niñez y juventud trans a recibir atención médica adecuada, sino que además interfiere en la relación médico-paciente y vulnera la autonomía de las familias para tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos, hijas e hijes”, sentenció Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación. 

“Esta legislación no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas. Estudios han demostrado que la falta de acceso a afirmación de género aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes trans. En lugar de proteger a la niñez y juventud trans, esta medida les expone a un mayor sufrimiento y vulnerabilidad”, dijo, por su parte, Güarix Agosto, tesorera alterna de la Federación. 

“Hacemos un llamado a la Cámara de Representantes a rechazar esta medida discriminatoria. Es su deber, garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o su identidad de género, tengan acceso a atención médica basada en evidencia y libre de prejuicios”, concluyeron los portavoces. 

Representante Reinaldo “Rey”Figueroa levanta bandera sobre implementación de escuelas STEAM



El Representante del Partido Popular Democrático y portavoz en la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, Reinaldo “Rey” Figueroa, manifestó inquietudes respecto a la implementación del Proyecto de la Cámara 334, que establece un programa piloto de escuelas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) en los tres niveles educativos.

“Si bien apoyamos toda iniciativa que busque ampliar las oportunidades educativas para nuestros estudiantes, es esencial garantizar que su ejecución sea transparente y efectiva”, señaló el Representante Figueroa.

Entre las preocupaciones destacadas por el legislador se encuentran:

-Falta de vistas públicas: No se realizaron audiencias para aclarar dudas y obtener insumos de la comunidad educativa y otros sectores interesados.

-Ausencia de la presidenta de la comisión: Durante la reunión ejecutiva, la presidenta de la comisión no estuvo presente para responder preguntas. En la sesión de hoy, se solicitaron aclaraciones adicionales sin obtener respuestas satisfactorias.

-Financiamiento: El Departamento de Educación indicó que se requieren fondos recurrentes para este proyecto, especialmente considerando los recientes recortes federales.

-Estudios previos: El secretario de Educación, Eliezer Ramos, mencionó que existen 62 escuelas especializadas, las cuales se establecieron tras estudios de necesidades. No se tiene información sobre si se han realizado estudios similares para estas nuevas escuelas STEAM.

-Ubicación de las escuelas: No se ha especificado dónde se establecerán estas escuelas, lo que genera incertidumbre sobre la distribución geográfica y el acceso para los estudiantes.

-Continuidad educativa: Si las escuelas se establecen en diferentes municipios dentro de la misma región educativa, surge la pregunta de cómo se garantizará la continuidad para los estudiantes que deseen seguir en el programa.

-Contratación de maestros: No se ha detallado cómo se llevará a cabo el proceso de contratación de docentes especializados para estas escuelas.

-Criterios de admisión: Es fundamental conocer cuáles serán los criterios para el reclutamiento de los estudiantes que participarán en el programa.

-Capacitación docente: Se requiere información sobre cómo será la formación de los maestros y qué instituciones serán responsables de dicha capacitación.

Figueroa enfatizó la importancia de abordar las inquietudes para asegurar el éxito del programa piloto de escuelas STEAM y garantizar que los estudiantes de Puerto Rico reciban una educación de calidad.

“Nuestro compromiso es con una educación pública de excelencia. Para lograrlo, es imprescindible que cada paso en la implementación de nuevos programas sea dado con transparencia, planificación y responsabilidad”, concluyó el Representante Figueroa.

Federación de Alcaldes de Puerto Rico celebra reunión mensual para atender asuntos prioritarios de los municipios



La Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) celebró ayer en Cidra su reunión mensual con una agenda enfocada en lograr acuerdos de colaboración con Luma Energy y con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP).

El presidente de la FAPR, Gabriel Hernández Rodríguez, informó que solicitaron a Luma Energy la firma de acuerdos de colaboración para agilizar las labores de desyerbo y cambio de luminarias en sus municipios. Anunció que la utilidad propuso la creación de un comité de trabajo al que Hernández nombrará a los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera y a la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera.

De otro lado, Hernández Rodríguez señaló que junto al director ejecutivo de OMEP, trabajan para la formalización de una alianza que delegue a los municipios el mantenimiento de las escuelas públicas antes del regreso a clases en agosto. “Lo importante es que para mayo ya tengamos los contratos firmados y sepamos qué tareas llevaremos a cabo”, indicó.

Durante el encuentro, los alcaldes federados atendieron también a otros funcionarios entre ellos el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos y el director ejecutivo del Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua. Entre los temas principales que discutieron con estos funcionarios se destacó el diálogo con el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua, sobre el impuesto al inventario y el de Rivera Berríos sobre los fondos municipales bajo custodia de la OGP, el nuevo presupuesto y los acuerdos sobre las amas de llaves y la implementación del tercer turno para paramédicos.

Por otro lado, el representante del Ejército de la Reserva de los Estados Unidos, Celso Ramos Caraballo, presentó el proyecto “Líderes del Futuro”, una iniciativa que busca desarrollar el potencial de jóvenes en las comunidades.

Comunidades y organizaciones denuncian que le molesta el ruido que hace la compania Steri Tech



Residentes de varias comunidades y organizaciones ambientales de Salinas realizaron una manifestación frente a la empresa Steri Tech, a la cual acusaron de continuar poniendo en peligro la salud y calidad de vida de quienes viven en sus alrededores, incluyendo a estudiantes de escuelas cercanas.

En 2022, la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA por sus siglas en inglés) confirmó la presencia de concentraciones elevadas de óxido de etileno (EtO) en el aire mediante muestreos realizados en distintos puntos alrededor de la planta de Steri Tech, que opera desde 1986. La planta utiliza este elemento tóxico para esterilizar los equipos médicos.

Según la agencia federal, la contaminación causada por la planta esterilizadora ha expuesto a cientos de familias a un mayor riesgo de desarrollar cáncer y otras afecciones de salud.

“Seguimos bien preocupados en la comunidad por la continua exposición de nuestra gente al EtO. Lamentablemente, tenemos un alto numero de vecinos que han fallecido de cáncer. Hoy mismo nos enteramos de una vecina que acaba de fallecer, y esta supo de su condición hace unas cuantas semanas. No queremos que nuestra gente siga enfermando y muriendo”, expresó Wanda Ríos Colorado, presidenta de la Asociación de Residentes de La Margarita.

La líder comunitaria dijo que las protestas de la comunidad van a continuar hasta que Steri Tech detenga el uso del EtO y utilice otras alternativas menos nocivas a las personas y el ambiente.

Por su parte, la Lcda. Ruth Santiago Quiñones, portavoz del Comité Diálogo Ambiental comentó sobre la evidencia que existe del incumplimiento por parte de Steri Tech.

“Tenemos evidencia del daño que hace Steri Tech con el uso de EtO. Los propios estudios hechos por la compañía demuestran que están tirando cantidades excesivas por encima de lo dispuesto por reglamentación. Se supone que estuvieran recogiendo el 99.9 por ciento de esos gases tóxicos. Sin embargo, sólo están recogiendo un 93 por ciento. Ese 6 por ciento de diferencia hace mucho daño. Eso es un pesticida altamente tóxico que por años han estado tirando”, comentó la Lcda. Santiago.

La abogada ambiental aseguró que cientos de personas están siendo afectadas, no sólo por la contaminación, sino también por el ruido que surge de la planta.

“En un estudio encomendado a la empresa Thornton Acoustics & Vibrations se determinó que el ruido emitido por Steri Tech durante las noches es 2 veces y media los niveles de ruido permisible por la reglamentación. Lo que expone constantemente a esta comunidad, y no permite el descanso de los vecinos y de las personas que vivimos aquí en la Urb. La Margarita, igual que en el Res. Brisas del Mar, Y Villa Cofresí entre otras”, explicó Ruth Santiago Quiñones.

Finalmente, el rumor de una posible ampliación de las instalaciones de Steri-Tech, ha generado una creciente oposición por parte de los residentes y grupos ambientales.

 “Ya estamos sufriendo los efectos del ruido y la contaminación actual. Una expansión sólo agravaría el problema y pondría en mayor riesgo la salud de nuestras familias. Exigimos acción inmediata de la gobernadora, la alcaldesa de Salinas, el Departamento de Salud, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y todos los líderes políticos. No podemos permitir más negligencia ante una amenaza que pone en riesgo la vida de los residentes de Salinas, especialmente en La Margarita. Es su deber protegernos. ¡Actúen ya!”, afirmó Wanda Ríos Colorado.

Radican cargos contra manifestantes de Rincon por obstruir construccion



La fiscalía de Aguadilla y agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Rincón, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos contra Thomas Bruce Schereiber de 24 años, David Harold Scheible de 73 años, Brendan Lawrence Keeley de 53 años, todos residentes de Rincón. El caso se consultó con la fiscal Milagros Guntin Pagán, quien instruyó radicar cargos por el Art. 200(B) CP (Obstrucción o Paralización de Obras).

Según la investigación, para la fecha del 12 de marzo de 2025, los imputados obstruyeron la labor de la compañía Tamrio, cuyos empleados trabajaban en la construcción de un paseo lineal en la carretera PR-413 hacia la entrada del Faro en Rincón.  
La prueba fue presentada ante el juez Davier Alfaro Alfaro, quien luego de escuchar y evaluar la misma, determinó causa probable e impuso una fianza global de $9,000.00, la cual prestaron, quedando en libertad hasta el día de la vista, la cual fue señalada para el 15 de abril de 2025.
La investigación estuvo a cargo del agente Héctor Soto Orama, bajo la supervisión del sargento Fabian Del Valle, del Distrito de Rincón.

CABE rechaza estrategias de criminalización, invisibilidad, discrimen y demonización contra las comunidades LGBTTIAQ+



El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) denunció lo que ha denominado como un conjunto de estrategias para criminalizar, invisibilizar, discriminar y demonizar a las comunidades LGBTTIQA+ y otras comunidades en situación de vulnerabilidad que incluyen, entre otras, la reciente aprobación el Senado de Puerto Rico del mal denominado proyecto de libertad religiosa (PS1) y otro para criminalizar las terapias de afirmación de género (PS350), las expresiones de la gobernadora de Puerto Rico dirigidas a prohibir la utilización de los baños acorde a la identidad de género de las personas, la determinación de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico de eliminar el Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad y  las intenciones de la Senadora Joan Rodríguez Veve de imponer a las agencias del ejecutivo que eliminen sus políticas de diversidad, equidad e inclusión en un intento más de limitar los derechos de las comunidades LGBTTIAQ+ utilizando como excusa las órdenes ejecutivas del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. 

CABE sostiene que el denominado Proyecto de Libertad Religiosa lo que propone es dar una licencia e inmunidad para que en Puerto Rico se pueda discriminar abiertamente contra miembros de las comunidades LGBTTIQA+, entre otras, y dar inmunidad a sectores que utilizan la religión como pretexto para ocultar sus prejuicios y políticas de exclusión.  Por otro lado, CABE rechaza todo intento de invisibilizar y negarle la dignidad y disfrute pleno de sus derechos a las personas de experiencia trans en nuestro país.

 

CABE le recordó tanto a los miembros de nuestra legislatura, a la senadora Rodríguez Veve como a todos los funcionarios electos y jefes de agencia su obligación de proteger los derechos humanos, civiles y constitucionales de la población así como el hecho de que existen derechos protegidos por la Constitución del Estado Libre Asociado que no pueden quedar al arbitrio de los caprichos y las visiones dictatoriales del presidente de la nación Norteamérica así como no dejarse intimidar por personajes de la política puertorriqueña que pretenden utilizar a las comunidades LGBTTIAQ+ como punta de lanza en su afán de perseguir sus intereses personales y politiqueros.

 

“Las medidas aprobadas en el día de ayer en conjunto con otras muchas presentadas en ambos cuerpos legislaturas, las desafortunadas expresiones de la Gobernadora, las actuaciones de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, las pretensiones de la senadora Rodríguez Veve, entre muchas otras, unidas a las políticas discriminatorias del presidente Trump constituyen un esfuerzo maquiavélico y concertado para eliminar los derechos y la mera existencia de los miembros de las comunidades LGBTTIAQ+ como parte de nuestra sociedad y no estamos dispuestos a permitirlo”, afirmó el Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

 

“Tan peligroso y abiertamente discriminatorio es el denominado proyecto de libertad religiosa que permite la negación de servicios y exime de la obligación de actuar conforme a los cánones de sus correspondientes disciplinas a personas cuyas profesiones están reguladas por el estado cuando se escuden bajo el manto de “la religión.  Aun cuando el proyecto incluye una sección para alegadamente prohibir el discrimen, cuando propio texto es discriminatorio en sí mismo, que el proyecto aprobado eliminó expresamente la identidad de género como grupo protegido contra la discriminación.  Esto unido a la criminalización de los procesos de afirmación de género que son necesarios para proteger la dignidad e incluso la propia vida y existencia de las personas de experiencia trans”, añadió Burgos Pérez.

 

“Las políticas de diversidad, equidad e inclusión van mucho más allá de los derechos de nuestras comunidades LGBTTIAQ+[1], aparte de que independientemente de lo que pueda indicar el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, estas políticas en Puerto Rico están fundamentadas en los principios recogidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que esta senadora y los jefes de agencia están llamados a proteger”, expuso la Dra. Ángeles Acosta Rodríguez, portavoz de CABE.

 

“El hecho de que la Senadora Rodríguez Veve se sienta con la autoridad de exigir al Secretario de Salud que elimine políticas de diversidad, equidad e inclusión en su agencia así como llamar a otras a agencias a identificar tales políticas no es más que un intento burdo de intimidar a los funcionarios públicos en cuestión en su afán de limitar derechos a nuestras comunidades”, añadió Acosta Rodríguez.

 

“Esta obsesión patológica y freudiana de la Senadora Rodríguez Veve cuya visión de los derechos de diversidad, equidad e inclusión no van más allá de las diversidades sexuales y de género no tiene otro fin que adelantar sus intereses particulares de mantenerse en un puesto a costa de la limitación de los derechos de las comunidades”, sostuvo. Burgos Pérez,.

 

“No podemos olvidar que nuestra constitución protege derechos que son mucho más amplios que los reconocidos a nivel federal tales como la dignidad humana, el derecho a la intimidad y la protección contra el discrimen, base fundamental para las políticas de diversidad, equidad e inclusión en nuestro archipiélago”, indicó la Prof. Janice Solivan, otra de las portavoces de CABE.

Senado evalúa proyecto para agilizar procesos de permisos en Puerto Rico



La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo presidida por el senador Héctor “Gaby” González López evalúo hoy en vista pública el Proyecto del Senado 81 de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, para hacer más eficiente el proceso de permisos en Puerto Rico, al tiempo que reafirma la función fiscalizadora del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y consolida la responsabilidad decisional en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

El Proyecto del Senado 81 propone enmiendas a la Ley 161-2009, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, con el objetivo de agilizar los procesos de permisos y reforzar la eficiencia del sistema actual. La medida establece que, si una agencia gubernamental no emite sus recomendaciones dentro del término establecido, se entenderá que no tiene objeciones al proyecto propuesto. Asimismo, dispone que dichas recomendaciones no serán vinculantes y que la decisión final sobre un permiso deberá basarse en la totalidad del expediente administrativo.

El licenciado Norberto Almodóvar Vélez, secretario auxiliar de la OGPe explicó que las enmiendas proveen a la agencia las herramientas necesarias para continuar cumpliendo con su misión ministerial de otorgar los permisos bajo un sistema ágil y eficiente.

“Estas reformas al sistema de permisos no son simplemente cambios administrativos; representan una transformación real en la vida de los puertorriqueños que buscan construir su hogar, expandir su negocio o crear nuevas oportunidades de empleo. Al agilizar estos procesos, no solo facilitamos el desarrollo económico en términos abstractos, sino que eliminamos barreras concretas que por décadas han frustrado las aspiraciones y sueños de miles de familias y empresarios puertorriqueños”, expresó Almodóvar Vélez.

No obstante, ante la disposición que establece que, si no se emiten recomendaciones en el término establecido, se entenderá que no existen objeciones, el funcionario recomendó permitir una extensión de 30 días adicionales para aquellas agencias, municipios o entidades que así lo soliciten. A preguntas del presidente de la Comisión, advirtió que aprobar proyectos sin recomendaciones podría acarrear “resultados crasos”.

En respuesta a las preocupaciones de los senadores Ángel Toledo y Eliezer Molina sobre la disponibilidad de personal, Almodóvar Vélez reiteró que la OGPe cuenta con el personal y la capacidad necesaria para manejar la carga de trabajo y de permisología.

Por su parte, el ingeniero Jorge Guerrero, en representación de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, respaldó la medida, destacando que “tener diversos organismos que emiten o deniegan permisos resulta en un proceso fragmentado que no abona a la eficiencia y la centralización de un sistema de permisos con enormes retos”. Añadió que una de las disposiciones más importantes es que el DRNA no emite permisos, sino que asesora a la OGPe en la fiscalización y cumplimiento de la política pública.

El proyecto afirma la supremacía de la Ley 161-2009 sobre otras leyes y reglamentos que puedan entrar en conflicto con sus disposiciones, garantizando así la coherencia y uniformidad del proceso de permisos en Puerto Rico. También, se proponen cambios a la Ley Orgánica del DRNA para reforzar su rol de asesoría y apoyo técnico, sin delegarle decisiones vinculantes, promoviendo así un balance entre la protección ambiental y el desarrollo económico.

En cuanto a la posición de la DRNA, la directora de la Oficina de Asuntos Legales, licenciada Brendaliz González Méndez, aseguró que el P. del S. 81 tiene un propósito loable y el “DRNA recomienda favorablemente la aprobación de esta pieza legislativa, la cual viabilizaría la centralización de los permisos en la OGPe”. Aunque sentenció que, el Departamento se encuentra aún en el proceso de llenar las vacantes de biólogos y agrimensores que permitirían un avance y menor tiempo de espera en la concesión de permisos.

La medida requiere que tanto el DRNA como la Oficina de Gerencia de Permisos adopten, en un plazo de 180 días, todas las reglamentaciones necesarias para cumplir con sus disposiciones. “Estamos conscientes del término, y ya el secretario Waldemar Quiles delegó la encomienda de comenzar a evaluar la reglamentación”, adelantó González Méndez.

Por otro lado, la arquitecta Alexandra Betancourt Pagán, del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), se expresó en contra de la medida por considerar que debilita el mandato constitucional del DRNA para custodiar los recursos naturales de la Isla. Como alternativa, recomendó evaluar el sistema interno del DRNA con el fin de identificar oportunidades para agilizar sus procesos sin comprometer sus funciones.

A preguntas del senador Adrián González, Betancourt Pagán sostuvo que una fiscalización efectiva debe facilitar la participación técnica de las agencias mediante comentarios, antes de prescindir de ellos para otorgar permisos.

A su vez, el ingeniero Manuel Bermúdez Pagán, en representación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), no asumió una postura oficial sobre la medida, pero ofreció varias recomendaciones. Entre ellas, eliminar la extensión de 15 días para someter recomendaciones, pues a su juicio, las agencias deben contar con la información necesaria desde el inicio. Asimismo, propuso que se establezca un término límite para que la OGPe emita sus determinaciones.

Finalmente, aunque la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) no compareció a la vista pública, envió un memorial explicativo en el que expresó su apoyo a la medida, siempre y cuando se cumpla con las leyes ambientales y federales aplicables.

“La OECH no tiene objeción a las enmiendas propuestas. Sin embargo, recomendamos que durante el proceso de conceder permisos bajo el amparo de la Ley 161-2009, se les aperciba a los solicitantes de asegurarse también cumplir con las leyes ambientales federales aplicables. Esto para no poner en riesgo la otorgación de fondos o licencias federales requeridas para desarrollar los proyectos concernidos”, cita el memorial.