La Delegación del Partido Popular Democrático (PPD) cuestionó la decisión del director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, de restringir el accesos a los informes financieros de los servidores públicos, asegurando que representa un retroceso en cuestión de transparencia y rendición de cuentas.
“Una herramienta que existía para garantizar la fiscalización ciudadana, ahora se elimina, sin una justificación. No puede ser que, de la noche a la mañana, se decida que la información que permitía identificar conflictos de interés, prácticas cuestionables y posibles actos de corrupción ya no sea accesible. ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Qué se busca ocultar? ¿A quién protege esta decisión?”, cuestionó el portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago.
Ferrer Santiago además resaltó el silencio de la OEG ante el nepotismo y los posibles conflictos de interés del Secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en la contratación de asesores financieros en el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). “¿Dónde está la intervención de Ética Gubernamental? ¿Existe una dispensa ética? ¿Se ha evaluado el riesgo que representa? En el día de hoy, emplazamos a Luis Pérez Vargas, a expresarse, y no continuar haciéndose de la vista larga”, subrayó Ferrer.
“Esta falta de coherencia en el manejo de la información pública por parte del gobierno de Jenniffer González es altamente cuestionable. En lugar de fortalecer la confianza en el gobierno, optan por ocultar información. Ante un cambio de gobierno, y con el mismo director, esta arbitrariedad mina la credibilidad de la agencia y deja la puerta abierta a interpretaciones peligrosas sobre su verdadera independencia”, añadió Ferrer Santiago.
Por su parte, el portavoz alterno, Domingo Torres García resaltó el efecto de limitar el acceso a la información a la prensa, organizaciones y ciudadanos. “Aquí hay una intención clara de eliminar una herramienta esencial para vigilar el uso de los recursos del pueblo. Cuando se eliminan estos mecanismos de supervisión, se facilita el encubrimiento y se debilita la lucha contra la corrupción”, sentenció Torres García.
En días recientes, se informó que el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, eliminó información esencial de los resúmenes de los informes financieros de los servidores públicos que publica la agencia en su página electrónica.
En ese contexto, los legisladores populares insistieron en la aprobación de los proyectos PC 257 y PC263 que buscan una reingeniería del aparato anticorrupción.
“No podemos continuar con agencias ineficientes, burocráticas y que, en lugar de velar por la ética, terminan limitando la fiscalización. La OEG debe ser parte de este rediseño, repensando su estructura, y que esas funciones preventivas esté en manos de un ente más eficiente”, manifestaron los representantes populares.
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