Enfocada en impulsar la prosperidad económica para todos en la Isla, Jenniffer González Colón continúa presentando Acción por Puerto Rico, con más propuestas esta vez en el campo de energía. La misma está enfocada en construir un sistema que atraiga inversión económica, que permita abaratarle los costos a los pequeños y medianos comerciantes, a la manufactura, a los consumidores, que elimine el impacto al medioambiente de las plantas de combustible obsoletas o ineficientes, con un gobierno que entienda la urgencia con que se tiene que completar la transformación energética en Puerto Rico.
“El gobierno tiene que ser parte de la solución para la estabilidad y seguridad de la red eléctrica, tomando un rol más activo, contribuyendo de manera directa a reducir la carga al sistema y produciendo energía de menor costo para reintegrar al sistema y así ahorrarle dinero a la gente en su bolsillo”, expresó la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
La modernización de la red eléctrica ha sido prioridad para Jenniffer González Colón tanto como congresista al asegurar la asignación histórica federal para reconstruir todo el sistema eléctrico, la fiscalización del desembolso y uso de esos fondos como candidata a la gobernación.
“De materializarse la propuesta de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, los clientes residenciales serán impactados con sobre $20.00 más en su factura cada mes-solo con el cargo del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), hay que esperar por el cálculo de las pensiones y su división y asignación de fuentes de pago; eso es totalmente inaceptable para nosotros. Venimos de varios años con marcados excesos en recaudos en Hacienda. Estos deben ser pasados al Pueblo. Usar una gran parte de estos no esperados recaudos, como hemos dicho desde el 2022, para mitigar el impacto del PAD es una prioridad”, expresó el portavoz del PNP en la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez.
Acompañaron a la congresista y al portavoz los representantes Ángel Peña y Yashira Lebrón; los aspirantes a representantes por Acumulación Roberto Lefranc Fortuño, el doctor David Figueroa y Tatiana Pérez; los aspirantes al Senado Marlene Maldonado (Acumulación), Félix Lasalle (Mayagüez-Aguadilla) y Nelson Cruz (Ponce).
Situación Fiscal
En julio de 2017, se radicó la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Un sistema débil resultado por años de abandono y falta de mantenimiento, junto con la falta de liquidez del monopolio energético causado por el malgasto de miles de millones de dólares del pueblo de Puerto Rico hicieron esto inevitable.
Como consecuencia de la devastación del huracán María y de los terremotos del 2020, la comisionada residente pudo asegurar un flujo de financiación de parte del gobierno federal nunca antes vista para la recuperación y restauración de nuestra red eléctrica:
• $4,900 millones en Asistencia Pública para reparaciones de emergencia por huracanes y terremotos.
• $9,500 millones en fondos federales de FEMA para la reconstrucción a largo plazo del sistema de transmisión, distribución y generación, para subestaciones, represas y medidas ambientales.
• $1,800 millones en fondos de CDBG-DR que se han destinado para la mejora del sistema eléctrico.
Además de eso, desde el Congreso se asignaron $1,000 millones más, a través del Departamento de Energía, para apoyar la recuperación en las comunidades a través de un programa para brindar a las familias de bajos ingresos y a las personas con discapacidades acceso a energía solar residencial.
“Aun con esas asignaciones históricas— suficientes para reconstruir por completo un sistema eléctrico de primera, que aguante el próximo María y más— hoy en día continuamos enfrentando una inestabilidad extrema en el suministro de energía, con apagones prolongados, a diario y generalizados. Continuamos con un sistema que apenas puede satisfacer la demanda, y cualquier pico, especialmente durante el verano, podría tumbarlo. Vivimos esto tan reciente con el fin de semana pasado, cuando sobre 200 mil abonados nos quedamos sin servicio de luz debido a problemas de relevo de carga. El Gobierno contrató a LUMA y Genera para que mejoraran el servicio y generaran ahorros para el bolsillo del consumidor. Y les pregunto, ¿eso es lo que la gente ha vivido en estos últimos 3 años?”, cuestionó la congresista.
Propuestas
★ Promover una política energética coherente para lograr una mejor coordinación y ejecución por los componentes del Gobierno.
Ante la falta de una política pública energética coherente y de un liderazgo gubernamental efectivo para lograr su coordinación y ejecución por los componentes del Gobierno, se promulgará una Orden Ejecutiva que plasme la política pública energética y que establezca las responsabilidades de las agencias dentro de esa política pública.
★ Realizar una auditoría y establecer un plan de ejecución inmediata para todas las asignaciones federales post-María dirigidas a la reconstrucción de la red eléctrica.
La histórica asignación de fondos federales para reconstruir la red eléctrica no ha tenido impacto tangible. Los proyectos aparentan estar en etapas muy tempranas, a pesar de haber transcurrido tantos años desde que se asignaron los fondos.
★ Acabar con la práctica de contratar compañías relacionadas o subsidiarias que aumentan innecesariamente los costos al pueblo.
Se requerirá a las empresas energéticas que, para que se permita un contrato con una empresa relacionada, será necesario que se pruebe que no existe ninguna compañía en Puerto Rico que pueda proveer los servicios y que no existe otra compañía a nivel nacional o mundial que pueda ofrecer los servicios a un costo similar.
Bajo esta directriz, por ejemplo, no se le estaría pagando a Centurion Group $60 millones por un contrato de manejo de vegetación y mantenimiento con LUMA, cuando esa compañía no contaba con el personal para prestar los servicios cuando se le concedió el contrato. Este contrato le fue otorgado a menos de seis meses de que el vicepresidente de operaciones de LUMA (quien también ocupó tres vicepresidencias en la compañía matriz de LUMA) pasara a ser vicepresidente de operaciones de Centurion y, al menos dos meses, estuvo empleado en LUMA y en Centurion simultáneamente.
★ Fortalecer la estabilidad y seguridad de la red eléctrica, convirtiendo al Gobierno en un actor, en vez de un espectador, en el cumplimiento con la Ley de Política Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019).
La Ley 16-2019 requiere la integración a la red energética de energía renovable de manera masiva. Además de apoyar que se construyan proyectos de energía verde a gran escala, así como proyectos de generación distribuida, el Gobierno tiene que ser parte de la solución.
★ Fortalecer la flota de generación de energía para asegurar la estabilidad del sistema y apoyar la agenda programática de retirar plantas de energía ineficientes y dependientes en combustibles fósiles.
Procurar acción legislativa para poder realizar las inversiones necesarias para fortalecer la red, y asegurar un suministro de energía constante con una diversidad de combustibles durante la transición energética.
El uso de gas natural en una transición a renovables no es un impedimento al desarrollo de las renovables. A través de la nación, esto NO ha detenido el desarrollo de las energías renovables en escala industrial ni residencial.
Exigir a los operadores de generación, ya sean renovables o tradicionales, que provean el mantenimiento necesario y actualización a sus equipos y que cuenten con planes claros para disposición de estos terminada su vida útil.
★ Capitalizar al Fideicomiso de Energía Verde para que este apoye a los prosumidores, incluyendo a los abonados de energía de ingresos bajos y moderados.
El Fideicomiso de Energía Verde se organizó legalmente bajo la Ley 17-2019, pero aún no se le han asignado fondos para capitalizarlo. Parte importante de su misión es crear programas, iniciativas, incentivos para apoyar proyectos de energía en comunidades.
★ Trabajar con el sector privado - comercial e industrial - para asegurarles la estabilidad y seguridad energética, así coma atender el problema de los altos costos energéticos.
Los sectores productivos continúan sufriendo por la inestabilidad e inseguridad energética. Es vital que el gobierno no tan solo les dé seguimiento a las labores de reconstrucción de la red, sino que además facilite el desarrollo de alternativas para que no se interrumpa la producción de comercios e Industrias (Wheeling, cogeneración, microrredes, entre otras alternativas).
★ Exigir responsabilidad en el desempeño de los operadores del servicio y hacer que las empresas energéticas respondan a los consumidores por los daños que causen los apagones.
Identificar los recursos para que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) pueda defender adecuadamente a los consumidores y, de esa manera, acabar con los abusos que representan los apagones continuos, los enseres dañados y otros daños no compensados.
★ Ampliar el potencial de competencia para favorecer al consumidor.
Cónsono con la ley y la política pública, será prioridad potenciar la mayor cantidad de opciones de servicio y de aplicación de tecnologías siempre y cuando sean seguras, económicamente viables, probadas y adaptables a nuestro entorno.
★ Compromiso a proteger el bolsillo del consumidor para evitarle el pago por 35 años de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica
“Me comprometo, una vez el Tribunal Federal acuerde la restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica a eliminar esa deuda o reducir dramáticamente el pago para no hipotecar el bolsillo del pueblo por los próximos 35 años”, dijo González Colón.
Luego de años de negociaciones, se está evaluando un plan que reduciría la deuda de la AEE en casi un 80%, bajándola a cerca $2,600 millones, cantidad que se estima tendrán que pagar los consumidores por 35 años en su factura de luz. Ese cargo terminaría costando $7,500 millones cuando incluyes los intereses y comisiones de las emisiones de bonos.
Jenniffer González defiende el bolsillo del consumidor y propone reducir o saldar la deuda con las economías generadas del superávit que se encuentran depositadas las cuentas del gobierno. La propuesta de Jenniffer González mantendría un costo energético más accesible que no afecte la competitividad y crea un ambiente más propicio para el desarrollo económico, al igual que no impactar el bolsillo de la gente. “Es pagar $2,600 ahora o 7,500 en 35 años”, cuestionó González Colón.
★ Fiscalización de las alianzas público-privadas
Tendremos una fiscalización efectiva de todos los contratos de Alianzas Público-Privadas para asegurarnos que los fondos públicos se usen de la manera más eficiente y en beneficio del pueblo.
Esta la quinta presentación de #AcciónPR, su plataforma para resolver los problemas que más afectan a nuestro pueblo. Previamente ya había presentado sus propuestas para resolver los problemas que sufre la comunidad de adultos mayores, personas con diversidad funcional, permisos y la Universidad de Puerto Rico. |
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