La Dra. Alice Pérez Fernández del Frente Amplio de Acción Social (FAAS), advierte que el Estado y la sociedad asuman con urgencia estrategias para detener la escalada en violencias que enfrentan las niñeces y juventudes en Puerto Rico. Estas violencias responden a condiciones sociales y económicas que marcan profundamente el desarrollo de la infancia y la adolescencia. La violencia directa, como el maltrato físico y emocional, el abuso sexual o la negligencia, se suman a la violencia sistémica y estructural que emerge de las desigualdades, la precariedad y falta de acceso a servicios de salud, educación y bienestar, propician interacciones violentas personales y colectivas. ¨Enfrentamos condiciones de crisis. Como sociedad, debemos aspirar a crear condiciones para erradicar las violencias ya normalizadas, aspirando al desarrollo integral de las personas, particularmente durante las distintas etapas del crecimiento¨, afirmó Pérez Fernández.
Por su parte, la Dra. Migna Rivera García, directora del Programa Consejería Psicológica de la Universidad Albizu, alertó que datos disponibles reflejan un panorama alarmante. Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, persisten tasas elevadas de maltrato infantil en el país, mientras que informes judiciales señalan que cerca de la mitad de los menores que llegan a los tribunales presentan disturbios emocionales, dificultades familiares, económicas y escolares. Por ejemplo, en el año fiscal 2015, un 48.3 % de los menores mostró problemas emocionales, y más de la mitad reportó dificultades económicas y uno de cada tres señaló antecedentes delictivos familiares. Estas cifras confirman que la violencia infantil y juvenil no es un problema aislado, sino que está íntimamente vinculada a los determinantes sociales de la salud y a la reproducción de la desigualdad en el País.
La violencia que afecta a la niñez y la juventud en Puerto Rico debe entenderse como un problema estructural y sistémico. La precariedad económica que enfrentan muchas familias aumenta el riesgo de tensiones y maltrato. Las debilidades del sistema educativo propician la deserción y rezago escolar. Limitaciones en el acceso a servicios de salud y protección infantil obstaculizan la identificación temprana y el manejo efectivo de condiciones que impiden el desarrollo integral de las personas. Todo esto se agrava debido a la normalización del machismo y violencia de género que perpetúan relaciones desiguales de poder, que impiden el bienestar de nuestros menores.
Ante esta realidad, el FAAS sostiene que la responsabilidad de atender la violencia contra la niñez y la juventud es compartida. El gobierno y sus agencias —particularmente los Departamentos de Educación, Salud, Familia y la Procuraduría de las Mujeres— son responsables de garantizar recursos adecuados, políticas públicas integradas y protocolos claros de prevención e intervención. Padres, madres y personas cuidadoras necesitan herramientas y acompañamiento para ejercer una crianza afectiva, atenta y libre de violencia. El sistema judicial y las agencias de protección deben agilizar y fortalecer sus mecanismos de identificación, manejo y seguimiento de casos. La sociedad en su conjunto, incluyendo comunidades y organizaciones civiles, debe comprometerse en la creación de redes de apoyo y en la promoción de una cultura de respeto, equidad y denuncia responsable.
El FAAS subraya que es posible transformar esta situación mediante acciones concretas respaldadas por evidencia científica y garantías de derechos humanos de la niñez. Recomendamos la implementación de programas universales de prevención desde la primera infancia, el fortalecimiento del sistema educativo con enfoque socioemocional y perspectiva de género, y accesibilidad a servicios de salud mental especializados para menores. Es vital la unificación de datos y protocolos interagenciales efectivos, y el desarrollo de campañas públicas que visibilicen los derechos de los niños y adolescentes y eduquen a padres, madres, cuidadores y profesionales sobre señales de maltrato y recursos disponibles.
Como sociedad, nos corresponde erradicar, prevenir y erradicar violencias contra nuestras niñeces y juventudes. Esta violencia es resultado de profundas fallas estructurales y desigualdades que debemos transformar. Exhortamos a todos los sectores —gobierno, agencias públicas, familias y ciudadanía— a asumir nuestra responsabilidad compartida y actuar con urgencia y compromiso para garantizar el desarrollo integral de nuestros menores. Solo así podremos erradicar la cultura de la violencia en Puerto Rico.
