Denuncian mal funcionamiento del Sistema de Verificación de Antecedentes para el cumplimiento de la Ley 300

La representante por acumulación del Partido Popular Democrático, Swanny Enit Vargas Laureano, denunció las fallas en el sistema de verificación de antecedentes implementado para el cumplimiento de la Ley 300.

“Le envié una carta al secretario del Departamento de Salud para informarle sobre las serias deficiencias detectadas en el sistema de verificación de antecedentes implementado para el cumplimiento de la Ley 300. Este sistema, que debería garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo, no está funcionando correctamente, con lo que se pone en riesgo el cumplimiento de los proveedores de servicios a nuestras poblaciones vulnerables para cumplir en tiempo con los requerimientos de Ley”, expresó la representante por acumulación.

“Hago un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y efectivas para solucionar el problema del que se quejan innumerables proveedores de servicios. Es imperativo que se realice una revisión exhaustiva del sistema y se implementen las mejoras necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Hasta ahora lo que me han informado las personas afectadas es que el portal digital de verificación de antecedentes no les está funcionando más allá de simplemente permitirles el pago de los $70 que se cargan por el servicio”, explicó Vargas Laureano.

Según se desprende del portal digital creado para solicitar la verificación de antecedentes, la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, establece el requisito de la certificación para la verificación de credenciales e historial delictivo a toda persona vinculada a la provisión de servicios a niños, personas de edad avanzada y personas con impedimentos. Además, toda persona vinculada a la provisión de servicios a estas poblaciones está sujeta a un cotejo de actualización de historial delictivo rutinario.

Según la representante, “recientemente el secretario del Departamento de Salud anunció muy entusiasmado que ahora sería posible que las personas a las que se les requiere presentar la certificación podrían gozar del beneficio de no tener que renovarla hasta llegado el término de tres años en lugar de tener que hacerlo anualmente. Sin embargo, apenas unos días después de ese anuncio, la orden del día son las quejas de los proveedores de servicios que al intentar completar el trámite en el portal de internet se encuentran con que no funciona. El pueblo ya está cargando con demasiadas complicaciones e ineficiencias del gobierno como para sumarle otra que, para colmo, a quienes más afecta es a nuestros niños, ancianos y personas con impedimentos.”