Sabado, 21 de septiembre de 2019 (CyberNews)- El Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia informaron el sábado sobre la radicación de cargos criminales contra el comandante Efraín Pérez Maldonado, adscrito al área policiaca de San Juan.
El caso fue llevado por el teniente Michael Mitchells Amaro, en unión a la fiscal Karla Pacheco, ante la Jueza Miriam López, quien encontró causa por violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y violación al artículo 252 del Código Penal, Aprovechamiento Ilícito de su cargo.
A Pérez Maldonado se fijó una fianza de cinco mil dólares, la cual cual prestó.
Según se desprende de la investigación, el funcionario utilizó la tarjeta de gasolina asignada para la flota de vehículos oficiales del Negociado, para llenar dos recipientes para almacenar gasolina. La compra, ocurrida el 25 de septiembre de 2017, fue utilizada para fines personales. Esta estuvo valorada en sesenta y ocho dólares.
"Como comisionado no permitiré actos ilegales que menoscaben las Leyes y el Reglamento de Personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico. El uso de tarjetas de la flota gubernamental es única y exclusivamente para sufragar el pago de gasolina de vehículos oficiales. Los fondos públicos deben ser utilizados con responsabilidad y prudencia, de acuerdo a los estándares establecidos y únicamente para asuntos oficiales que redunden en beneficio para la ciudadanía", enfatizó el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera.
El Cmisionado explicó que Pérez Maldonado trabaja en el Negociado hace 28 años y se encuentra fuera de la agencia en una licencia sin sueldo desde marzo 2019.
Por su parte, la fiscal Pacheco indicó que "el servicio público consiste en ser personas de principios bajo un compromiso personal con la honestidad, la franqueza y la justicia. Bajo ningún concepto toleraremos la falta de integridad y ética laboral de nuestros empleados públicos".
Una vez el proceso se dilucide en el Tribunal y haya una conclusión final y firme, se tomarán las medidas necesarias, según establecen los reglamentos de la Policía.
"Bajo ningún concepto toleramos la utilización de recursos públicos para el beneficio de cualquier persona, máxime cuando estos hechos ocurren en momentos en que la ciudadanía sufría tras el impacto del huracán María. Lamentamos profundamente esta situación que lacera la imagen del Negociado de la Policía y rechazamos cualquier conducta que empañe el buen nombre de los hombres y mujeres que diariamente arriesgan sus vidas para proteger al pueblo puertorriqueño", concluyó el Comisionado.
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