4/MAR/2014 Por El Nuevo Dia- Cargos criminales contra 10 personas fueron radicados hoy por su participación en esquemas de fraude relacionados con transacciones de vehículos en los Centros de Servicio al Conductor (Cesco), informaron los secretarios de Justicia, César Miranda, y de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres.
Los arrestos se llevaron a cabo en los municipios de Arecibo, Carolina y Ponce.
En total, los 10 arrestados enfrentan 26 cargos por soborno, violación a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular y violación a la Ley de Ética Gubernamental. Estos últimos cargos solo los enfrentan cinco de los 10 detenidos, quienes laboraban en los Cesco.
La fianza global impuesta fue de $615,000.
Según explicaron los secretarios, el esquema desarrollado por los acusados consistía en eliminar multas a tablillas de vehículos y de licencia de conducir a cambio de dinero. Miranda y Torres no pudieron precisar cuánto dinero dejó de entrar a las arcas públicas ni cuánto recibían los empleados a cambio de eliminar las multas.
"Nos decepciona saber que hay personas dentro del servicio público que traicionan la confianza que nuestro pueblo tiene depositada en ellos, simplemente por un afán desmedido de lucro, dijo Miranda en conferencia celebrada en la sede del Departamento de Justicia en Miramar.
Torres, por su parte, indicó que "no toleraré la corrupción, venga de donde venga".
Los cinco empleados del Cesco arrestados fueron identificados como Ángel Pedrogo, Irma Santos, Bethzaida Torres, Nicole Barreto y Evelyn Vázquez. A Pedrogo y Santos se les impusieron fianzas de $150,000 y $45,000 respectivamente; mientras que a las otras tres imputadas se les otorgaron fianzas de $75,000.
Los cinco ciudadanos detenidos que actuaron en común acuerdo con los funcionarios fueron identificados como Ramón Rosario, José Márquez, Raúl Ferrer, José Díaz y Nelson Lugardo. A cada uno se le impuso una fianza de $75,000.
Miranda explicó que los cargos de soborno tienen una pena fija de 8 años, mientras que la violación de la Ley 8 conlleva una pena fija de 4 años. Los cargos relacioonados con la Ley de Ética gubernamental tienen una pena fija de 8 años, una multa de $10,000 y no tienen derecho a sentencia suspendida.
"Hay otras investigaciones en curso", concluyó Miranda dejando abierta la posibilidad para nuevos arrestos en los Cesco.
La pesquisa de este caso fue conducida por la División de Crimen Organizado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia.
Este operativo ocurre a mes y medio de que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanara nueve Cesco en Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Caguas, Río Piedras, el Cesco Metropolitano, el de Manatí, Ponce y Fajardo. Este pesquisa estaba relacionada a unas supuestas irregularidades en el manejo de las multas de tránsito.
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