Lunes, 6 de abril de 2020 (CyberNews) – La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, informó el lunes a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que el proceso de compra de los “rapid test” de COVID-19 no cumplieron con los protocolos establecidos bajo la Ley PROMESA.
“La Junta estableció y mantiene una política de revisión de contratos de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de PROMESA que requiere, que la Junta apruebe previamente ciertos contratos para asegurar que “promueven la competencia en el mercado” y “no son inconsistentes con el plan fiscal aprobado.
Todos los contratos gubernamentales y sus modificaciones con un valor agregado de 10 millones de dólares o más están sujetos a la aprobación previa de la Junta de Supervisión de conformidad con la Política”, dijo Jaresko en una carta enviada a la gobernadora.
“A pesar de todo lo anterior, el Gobierno no presentó los acuerdos para comprar los kits de prueba rápida antes mencionados a la Junta”, añadió.
“El hecho de que la Junta permitió el uso del fondo de emergencia sin aprobación previa, no significa que las compras realizadas en respuesta a la emergencia con esos fondos se pueden hacer sin cumplir con el debido proceso correspondiente consistente con la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos. Estos elementos del proceso de adquisición son particularmente críticos durante un estado de emergencia para asegurar que los recursos críticos se utilicen de manera eficiente y efectiva. Este estado de emergencia no son motivos actuales para ignorar la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos. Más bien es especialmente durante los momentos en que el Gobierno debe continuar adhiriéndose a dichos principios para desarrollar y mantener la confianza de todos los interesados”, señaló Jaresko.
Sostuvo que “los acuerdos en cuestión parecen no cumplir con PROMESA y los procesos por los cuales fueron adquiridos no parecen consistentes con los controles internos, la eficiencia y la responsabilidad fiscal puntos de referencia que deben guiar la adquisición de productos y servicios por parte del gobierno durante el estado de emergencia. Celebrar estos acuerdos como se describió anteriormente, sin consideración de los procesos aplicables o las buenas prácticas de adquisición básica son inaceptables. Además, un análisis legal de los acuerdos en cuestión puede concluir que los mismos son nulos e inválidos. Como tal, estos acuerdos deberían cancelarse, siempre que no lo hayan cancelado ya, y debe solicitarse el reembolso inmediato de todos los fondos públicos desembolsados en relación con ellos”.
Jaresko concedió hasta antes del 8 de abril de 2020, para que el Gobierno confirme que ha cancelado estos acuerdos y que se han reembolsado los fondos públicos correspondientes al fondo de emergencia.
El Gobierno de Puerto Rico ha celebrado varios acuerdos para comprar productos médicos, incluidos kits de prueba rápida para COVID-19, por un precio aproximado de 40 millones de dólares con varias compañías, incluidas 313 LLC y Apex General Contratistas. La JCF entiende que el Gobierno acordó la compra de kits de pruebas rápidas de COVID-19 a Apex General Contractors por un monto de 38 millones de dólares. Basado en artículos de prensa, el acuerdo fue cancelado ya que el envío no llegó acordado en la fecha, pero no antes de que el Gobierno hiciera un pago anticipado de 19 millones de dólares.
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