Martes, 21 de abril de 2020 (CyberNews) – La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, licenciada Adriana Godreau, cursó el martes una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que solicita que a través de las ayudas bajo el programa federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, se le brinde ayuda a las familias que viven bajo cánones de arrendamiento.
“De cara a los planes que debe detallar el Gobierno de Puerto Rico para el uso de los fondos federales que se asignen para manejar este desastre, urge utilizar la asistencia disponible para garantizar los derechos a la vivienda de las poblaciones históricamente más vulnerables. Necesitamos asistencia para alquiler, para beneficio de poblaciones que ya alquilan y que no podrán pagar, así como de personas que están sin hogar”, señaló Godreau en la misiva.
“Puerto Rico se prepara para recibir asignaciones de fondos federales que suman miles de millones de dólares, por conducto de la ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act para manejar la pandemia por COVID-19.
Estas asignaciones incluyen fondos a través de enmiendas a la Ley del Seguro Social, asignaciones adicionales a los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG), a los autorizados bajo el Housing Act (e.g. Sección 8), y la Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA), entre otros. Esos fondos pueden ayudar a garantizar el derecho a la vivienda de gente del País”, añadió.
“Reclamamos, pues, que parte de este dinero vaya dirigido a un programa de asistencia para rentas, que impacte a las personas de ingresos bajos o moderados”, señaló.
Explicó que cerca de 1 de cada 3 viviendas en Puerto Rico es alquilada. La condición económica de estas familias es, en muchos casos, precaria. A estos efectos, según datos del Buró del Censo de los Estados Unidos, el ingreso por hogar del 58.75 por ciento de estas viviendas es de 14,999 dólares o menos. Mientras tanto, la mediana del canon de arrendamiento es de 474 dólares. Abundan los reportes de rentas mucho más altas que éstas, afectando aún más a poblaciones ya vulnerables como adultos mayores, madres solteras, inmigrantes y estudiantes.
Ante el COVID-19, las circunstancias de falta de recursos se agravaron para muchas personas. A esta fecha, sobre 173,000 personas han solicitado desempleo. Unas 71,000 familias han solicitado participar del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Esto es indicador de una mayor vulnerabilidad como consecuencia del virus y las medidas para atajar la pandemia.
“Medidas como las moratorias de hipoteca, reconocidas mediante legislación, reconocen la importancia de que el gobierno ayude a que las personas no pierdan su hogar como resultado de la pandemia. No obstante, estas medidas sólo mitigarán el impacto a las condiciones económicas adversas de las personas dueñas de hogar. Nada obliga, por ejemplo, a que una persona propietaria que recibió la moratoria le notifique a su arrendataria, para que pueda también beneficiarse de este respiro”, insistió.
“Un subsidio al alquiler garantiza el derecho a la vivienda de las personas que alquilan durante esta emergencia. En términos económicos, este tipo de medida protege el mercado de alquiler y a las personas dueñas que ponen su propiedad en ese mercado. Resaltamos que los fondos CDBG, por mandato del Congreso, pueden utilizarse para prevenir o responder a interrupciones económicas y del mercado inmobiliario”, dijo Godreau.
Por otro lado, mencionó que las personas sin hogar continúan con protecciones mínimas para protegerse del contagio o incluso aislarse para manejar síntomas leves de COVID-19. Los fondos que se recibirán pueden brindar mejores condiciones y evitar una crisis de salud pública mayor en esta población. Además de los fondos generales para atender la pandemia, como los de la enmienda a la Ley del Seguro Social, tanto los fondos CDBG y la asistencia pública autorizada por FEMA pueden utilizarse específicamente para brindar asistencia a través de refugios no congregados (non-congregate). La experiencia en otras jurisdicciones de Estados Unidos nos muestra que los refugios colectivos fomentan la transmisión de la enfermedad en esta población. Por ello, han recurrido a refugios individuales temporeros, como por ejemplo utilizando hoteles como refugio.
De tal modo, se podrían atender también poblaciones que aún aguardan por vivienda segura en medio de la pandemia, como las más de 200 personas que continúan sin vivienda tras los terremotos del sur. Establecer este sistema de refugios colectivos seguros ante el COVID-19 sería además una medida de preparación de cara a una temporada de huracanes que nos tomará en plena crisis de salud, sin refugios colectivos seguros y con una alta necesidad de vivienda resiliente.
Señaló que los subsidios de alquiler deben operar de forma retroactiva, desde el 1 de abril, cónsono con asistencias de desempleo y licencias especiales que ha ofrecido el gobierno. Deben tener una extensión mínima de 90 días.
“De igual forma, debe establecerse una política pública amplia que impida desahucios o lanzamientos al menos 60 días tras el fin de la pandemia. Esto dará espacio a que las familias puedan restablecerse económicamente”, concluyó.
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