Profesionales de derecho compartieron hoy sus recomendaciones para perfeccionar dos medidas que buscan atender el problema de la corrupción en Puerto Rico durante una vista pública de la Cámara de Representantes celebrada en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en Ponce de Puerto Rico (PUCPR).
La Comisión de Anticorrupción, presidida por Héctor Ferrer Santiago, continuó la discusión del Proyecto de la Cámara 1701 (P.C. 1701), que persigue crear la Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP) con el fin de consolidar en una sola estructura la investigación y procesamiento de delitos de alto perfil consumados por funcionarios.
En segundo lugar, el Proyecto de la Cámara 1702 (P.C. 1702), que pretende crear el Código Anticorrupción y Ética de Puerto Rico de 2023 para establecer normas éticas para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos económicos del Gobierno.
“Tras examinar el enfoque de investigación y enjuiciamiento de delitos de corrupción, es prioridad atender este asunto de corrupción actual que existe en Puerto Rico. Es importante transformar el modelo de procesamiento de delitos cometidos por los funcionarios públicos, reconstruir un sistema anacrónico e ineficaz, plagado de capas de burocracia que no ha logrado los objetivos esperados”, abundó el legislador Ferrer Santiago.
La directora del Departamento de Criminología, Administración Pública y Consejería Rehabilitación Clínica de la PUCPR, Elsie Ruiz Santana respaldó el P.C. 1701 y expresó que la estructura establecida en la medida agilizará los procesos, se evitará la duplicidad de funciones y se garantizará que los actos de corrupción no queden impunes.
“La duplicidad de funciones que realizan la Oficina Especial para el Fiscal Especial Independientes (FEI), la Oficina del Inspector General y la OAIP del Departamento de Justicia (DJ), en la mayoría de las ocasiones lo que hace es dilatar los procesos, lo que provoca que muchos actos de corrupción queden impunes”, dijo Ruiz Santana, quien agregó que con el P.C. 1701 habrá un avance.
La también doctora apuntó que el salario establecido para los empleados de la FEI debe atemperarse. “Si se compara con el salario que reciben los secretarios de gabinete y del propio gobernador, es un poco elevado”.
Ruiz Santana propuso a la Comisión cameral que se debe de establecer la educación continua en materia de ética y corrupción, lo cual debe de aumentar de 20 a 30 horas cada dos años. “El tema de educación continua debe aplicarse también a los contratistas independientes de cualquier rama de gobierno”.
Ante esto, el representante por el Distrito 24, Ángel Fourqet Cordero, afirmó que la educación es de suma importancia. "Este tema de la corrupción es una prioridad que debemos atender y aprender al respecto".
En cuanto al P.C. 1702, Ruiz Santana destacó que se de enmendar el lenguaje para que quede claro la otorgación de dispensas. “Hasta el momento, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) es la encargada de otorgar dispensa a aquellos servidores públicos que la solicitan”.
De manera similar, el director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticos Públicos de la PUCPR, Hernán Vera Rodríguez, recomendó que se aclare la educación y la experiencia que se requerirían de la persona a ocupar un cargo si se creara la OAIP.
“Se debe examinar, con detenimiento, la figura de los métodos alternos para obtener los créditos de educación continua en materia de anticorrupción”, agregó el doctor.
En su turno, el legislador, Ferrer Santiago preguntó al deponente si debería retomar la preparación de un currículum de educación para los funcionarios públicos y electos sobre el tema de la corrupción.
“Esos cursos existían a través de las facultades de derecho. Veo con muy buenos ojos el volver a retomar esas prácticas, utilizando el conocimiento que tienen los funcionarios. Además, sería bueno que el Departamento de Educación tenga un currículum sobre este tema”, sostuvo Vera Rodríguez.
El doctor Vera Rodríguez destacó un estudio realizado en Puerto Rico para investigar los costos de la corrupción en la isla. Según este estudio, entre los años 2000 y 2017 se estimó un total de $527 millones de dólares anuales.
Mientras tanto, el profesor de la Escuela de Derecho de la PUCPR. Ernesto Hernández Milán destacó que por años el FEI no cumple con su propósito. “Recientemente, escuché decir que el FEI tiene un 92% de convicciones, la realidad es que han fracasado un sinnúmero de casos de alto perfil, y esto hace que la ciudadanía no crea en dicha oficina”.
De esta manera, Hernández Milán expuso que “la mayoría de los casos que ‘ganan’ son negociados y como son negociados siempre incluirá el recuperar los costos del FEI por procesar el caso”.
Para finalizar, el Presidente de la Comisión se expresó e indicó que se siente satisfecho de traer a las facultades de derecho y escuelas de administración pública a la discusión de estos proyectos. “No tengo la menor duda que enriquecen el proceso legislativo. Aunque ha llegado a nuestra atención interesantes observaciones, hay una opinión general de que el sistema actual no funciona y que es momento de hacer una re ingeniería de las agencias encargadas de velar por el buen uso de los recursos y fondos públicos, para que quien le falle al País pague por ello”.
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